Al mismo tiempo,
a esta apuesta instrumental de las empresas promotoras y constructoras
tradicionales, debe añadirse la existencia desde años previos
a la crisis, de un número más reducido de empresas promotoras
que venían ya trabajando con el formato de cooperativa de vivienda,
como seña de identidad de su labor promotora.
Estas empresas
han continuado llevando adelante promociones de vivienda libre y protegida
durante este período de crisis inmobiliaria, a través de
un modelo efectivamente cooperativista, respondiendo a los objetivos y
criterios cooperativistas, cooperativas gestionadas a través de
consultoras y empresas especializadas en este tipo de actividad.
El creciente
número de consultas y situaciones que requieren el arbitraje.
DATOS
Si en 2008
sólo una de cada veinte viviendas protegidas se edificaban en Euskadi
con esa fórmula, en 2014 fueron una cada tres (500 sobre un total
de 1.400 en números absolutos, según el Observatorio Vasco
de Vivienda). En realidad, tal ascenso debe matizarse, puesto que actualmente
se ponen en marcha menos promociones de calificación pública
que antes. Pero hay que preguntarse si el volumen de edificación
de la 'burbuja' no es una referencia un tanto absurda; además, la
cooperativa -que gusta a los bancos porque transfiere el riesgo a los socios-
también se está aplicando ahora en el mercado libre.
No existen
datos oficiales sobre el número de pisos libres puestos en marcha
en cooperativa, pero existe otro indicador: en 2014 se crearon 350 sociedades
de ese tipo para construir vivienda en Euskadi, casi el doble que en 2004.
La tendencia
creciente es palpable en el territorio de Bizkaia, donde el año
pasado casi una de cada cuatro cooperativas era de pisos. Así se
explica que el sector inmobiliario esté detrás de casi la
mitad de las consultas que llegaron en 2014 al Consejo Superior de Cooperativas
de Euskadi para prevenir conflictos.
Ello ha hecho
saltar algunas alarmas en el Gobierno Vasco, donde se trabaja en una ley
de cooperativas y donde llegan voces de que es conveniente intensificar
el control. Un estudio del Observatorio de Vivienda, organismo dependiente
del Ejecutivo autónomo, informa de que algunas promotoras convencionales
se están dedicando a captar cooperativistas para obtener financiación
bancaria y porque las administraciones públicas lo exigen al licitar
promociones protegidas. Esas empresas, alerta el Observatorio, no funcionan
necesariamente como las gestoras de cooperativas que han existido siempre
-impregnadas de una filosofía muy definida-, sino que habrían
entrado en el sector a título meramente instrumental, para movilizar
suelos y vender pisos, y «sin responder en todos los casos a los
principios cooperativos de participación e implicación de
los socios».
El hecho de
que estén surgiendo más cooperativas en el País Vasco
en el sector inmobiliario no ha causado hasta ahora escándalos de
«gran impacto económico o social». Pero los expertos
a los que ha consultado el Observatorio no las tienen todas consigo. Y
no descartan -«no resulta improbable», dicen exactamente- que
en el futuro puedan producirse «situaciones no deseables, asociadas
a promociones que no hayan respondido a las expectativas y a los principios
que deberían haber regido las cooperativas y que terminen en los
tribunales».
|