Otra de las
novedades es que el texto ofrece al consumidor el derecho de cambiar la
divisa de referencia de su préstamo, se regulan las funciones de
asesoramiento y se "prohíben" las ventas vinculadas, aunque eso
no impedirá que puedan seguir existiendo como fórmula de
abaratar la financiación, siempre que se ofrezcan los préstamos
por separado en condiciones de mercado o haya una autorización expresa
del Banco de España.
Además,
con la idea de evitar los errores del pasado, la nueva regulación
establecerá límites a la política retributiva de los
empleados de entidades de crédito o cualquier otra empresa prestataria,
lo que se traduce en que no podrá haber incentivos por el número
de hipotecas comercializadas.
Se pretende
mejorar los requisitos de experiencia y conocimiento que deben tener los
prestamistas o intermediarios de entidades, e incluso establece la obligatoriedad
de contar con una formación específica, que la directiva
exige a partir de 2019.
Todos ellos
estarán supervisados o por las propias comunidades autónomas,
o en el caso de que su ámbito de actuación vaya más
allá de una región o se trate de una entidad de crédito,
directamente por el Banco de España.
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