En septiembre,
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
anunciaba que "invertirá 4,7 millones de euros en las obras de la
depuración de aguas residuales y los colectores de Albuñol,
en la provincia de Granada. Según explicó el consejero, José
Fiscal, "la principal vía de financiación para llevar a cabo
estas actuaciones procederá del Canon de Mejora de las Infraestructuras
establecido por la Ley de Aguas, de acuerdo con el principio de recuperación
de costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes
medioambientales y los relativos a los recursos". Fiscal subrayó
entonces que "esta es la primera vez que se habla del canon en esta legislatura",
y recordó que "no tiene finalidad local y que se distribuye con
criterios de solidaridad en todo el territorio andaluz, dedicándose
íntegramente a financiar la realización de obras de saneamiento
y depuración de aguas residuales".
El presidente
del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría
y Obra Pública (Ceacop), Francisco Fernández Olmo, ha señalado
que el canon del agua ha recaudado en Andalucía 345 millones desde
2011, supuestamente para depuración, y sólo ha empleado 27
millones. "Un canon que desde 2011 pagamos todos los andaluces en el recibo
del agua para financiar saneamientos que no se han hecho y que la Unión
Europea puede empezar a sancionar".
El Govern balear
recauda por el canon de saneamiento, con el compromiso de invertir en infraestructuras
de saneamiento, unos 10 millones al año. Entre 2001 y 2015 se produjo
un déficit de 120 millones. Y acaba de presentar un plan para la
adaptación a la normativa estatal y de la UE, que incluye la ejecución
de distintos proyectos en los próximos años valorados por
los técnicos de la Empresa Municipal dAigües i Clavegueram
(Emaya) en 222 millones, cuando se prevé una inversión de
104,5 millones con cargo al canon de saneamiento, 13 de ellos en el actual
mandato. ´
SANCIONES
La Junta de
Andalucía ha impuesto sanciones que pueden ir desde los 6.000 a
los 300.000 euros a pueblos del Levante almeriense por verter aguas fecales
al río Antas por no contar con una depuradora que ella misma debe
construir.
El problema
es que estos pueblos carecen de depuradora después de que las riadas
de 2012 destrozaran la existente en Antas, que fue construida por la propia
Junta en pleno cauce del río, y por tanto en zona inundable. Un
año después de las riadas, la Junta se comprometió
a construir una nueva depuradora, aunque esta vez en zona no inundable,
por lo que alcanzó un acuerdo con el Ayuntamiento de Antas para
que éste consiguiese los terrenos necesarios y, en tanto en cuanto
se construyese la nueva instalación, realizase unas obras provisionales
para mitigar los vertidos de aguas residuales. "Nos gastamos 170.000 euros
en la adquisición e instalación de unos decantadores digestores
que la Junta nos reclamó, por escrito, y ahora nos multan.
El Ayuntamiento
ya ha cumplido con todos los compromisos alcanzados con la Junta para construir
la nueva planta, de forma que desde hace dos meses ya tiene disponibles
los terrenos necesarios.
XIV ESTUDIO
NACIONAL DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ESPAÑA
El XIV Estudio
Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España,
elaborado cada dos años por la Asociación Española
de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (Aeas) y la Asociación
Española de Empresas Gestoras de Servicios de Agua (AGA) revela
por primera vez el volumen de inversión en los servicios de agua
en el país. Según sus datos, ascendió a 2.786 millones
de euros durante 2014, año en el que se centra dicho Estudio. De
esa cantidad, 1.410 millones tuvieron su origen en los impuestos y las
subvenciones -europeas o de otro tipo- y las ejecutó la Administración,
ya fuera el Ministerio de Agricultura, las comunidades autónomas
o las sociedades estatales del agua, como Acuaes. El resto, 1.376 millones,
tuvo su origen en las tarifas y las ejecutaron los operadores de los servicios,
fueran públicos o privados.
La construcción
de nuevas infraestructuras recibió 791 millones, mientras que a
la renovación de las existentes recalaron 585 millones. El 59 por
ciento del total se destinó al abastecimiento de agua potable a
poblaciones, el 23 por ciento a la depuración de las aguas residuales
y el 18 por ciento al alcantarillado.
En el anterior
Estudio se había detectado un empeoramiento del funcionamiento de
dichas infraestructuras porque el volumen de las pérdidas de las
redes, indicador conocido como Agua no Registrada, había subido
desde el 23,3 por ciento hasta el 24,6 por ciento. Sin embargo, en este
Estudio, dicho indicador registra una mejoría, puesto que regresa
al 23 por ciento, un dato razonablemente bueno.
Las asociaciones
achacan esta recuperación, inesperada, al incremento de la tecnificación
del sector, que cada vez emplea mejores técnicas y mejor tecnología
para detectar las fugas o los puntos en que se pueden producir éstas
en un futuro próximo, remediándolas o previniéndolas
rápidamente.
Para anclar
sus valoraciones, las asociaciones recuerdan que un 40 por ciento de las
redes de abastecimiento y alcantarillado tiene más de 30 años
y que su ritmo de renovación es del 0,9 por ciento en el primer
caso y del 0,6 por ciento en el segundo.
La facturación
del sector, formado por más de 2.800 empresas, ascendió a
6.479 millones, el 0,62 por ciento del PIB; a título comparativo,
las telecomunicaciones representaron el 2,62 por ciento. Un total de 3.854
millones desembarcaron en el abastecimiento de agua potable a poblaciones,
1.493 millones lo hicieron en la depuración de aguas residuales,
831 millones en el alcantarillado y 301 millones en otros conceptos.
Este último
estudio, que ha aumentado su representatividad -sobre todo en los municipios
menores de 20.000 habitantes-, hasta abarcar 2.041 poblaciones en los que
habita el 75 por ciento de la población española, incluye
otras novedades respecto a ediciones anteriores. Por primera vez se incluyen
datos sobre contadores, reutilización de aguas residuales y mecanismos
de acción social en apoyo de los más pobres.
La tecnificación,
por ejemplo, se nota en relación a los contadores -el 75 por ciento
tiene menos de 10 años- y la automatización de las redes:
el 81 por ciento del abastecimiento y el 76 por ciento del alcantarillado
dispone de telemando; el 73 por ciento del abastecimiento y el 67 por ciento
del alcantarillado tiene un modelo matemático de la red y más
del 95 por ciento del abastecimiento y el alcantarillado tiene cartografiadas
las infraestructuras, que miden 224.000 kilómetros en el primer
caso -cinco vueltas y media al planeta Tierra- y 165.000 kilómetros
en el segundo; estas últimas redes, además, están
duplicadas en un 24 por ciento de las ocasiones para separar las aguas
puramente residuales de las pluviales y las provenientes de la limpieza,
el riego de jardines y el baldeo de las calles.
En cuanto a
la reutilización del agua residual, una vez regenerada, alrededor
del 9 por ciento vuelve a utilizarse -unos 400 hectómetros cúbicos-,
ya sea en la agricultura (41 por ciento), en jardines y actividades de
ocio, como el golf (31 por ciento), la industria (12 por ciento) u otros
(19 por ciento).
Y en relación
a los mecanismos de acción social, una preocupación que ha
crecido en los últimos años como resultado de la crisis económica,
Aeas y AGA indican que un 88 por ciento de la población tiene a
su alcance fórmulas para reducir el coste de su consumo de agua.
Cortes para
el 1,82 por ciento, pero la mayoría se reconecta
En todo el
país hay alrededor de 21 millones de contratos de suministro de
agua, incluyendo tanto los domésticos, como los industriales y los
comerciales. Según los datos del Estudio, tras las notificaciones
de corte por impago, habitualmente dos, únicamente el 7 por ciento
de los primeros avisos se traduce en un corte, y habitualmente en relación
a viviendas alquiladas que se han quedado vacías, segundas residencias
y negocios abandonados. En porcentaje sobre el total, representan el 1,82
por ciento.
De ese 1,82
por ciento de cortes, la gran mayoría, el 1,32 por ciento, vuelve
a conectarse tras haber abonado las cantidades adeudadas y únicamente
el 0,02 por ciento se reconecta después de que los servicios sociales
de los ayuntamientos corran con los gastos por la insolvencia de los consumidores.
Y sobre los
mecanismos de acción social, en los últimos tiempos están
proliferando los fondos de solidaridad, frente a la opción tradicional
de bonificar la tarifa. Los primeros ya benefician al 1,15 por ciento de
los clientes totales, frente al 1,81 por ciento del segundo; un 1,5 por
ciento cuenta con los dos tipos de ayuda.
La tarifa media
doméstica, en 1,77 euros por metro cúbico
El precio medio
de la tarifa del agua en España es de 1,77 euros por metro cúbico,
prácticamente lo mismo que dos años antes, puesto que se
ha incrementado un 0,45 por ciento. De esa cantidad, el 58 por ciento lo
recibe el abastecimiento y el 42 por ciento el saneamiento. Traducido a
gastos comunes, los servicios de agua exigen el 0,9 por ciento del presupuesto
familiar -la energía, el 3,6 por ciento-; con un céntimo
de euro se sufraga el acceder y el depurar 5,6 litros, una ducha cuesta
alrededor de 15 céntimos, un baño alrededor de 44 céntimos,
etcétera. Comparando estos números con el resto de la UE,
estamos en una posición media-baja, muy lejos de Suiza, Alemania
o Dinamarca, que los duplican con creces.
Sobre la evolución
del consumo, la dotación por habitante y día sigue con tendencia
decreciente y ya se sitúa en 248 litros; o sea, 90 metros cúbicos
por habitante al año. En las urbes, el consumo doméstico
es mayoritario, con el 73 por ciento; la industria necesita el 11 por ciento
y el restante 16 por ciento corresponde a otros usos.
Y en cuanto
al origen del agua, el 67 por ciento es superficial, el 30 por ciento es
subterráneo y el 3 por ciento es desalinizada. Destaca que la calidad
del agua en origen ha empeorado en relación a ediciones anteriores
del Estudio. La razón quizá resida en que al aumentarse el
alcance del mismo a municipios pequeños, estos tengan un agua de
peor calidad.
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