La Agrupación de fabricantes de cemento de España, Oficemen, ha alertado de la alarmante pérdida de capital en infraestructuras que vive nuestro país desde hace tres años y que alcanza ya los 10.000 millones de euros. La paralización en la obra pública ha provocado que nuestro país esté reduciendo por primera vez su stock de capital público, un indicador económico que había progresado desde 1960 en línea ascendente y de manera ininterrumpida.

El stock de capital público se calcula a partir de la acumulación de inversiones pasadas, descontando la pérdida de eficiencia debida a su depreciación. En anteriores periodos de crisis, como los vividos a finales de los setenta y principios de los noventa, se ralentizó el crecimiento del capital público, pero nunca habíamos presenciado una reducción del capital como la actual, provocada por la ausencia de mantenimiento de la tasa de reposición de infraestructuras. Según el Departamento de Estudios de Oficemen, se está invirtiendo en nuestro país la mitad de lo necesario para mantener el capital público.

En palabras del presidente de Oficemen, Jaime Ruiz de Haro, “esta situación puede acarrear graves consecuencias para el conjunto de nuestra sociedad, ya que pone claramente en peligro la productividad, el crecimiento y, en definitiva, el futuro de España. Sin duda alguna, si no cambia esta tendencia, vamos a dejar en herencia a las próximas generaciones un país más empobrecido y con menos activos”.

Oficemen ha hecho públicos también los datos del consumo de cemento durante el primer semestre del año, que acumulan una pérdida del 2,3%, situándose en 5.525.720 toneladas, 132.834 menos que en el mismo período de 2015. La evolución del mes de junio ha registrado una caída del 0,9%, situándose en 1.048.116 toneladas.

“La práctica paralización de la obra pública ha supuesto un descalabro en nuestras previsiones para el cierre del año”, explica Jaime Ruiz de Haro, que añade que “al cierre de 2015 preveíamos un escenario con leves crecimientos de la edificación y crecimiento cero en la obra pública, que nos hacían esperar un crecimiento anual del consumo de cemento en torno a un 7%. Desgraciadamente, son elevadísimos los proyectos licitados y presupuestados que no se están ejecutando. A fecha de hoy, creemos que el año se cerrará de nuevo con una caída cercana al 3%”. No obstante, el presidente de Oficemen matiza que “la caída no será más abrupta gracias a la evolución positiva del consumo de cemento para vivienda”.

EL PUNTO DE VISTA DE OTROS ACTORES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

En el encuentro informativo celebrado hoy en la sede de Oficemen estuvieron presentes también representantes de otras seis asociaciones directamente relacionadas con la cadena de valor del sector constructor que hicieron balance de la situación que atraviesan sus respectivos sectores. 

Así, el presidente de la Asociación de Fabricantes de Áridos de Madrid, AFA, Manuel Casado, hizo hincapié en la caída de un 80% sufrida por su sector en España desde 2006, que ha situado a nuestro país en el último lugar de Europa en consumo de áridos por habitante, “un ratio más propio de un país subdesarrollado”. En este sentido defendió la imagen del sector, “una industria formada por una inmensa mayoría de pymes que generan empleo estable y de calidad, así como riqueza para todos los ciudadanos” y abogó por una obra pública que abandone “los proyectos faraónicos y se oriente hacia infraestructuras socialmente más necesarias”.

Por su parte, desde la Asociación Nacional de Prefabricados y Derivados del Cemento, ANDECE, su directora general, Sonia Fernández, defendió que “el sector público debe velar por el cumplimiento de la legislación vigente, evitando que la falta de recursos económicos provoque incumplimientos en el reglamento, y se pueda caer en el uso de productos que no cumplan con los estándares de calidad marcados por ley, sobre todo en obras realizadas con dinero público”.

En esta misma línea se expresó el presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Hormigón Preparado, ANEFHOP, Carlos Sánchez, que indicó que “nuestros asociados están haciendo un gran esfuerzo para elevar los estándares de sostenibilidad, calidad y seguridad de sus plantas por encima de lo que marca la ley, algo que, desgraciadamente, no está siendo reconocido por las administraciones públicas. De hecho, cerca del 90% de nuestras centrales activas cuentan ya con el distintivo de calidad Hormigón Expert Anefhop, un sello de excelencia que obliga al cumplimiento de 142 requisitos centrados en esos ámbitos. No obstante, esperamos que el futuro Código Estructural Español y el Real Decreto sobre Control de Producción de Plantas de Hormigón, dadas las modificaciones anunciadas, redunden en beneficio del sector”.

Francesc Busquets, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Aditivos para Hormigón, ANFAH, explicó que desde su asociación ven la situación actual “con cierta preocupación, pero también como una oportunidad para desarrollar asignaturas pendientes, principalmente en la edificación, donde la gran demanda anterior a la crisis de 2007 supuso una priorización de la velocidad de construcción frente a la calidad de la misma. Los compradores son conscientes de que pueden exigir mucho más que hace 10 años, y los aislamientos, la insonorización, la inercia térmica, los acabados, la climatización, etc., son puntos a tener muy en cuenta en las nuevas promociones”.

También en el ámbito de la edificación, el director general de la Confederación de Empresarios de Productos de Construcción, CEPCO, Luis Rodulfo, afirmó que “no se explotará el potencial real  en rehabilitación de vivienda mientras no se convoque la Conferencia Sectorial de Suelo y Vivienda, con los agentes sectoriales, para consensuar un Plan Integral”. Entrando en otras temáticas, Rodulfo también alertó de que “el Gobierno debe introducir obligatoriamente las Declaraciones Ambientales del Producto en los pliegos de contratación de obra pública si no quiere deslocalizar toda la Industria de Materiales”.

Finalmente, desde la Confederación Nacional de la Construcción, CNC, su presidente, Juan Lazcano, resumió el sentir general de todas las asociaciones participantes en el encuentro informativo indicando que “el empleo en España no será sostenible si no se revitaliza la industria de la construcción”. Lazcano insistió también en que ”se debería de haber hecho un plan especial para la industria de la construcción, que desde 2007 ha perdido 1,4 millones de empleos y 216.000 empresas”.

LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

La licitación de obra pública por parte de las distintas administraciones cayó un 24,8% en los primeros cinco meses del año, hasta sumar 3.664,88 millones de euros, lastrada por el desplome de la promoción de nuevos trabajos en las líneas de Alta Velocidad (AVE) en construcción. Entre enero y mayo sólo se sacaron a concurso obras de líneas AVE por 128,52 millones de euros, un 79% menos, con lo que apenas representaron el 3,5% del total de la obra pública, según datos de la patronal de grandes constructoras Seopan. No obstante, el año arrancó con caídas en todos los tipos de obras, salvo las de carreteras, que crecieron un 4,4% y supusieron 1.232 millones de euros. Asimismo, todas las administraciones redujeron la licitación de nuevos proyectos, con la excepción del Ministerio de Fomento, donde el mayor número de obras viarias compensaron parte de la caída de las del AVE. Así, el Departamento que dirige en funciones Ana Pastor saldó los cinco primeros meses del año con un aumento del 9,5% en la licitación de nuevos contratos, que sumaron 1.613,63 millones de euros y supusieron el 44% del total estatal. Por contra, las comunidades autónomas sacaron a concurso proyectos por valor de 855,01 millones hasta mayo, lo que arroja un desplome del 43% respecto al año anterior. En caso de las administraciones locales (ayuntamientos, diputaciones y cabildos) la licitación de obras disminuyó un 28,6%, hasta 965,60 millones de euros. Por tipo de obras, además del descenso de las de líneas AVE, también cayeron, un 58,7%, las de dotaciones hidráulicas. La licitación de trabajos en centros sanitarios se contrajo un 61%, los de instalaciones industriales un 49% y los de dotaciones deportivas, un 18,7%.