| CONVENIOS
URBANÍSTICOS
Por su parte,
el Ministerio de Fomento considera en su requerimiento que el acuerdo municipal
por el que se tumbó la Operación Chamartín incurre
en "vicio de nulidad" y "vicio de anulabilidad por infracción del
ordenamiento jurídico".
Al respecto,
indica que la renuncia se basa en el artículo 247.4 b de la Ley
del Suelo de la Comunidad de Madrid, que señala que el texto definitivo
de los convenios urbanísticos deberán ratificarse por el
pleno municipal cuando se hayan suscrito inicialmente en nombre o representación
del municipio.
Sin embargo,
Fomento sostiene que este precepto "no ampara la renuncia unilateral por
parte de uno de los firmantes de un convenio urbanístico a su tramitación,
y mucho menos cuando dicha actuación unilateral carece de fundamento
jurídico".
"Tampoco establece
este precepto un plazo máximo ni para que se produzca la renuncia
expresa ni para entender que exista una renuncia tácita al mismo
por parte del resto de sus firmantes", añade.
Fomento estima
que, para actuar con arreglo a la Ley, el Ayuntamiento de Madrid tendría
que haber aplazado "motivadamente, en todo o en parte, la aprobación
definitiva del plan" y esperar "al pronunciamiento de las partes sobre
el texto definitivo del convenio".
El Ministerio
reprocha al Gobierno municipal que no haya aportado "ningún argumento
jurídico válido" para renunciar a la Operación Chamartín
y que presentara de forma "unilateral" una nueva propuesta para el desarrollo
norte de la ciudad que cree que supone "una abierta ruptura con la ordenación
urbanística vigente del Plan General de Ordenación Urbana".
"Por tanto,
no puede sostenerse la renuncia tácita del resto de los firmantes,
sino la decisión unilateral de uno solo de ellos, gestada a lo largo
de muchos meses, ocultando información al resto de las partes y
desconociendo los más elementales principios de cooperación
y colaboración mutuas y lealtad institucional", concluye.
LA RECLAMACIÓN
DE LOS PROMOTORES
Los servicios
jurídicos de Distrito Castellana Norte, la sociedad promotora de
la operación Chamartín, están estudiando presentar
una denuncia contra el Ayuntamiento de Madrid por revocar el anterior proyecto
urbanístico "sin argumentos jurídicos y técnicos que
sustenten esa decisión".
Así
lo han indicado fuentes de la promotora, después de que les llegará
vía forma la resolución municipal, superando así el
plazo de diez días marcado tras la resolución del Pleno municipal
del 25 de mayo, que derogó la anterior actuación urbanística
con los votos de Ahora Madrid y PSOE.
Distrito Castellana
Norte alega que el plan Chamartín fue aprobado por la anterior Corporación
local del PP, respaldada por Fomento y por la Comunidad de Madrid (también
del PP) "con 42 informes favorables". Y por eso estudian la interposición
de una denuncia por la vía contencioso-administrativa.
Además,
considera que el nuevo plan del Ayuntamiento de Manuela Carmena, también
llamado Puerta Norte, incumple el plan general.
Distrito Castellana
Norte afirma también que el plan urbanístico presentado por
el propio Ayuntamiento, y bautizado como Madrid Puerta Norte, incumple
plan general para la zona de la ampliación del Paseo de la Castellana.
El nuevo plan reduce la edificabilidad de la zona para construir 4.600
viviendas, reduciendo el presupuesto y tomando con presupuestos públicos
parte de las inversiones privadas previstas.
FOMENTO PRESIONA
Fomento urge
al ayuntamiento a que inicie las negociaciones con los firmantes del convenio
urbanístico del 10 de noviembre de 2011 –Fomento, Comunidad, Ayuntamiento
y promotores de Distrito Castellana Norte (BBVA y San José)– para
avanzar sobre el plan pactado y no el nuevo que pretenden imponer. El requerimiento
se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción,
Carmena no acata las reclamaciones. Será entonces cuando el Ministerio
acuda a los tribunales.
El 30 de enero
de 2015, las tres Administraciones estatales desbloquearon la operación
Chamartín que había sido aparcada por los años de
recesión. La ministra de Fomento, Ana Pastor; el presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio González; la alcaldesa madrileña,
Ana Botella, y el presidente del BBVA, Francisco González, presentaron
el proyecto rebautizado como «Distrito Castellana Norte». Cuenta
a día de hoy con 45 informes sectoriales favorables que el gobierno
de Ahora Madrid ha rechazado. Lo consideran un «pelotazo urbanístico».
El Ministerio
pide al Ayuntamiento que anule el acuerdo Plenario, que inicie las negociaciones
con las partes y que apruebe el proyecto de Distrito Castellana
El Ministerio
advierte al Ayuntamiento, argumentando con una sentencia de la sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo fechada el 15 de diciembre
de 2009, que, cuando las partes firmantes de un convenio son Administraciones
Públicas, «no son libres de desistir o renunciar a sus supuestos
derechos porque estos son, en realidad, intereses públicos. Y aún
menos pueden hacerlo sin la previa notificación de tal posibilidad
a los terceros interesados». Pastor reprocha al equipo regidor que
todavía no conoce ni la renuncia objeto de ratificación del
Pleno ni el escrito de la alcaldesa donde argumentaba los motivos para
no seguir con el trámite del convenio.
Este mismo
texto judicial indicaba que un mero «cambio político […] no
puede, sin más, dejar sin efecto todo lo técnica y procedimentalmente
desarrollado en el ejercicio de una potestad administrativa siquiera sea
discrecional». El 19 de mayo de 2015, la web municipal publicaba:
«En este instante, solo queda un trámite: que se apruebe por
el Pleno el PPRI que ordena el ámbito. El actual Gobierno municipal
entiende que debe ser la siguiente Corporación quien culmine este
trámite, siempre que lo considere oportuno».
Recurre Fomento
a otra sentencia judicial del 31 de diciembre de 2012 del Supremo donde
dictamina que los convenios urbanísticos «vinculan a las partes
sin que pueda dejarse su cumplimiento al arbitrio de cualquiera de ellas».
En el requerimiento,
retoma la amenaza de que Adif y Renfe pidan daños y perjuicios por
las inversiones realizadas –700 millones de euros–, según lo conveniado
en 2011. Después serían resarcidos con los recursos obtenidos
de la operación. Adif, el mayor propietario del suelo del ámbito,
esperaba obtener un beneficio de cerca de 1.300 millones de euros por la
venta de 1,9 millones de metros cuadrados.
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