Los parlamentarios andaluces también dieron su visto bueno a la modificación de la Disposición Transitoria Única de la LOUA que, en su actual redacción, deja fuera a los propietarios de viviendas donde ya había recaído una resolución administrativa desfavorable. El nuevo texto abre una puerta a una revisión, revocación o anulación de la referida resolución administrativa.

Se podrán emitir licencias provisionales con el objetivo de que las casas tengan agua o saneamientos sin necesidad de que todo esté concluido pero con una condicionalidad concreta. La ley establecerá que esos permisos no pueden ser indefinidos y que los municipios que los expidan tienen que garantizar que, junto al agua, va la legalización completa de las inversiones. 

Se van a establecer estándares de legalización más asequibles sin que sea necesario que una parcelación disponga de los mismos elementos constructivos (aceras, tuberías, carriles bici, etcétera) que un barrio normal. 

La nueva norma modifica también todo el proceso ambiental para modificar los planes generales de ordenación urbana, en un proceso iniciado por el Gobierno andaluz por simplificar los trámites que se exigen.

En la práctica se trata de dar entrada a más Asimilados Fuera de Ordenación (AFO) y dar solución a los planes parciales paralizados en la Gerencia de Urbanismo, por las condiciones  en la LOUA.

En la práctica se van a legalizar suelos no urbanizables y urbanizables. En los suelos urbanizables donde hay plan parcial y proyectos de urbanización se puede llegar a un 40% de agilizar toda la tramitación.

Solamente en Córdoba hay un total de 87 ámbitos que ocupan unas 1.700 hectáreas, en las que se contabilizan unas 4.610 edificaciones.