El encargo del alto tribunal de la comunidad autónoma es responder a cinco cuestiones. La primera: ¿Lo que había antes del complejo era una península o tres islas? En segundo lugar: qué características medioambientales (fauna, vegetación y paisaje) presentaba el lugar antes de que se levantara el complejo, y si estas particularidades justificaban que fuera declarado Zona de Especial Protección para las Aves (Zepa). Además, la Estación deberá aclarar cómo han evolucionado esos patrones de vida natural en el periodo comprendido entre la construcción del complejo y la actualidad.

La tercera cuestión a aclarar es si los estudios que se hicieron para la Declaración de Impacto Ambiental y para el Plan de Vigilancia vigente durante la construcción y puesta en servicio del resort fueron adecuados. La cuarta plantea si el impacto de Marina Isla Valdecañas sobre el medioambiente del lugar ha sido positivo o negativo. Y la quinta va al grano: efectos de una hipotética demolición y respuesta a la pregunta de qué sería mejor desde la óptica medioambiental, si dejar el lugar tal como está o echar abajo todo lo construido.

A partir de toda esta información, el TSJEx decidirá si la sentencia se ejecuta o si se atiende la petición de la Junta de Extremadura, que defiende la inejecución, entre otros motivos porque costaría 34 millones de euros sumando los gastos directos y el impacto sobre el empleo. En este punto, no hay discusión posible, pues los magistrados ya dejaron claro que decidirán sin tener en cuenta factores económicos. En ese auto del 19 de marzo del año pasado, el tribunal ya expresa con claridad que solo atenderá a criterios medioambientales.

El propio hecho de elegir a la Estación Biológica de Doñana y no las otras opciones que planteaban las partes (la UEx o empresas privadas) da una pista sobre la postura del tribunal, a quien este organismo del CSIC le merece «total seguridad de imparcialidad y asegura un resultado científico contrastado».

En el auto de hace un año, el TSJEx solicita que el estudio incluya «un seguimiento completo, durante el tiempo que fuera necesario, de las poblaciones de aves de la Zepa». Y en especial, de dos especies: el milano negro y el milano real. Aunque Xavier Querol prefiere no precisar los plazos que se manejan para la realización del informe, difícilmente transcurrirá menos de un año. O sea, otro más para un proceso judicial que en 2017 cumplirá una década.
 
«Exclusivos apartamentos de uno a tres dormitorios en la mejor ubicación de la isla, con terrazas de 40 metros cuadrados orientadas al sur y magníficas vistas sobre el embalse de Valdecañas». Así se sigue anunciando en internet el macrocomplejo turístico construido en una isla del pantano de Valdecañas, como lo hacía antes del fallo judicial.

Pero sobre esta construcción pesan dos sentencias: una del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) de marzo de 2011 y otra del Tribunal Supremo de febrero de 2014 que declaran la nulidad del Proyecto de Interés Regional (PIR) aprobado por la Junta de Extremadura en el 2007 y que permitió la recalificación de los terrenos para la construcción. Ambas sentencias obligan al Ejecutivo extremeño a demoler lo construido y a restituir los terrenos a su estado original.

Ante esta situación, la Junta presentó ante el TSJEx un escrito en el que exponía la «inejecución de la sentencia» y entre los motivos que alegaba estaba el alto coste, unos 34 millones de euros sumando los gastos directos y el impacto sobre el empleo. También lo justificó en que la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) sobre la que se construyó «tiene más vida y viven más aves ahora en ella que antes». Algo que niegan las dos organizaciones ecologistas, Adenex y Ecologistas en Acción, que fueron quienes denunciaron el caso hace ya casi una década, ya que aseguran que se ha avasallado un espacio que estaba «virgen y protegido».