| La Fiscalía
ha abierto una investigación porque algunos edificios derrumbados
supuestamente acababan de ser reestructurados con fondos públicos.
Se quiere esclarecer si se hizo realmente y por qué no se acometieron
reformas en otros para los que Protección Civil había destinado
partidas. Las sospechas de posible corrupción suman más dolor
tras una tragedia que deja al descubierto un gran agujero en Italia.
EL EJEMPLO
DE ANDALUCÍA
Todos los municipios
con riesgo de seísmo deberían tener elaborado e incluido
en su propio plan municipal de emergencias un anexo específico que
establezca el dispositivo de actuación inmediata en el caso de que
se produzca un terremoto de efectos destructores. Es la obligación
que la Junta impuso a los ayuntamientos con la entrada en vigor en enero
de 2009 del plan de emergencias ante el riesgo sísmico. Pero la
realidad es que hasta la fecha prácticamente ningún municipio
lo tiene desarrollado.
Los ayuntamientos
deben preaparar un plan para saber cómo actuar ante este tipo de
fenómenos y qué peligro de derrumbe tienen las infraestructuras
y edificios claves en estos caso, como puentes, túneles, carreteras,
estaciones eléctricas, redes de abastecimiento de agua y telefonía,
hospitales, comisarías y parques de bomberos.
Se trata de
inspeccionar cada uno de los edificios y, en el caso de que se detecte
su vulnerabilidad para resistir una fuerte sacudida, el Ayuntamiento tiene
intención de tratar de corregir las deficiencias hasta donde sea
posible dada la antigüedad de algunos, que fueron construidas antes
de que entrara en vigor la norma sismorresistente.
EL EJEMPLO
DE MURCIA
El colapso
de edificios en Lorca puso en evidencia que el mapa de peligrosidad sísmica
existente en España subestimaba los riesgos de un terremoto que
resultó devastador en esta zona. Mientras los expertos apuntan que
este mapa deberá rehacerse, el Gobierno anunció que las normas
de construcción también seríann revisadas.
La necesidad
de rehacer las normas antisísmicas se produce porque un terremoto
de magnitud no muy fuerte (5,2 grados) ha tenido unos efectos letales,
superiores a lo que cabría esperar. El peligro estaba infravalorado.
Los cálculos
constructivos antisísmicos en el municipio de Lorca han quedado
superados. La norma sismorresistente (del 2002), que se basa en el mapa
de peligrosidad, señala que los edificios de esta localidad deben
aguantar una aceleración o movimiento del terreno de 0,12 g (cada
unidad g es la aceleración de la gravedad: 9,8 m/s2). Sin embargo,
el Instituto Geográfico registró una aceleración pico
de 0,367 g; o sea, tres veces esa cantidad. Esa aceleración es la
mayor registrada desde que el IGN instaló sus primeros equipos en
1984. Fueron daños muy localizados en zonas concretas, mientras
que otras áreas relativamente próximas se libraron de las
sacudidas.
LA COMUNIDAD
VALENCIANA
La construcción
en España se basa en los mapas de riesgo sísmico para aplicar
la normativa sismorresistente de construcción, de ámbito
estatal, que se aplica a rajatabla y cuyo cumplimiento es total, según
el Colegio de Arquitectos de Valencia. De hecho, las directrices para la
construcción en la Comunitat Valenciana son mucho más estrictas
que en otras provincias con un menor riesgo de sufrir un terremoto. Es
más, los arquitectos son los responsables de calcular la resistencia
de las estructuras que construyen.
Los grados
de intensidad sísmica que afectarían principalmente a las
provincias de Valencia y Alicante, en caso de producirse los terremotos
más graves esperados (para un periodo de retorno de 500 años),
serían desde VI hasta X. De hecho, de los 542 municipios de la Comunitat
Valenciana, 327 „136 de Alicante y 191 de Valencia„ se encuentran en un
nivel de intensidad menor o igual a VII; 76 localidades (5 de Alicante,
4 de Castelló y 67 de Valencia) en un grado menor o igual a VI y
VII; por último, 139 pueblos con una intensidad menor a VI y se
concentran en Castelló (135 localidades) y Valencia (266).
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