Como primer
paso, el Ayuntamiento de Teruel mantiene suspendido desde el pasado 29
de julio de 2016 el otorgamiento de licencias de parcelación, edificación
y demolición con el fin de estudiar la modificación del PERI.
La medida,
aprobada por unanimidad en el pleno municipal del pasado 4 de julio de
2016, tendrá una duración de un año. El objetivo es
evitar que durante la tramitación del nuevo planeamiento se ejecuten
obras que vayan en contra de sus determinaciones e impidan su aplicación
una vez que entre en vigor.
El ayuntamiento
espera que este plazo sea suficiente para culminar la modificación
del PERI, aunque la tramitación prevista en el Texto Refundido de
la Ley de Urbanismo de Aragón es considerablemente larga ya que
la aprobación inicial se realiza por decreto de Alcaldía,
dando cuenta de él al pleno. Después debe someterse a información
pública durante un mes y recabar los informes sectoriales oportunos.
El trámite
prosigue con el sometimiento a informe preceptivo del Consejo Provincial
de Urbanismo y concluye con la aprobación definitiva en el pleno
municipal.
La alcaldesa
de Teruel, Emma Buj, ha vinculado la modificación del Plan Especial
de Reforma Interior (PERI) de Las Viñas que tramita el Ayuntamiento
con la voluntad municipal de avanzar en la reordenación urbanística
de las zonas de edificación irregular que durante décadas
han proliferado en la ciudad. "Hay que arrancar por algún sitio
y la intención del ayuntamiento es intervenir en el área
de Las Viñas. Es un problema en el que no se ha actuado durante
años, existe una colmatación de viviendas y no se dispone
de servicios adecuados", dijo.
Buj señaló
que para favorecer este objetivo se ha elegido el de cooperación
como sistema de gestión urbanística. "El Ayuntamiento ejecutará
las obras y pasará las cuotas a los particulares", explicó.
La actuación
se iniciará en una unidad de ejecución que abarca pocas parcelas
y propietarios y por ello "es más fácil de gestionar". Después,
se continuará con el resto del ámbito en función de
las posibilidades de gestión y sin establecer un plazo concreto
para finalizar la ordenación. Esto permitirá a los propietarios
de viviendas irregulares legalizar sus casas y disponer de servicios, pero
pagando lo que corresponde por ellos", apuntó Buj, quien apuntó
que la ciudad conseguirá mejorar "una zona que cada día es
más urbana, pero que no tiene adecuados accesos o servicios de alumbrado
o alcantarillado". |