| El juzgado
descubrió hasta 16 decisiones urbanísticas ilegales por conceder
licencias de primera ocupación de viviendas nuevas, y en las que
la corporación municipal actuó en contra de los informes
de los técnicos y del asesor jurídico de la secretaría
general del Ayuntamiento. Esta lista de licencias presuntamente irregulares
procede de cuatro querellas criminales distintas impulsadas desde la Fiscalía
de Medio Ambiente y que han acabado acumuladas en el Juzgado de Instrucción
3 de Colmenar.
La Fiscalía
Provincial de Madrid ha solicitado en su escrito de acusación, 3,6
años de prisión para el alcalde, Miguel Ángel Santamaría
Novoa; para su antecesor en el cargo, José María de Federico
Corral, y para seis concejales que han formado parte de sus equipos municipales
en los últimos 10 años. También pide para todos ellos
10 años de inhabilitación para cargo público y una
multa de 13.200 euros. Para otros cuatro ediles solicita dos años
de prisión y ocho de inhabilitación.
El fiscal asegura
que durante los últimos diez años, estos dos alcaldes y diez
concejales han perpetrado una auténtica “apología de
la prevaricación” en la concesión de 16 licencias urbanísticas
otorgadas en contra de los informes técnicos y jurídicos
municipales. La fiscalía describe toda una retahíla de "graves
infracciones urbanísticas" y pide a la juez que ha investigado durante
tres años los hechos, que siente a todos ellos en el banquillo para
que respondan de esos delitos ante un juzgado de lo penal de Madrid.
La juez instructora
ha abierto ya juicio oral contra ellos al entender que los acusados “otorgaron
16 licencias urbanísticas” desde 2006 pese a las “claras” advertencias
de ilegalidades expuestas por los técnicos municipales, explica
la magistrada Alicia Barba de la Torre, del Juzgado de Instrucción
3 de Colmenar Viejo. Según el fiscal, las sucesivas juntas de gobierno
de los últimos diez años en Colmenar otorgaron estas 16 licencias
contraviniendo el planeamiento urbanístico y guiados por una total
arbitrariedad en la toma de decisiones. A unos constructores les permitían
alturas de edificaciones superiores a otras, retranqueos ilegales, y daban
licencias de primera ocupación a promociones de casas plagadas de
irregularidades y sin exigirles subsanar las ilegalidades que exponían
los técnicos. Y saltándose los dictámenes jurídicos
desfavorables de la secretaría general del Ayuntamiento. Solo en
tres de los 16 expedientes urbanísticos que describe el fiscal el
Ayuntamiento decidió abrir expedientes sancionadores, detalla el
fiscal.
Señala
el fiscal que legalmente “es imposible otorgar una licencia de primera
ocupación cuando la obra ya se ha ejecutado contraviniendo la licencia
de obras (…), y que una licencia urbanística no es un acto discrecional”
de los políticos, sino un acto puramente reglado”. Es inadmisible,
añade, que “un Gobierno municipal pueda otorgar una licencia urbanística
cuando los servicios técnicos han constatado una contradicción
entre la ejecución del proyecto autorizado y la licencia previa,
y si se adelanta provisionalmente la licencia, debe sujetarse al deber
del promotor de subsanar las deficiencias menores detectadas, lo que no
ocurrió en los casos que nos ocupan”.
Para la fiscalía,
la conducta de los encausados es subsumible en el “delito de prevaricación
urbanística continuada”, y le resulta “llamativo que una veces se
indulten infracciones” y otras, en cambio, la Junta de Gobierno siga estrictamente
las indicaciones de los informes. El fiscal se pregunta: “¿Por qué
un vecino se atiene escrupulosamente a la máxima altura de cerramiento
de su parcela y otro pone la altura que quiere, y es aceptado por la Corporación?”.
O “¿por qué un constructor respeta los retranqueos y otros
los desprecian con la esperanza de la aprobación municipal?”.
A principios
de marzo, el juzgado de instrucción número 3 de Colmenar
Viejo procesó a 12 cargos públicos que han ocupado responsabilidades
de gobierno en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo en la última década.
La Fiscalía de Medio Ambiente había interpuesto una querella
criminal al ver indicios de un delito continuado de prevaricación
urbanística. Ahora, el fiscal rechaza los recursos de los imputados,
pide la apertura de juicio oral y acusa a los dos alcaldes y 10 ediles
de "auténtica apología de la prevaricación".
El fiscal asegura
que "los recurrentes tratan de mantener la peligrosísima tesis de
que un Gobierno municipal puede decidir en cada caso"
En un primer
escrito, la Fiscalía relataba que "los miembros integrantes de las
sucesivas juntas de gobierno del Ayuntamiento de Colmenar Viejo en los
últimos 10 años se pusieron de acuerdo para otorgar de forma
muy reiterada licencias urbanísticas, específicamente licencias
de primera ocupación, a distintos promotores, pese al incumplimiento
de la normativa urbanística, puesto de manifiesto por los correspondientes
informes técnicos y jurídicos, consintiendo el mantenimientos
de dichas irregularidades urbanísticas". A la Fiscalía habían
llegado 36 denuncias anónimas, aunque el alcalde siempre defendió
que se trataba de ataques de un grupo de funcionarios del Consistorio.
Ahora, en su
escrito definitivo de acusación, el fiscal asegura que "los recurrentes
tratan de mantener la peligrosísima tesis de que un Gobierno municipal
puede decidir en cada caso según su criterio objetivo, si conceder
o no una licencia cuando los órganos técnicos han comprobado
que la construcción sujeta a licencia se ha ejecutado contraviniendo
en determinados puntos el proyecto previamente autorizado, así como
el planeamiento urbanístico en vigor. Esta filosofía es una
auténtica apología de la prevaricación". El fiscal
relata 16 casos en los que el Ayuntamiento concedió la licencia
a pesar de los informes técnicos y jurídicos en contra.
"¿Por
qué los vecinos de Colmenar Viejo cuando piden una licencia están
sujetos a semejante poder de su corporación, que puede ser estricta
o benevolente, según los casos? No será esta Fiscalía
la que avale semejante doctrina, ni una sociedad democrática como
la nuestra, muy sensible, con razón, a los abusos de poder, lo comprendería",
reza el fiscal, que concluye: "Lo que aquí se pretende sostener,
en definitiva, es que un ayuntamiento puede conceder licencias que contravienen
la normativa urbanística en vigor, pasando por encima de los informes
técnicos y jurídicos que constan en el expediente. Decidiendo
el Gobierno municipal en cada caso qué infracciones urbanísticas
condenan, y cuáles indultan, consintiéndolas".
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