| Una vez se
registren, la Xunta tendrá capacidad para realizar una comprobación
inicial. El borrador no contempla un número máximo de estas
viviendas, pero sí indica que los Concellos tendrán competencia
de ordenación.
El Clúster
Turismo de Galicia, en relación a las manifestaciones que diferentes
asociaciones provinciales del sector turístico han hecho estos últimos
días, confía en que la Xunta proceda a la aprobación
definitiva de la normativa que regulará la viviendas turísticas,
un reglamento cuya tramitación ya ha pasado todas las fases y está
a la espera de la aprobación definitiva por parte de la Xunta de
Galicia.
Según
explica el presidente del Clúster Turismo de Galicia, Francisco
González: “El turismo somos todos y esta normativa viene a abrir
la posibilidad de contar con un marco legal a una oferta de alojamiento
que existe y que va a seguir existiendo en el mercado, pero que hasta ahora
está en una situación alegal”. Desde el CTG, González
fue claro al manifestar que desde el sector turístico reglado nunca
han querido una normativa prohibitiva pero sí reguladora, que permita
que todo aquel que quiera participar en los canales turísticos lo
pueda hacer, contribuyendo a crear una oferta regulada y de calidad que
nos beneficia a todos. “Desde el conjunto del sector turístico gallego
hemos defendido siempre la necesidad de que toda la oferta de alojamientos
esté reglada, lo que revierte tanto en seguridad de las personas
usuarias y satisfacción del cliente como en la igualdad de condiciones
en términos de competencia, fiscalidad y tributación, con
el resto del sector”.
No se trata,
pues, de “intentar tapar el sol con un dedo” si no de adaptar la normativa
y las exigencias legales y administrativas a un nuevo modelo de comercialización
turística que garantice la calidad del conjunto del alojamiento
a través de una normativa que ha sido redactada tomando en consideración
a los diferentes agentes implicados y que sigue la estela de la normativa
aprobada en Cataluña, mucho más laxa en cuanto a los requerimientos
que se le exigen a las viviendas de uso turístico.
Cabe recordar
que el Decreto pendiente de aprobación establece el ordenamiento
de los apartamentos turísticos, viviendas turísticas y viviendas
de uso turístico, categoría esta última que permite
regular el uso vacional de las viviendas particulares, estableciendo unos
requisitos mínimos, una medida imprescindible para regularizar esta
práctica.
Con la puesta
en marcha de la figura de las “viviendas de uso turístico” se le
da un amparo legal a aquellas empresas o particulares que deseen comercializar
su alojamiento como turístico (en portales por ejemplo tipo Booking)
y viene a aclarar definitivamente los diferentes modelos de negocio, dando
opción a que se arrende este tipo de alojamientos dentro del arrendamiento
de vivienda de uso particular o dentro de los canales turísticos,
pero siempre dentro de una oferta regulada que nos permita atajar algunos
de los problemas que se asocian a las prácticas de alquiler de viviendas
particulares para usos turísticos.
El futuro Decreto,
en el que se regulan Viviendas Turísticas, Apartamentos Turísticos
y esta nueva categoría de viviendas de uso turístico viene
dado por la combinación de dos factores: por un lado el alquiler
turístico se convirtió en una competencia autonómica
después de la modificación de la Ley estatal de Arrendamientos
Urbanos.
Por otro lado,
la irrupción de las nuevas tecnologías en el alquiler de
viviendas vacacionales y la tendencia a destinar la este fin a vivienda
habitual hacen necesario adaptarse a la nueva realidad para ofrecer seguridad
jurídica tanto a los particulares como al sector ante uno nuevo
tipo de alojamiento turístico. La nueva norma erradicará
problemáticas vinculadas a estas prácticas en el ámbito
económico-social, fiscal y de tributos y en cuanto a la garantía
y seguridad de las personas usuarias, a la calidad de la oferta, al intrusismo
o a la competencia desleal.
Actualmente,
en España sólo hay cinco autonomías que tienen en
vigor una normativa de este tipo: Cataluña, Madrid, Aragón,
Canarias y Andalucía. Galicia ya sometió su propuesta a información
pública e incorporó los alegatos y sugerencias oportunas,
estando actualmente en la fase final, en la que se está dando a
conocer al sector antes de proceder a su aprobación.
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