| La propia
alcaldesa, Manuela Carmena, y el concejal delegado de Desarrollo Urbano
Sostenible, José Manuel Calvo, y el del distrito de Chamberí,
Jorge García Castaño, se reunieron con los compradores de
las viviendas y les transmitieron que el proyecto debe ser modificado para
hacerlo compatible con la normativa urbanístico. La polémica
ha llegado a la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento donde el
edil del PP José Luis Martínez Almeida acusó
al grupo de Gobierno de urdir "cualquier salida para que las 443 familias
cooperativistas no tuviesen su vivienda".
El Plan Parcial
presentado por los promotores de la urbanización, obvia, según
los técnicos municipales, la obligación de "eliminar en superficie
las cocheras e instalaciones de Metro y de soterrar todas esas instalaciones".
Según el Gobierno Municipal, "el origen de este incumplimiento del
Plan General se relaciona con la negativa de la Compañía
Metro a modificar la rasante de las cocheras argumentando que se imposibilitaría
el acceso a las mismas por el túnel que existe bajo la calle Reina
Victoria". Así que el Ayuntamiento exige que se redacte un nuevo
proyecto adaptado a la normativa urbanística.
Según
el Ayuntamiento, la modificación urbanística impulsada por
el anterior gobierno municipal (Partido Popular) y el proyecto de urbanización
“se apartan de los objetivos y condiciones” del Plan General de Ordenación
Urbana para esta actuación. El PGOU se refiere a esta “transformación
urbana como resultado de la eliminación en superficie de las cocheras
e instalaciones infraestructurales de metro y el soterramiento de todas
esas instalaciones”.
Pero, según
el gobierno municipal, el proyecto actual mantiene las cocheras “en su
cota actual”, proyectando sobre ellas una zona verde a entre tres y siete
metros por encima del nivel de las calles circundantes, que quedarían
separadas por un muro de hasta seis metros de esa cubierta vegetal. El
Ayuntamiento culpa a Metro de Madrid (que depende del Gobierno regional,
del Partido Popular) de este “incumplimiento”, por su “negativa a modificar
la rasante de las cocheras argumentando que se imposibilitaría el
acceso a las mismas por el túnel actual”.
El proyecto
queda ahora a expensas de negociar una alternativa que, según el
concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, pasa
por soterrar las nuevas cocheras para eliminar esa diferencia de altura
entre la cubierta vegetal y las calles circundantes. “Es complejo, hay
que ir de la mano de Metro, pero hay alternativas”, ha señalado
esta mañana Calvo. Queda por encajar además un último
elemento, la protección de las antiguas cocheras instada por la
Asamblea regional a iniciativa de la asociación Madrid Ciudadanía
y Patrimonio y la plataforma Salvemos Cuatro Caminos.
La inmobiliaria
Ibosa compró el solar de las cocheras en noviembre de 2014 al presentar
una oferta de 88,3 millones de euros en la subasta organizada por Metro
de Madrid. Se trata de un terreno de 40.000 metros cuadrados entre las
calles de Pablo Iglesias y Bravo Murillo y la avenida de Reina Victoria.
Sobre ese suelo, Ibosa proyectó la construcción de tres edificios
residenciales (incluida una torre de 25 plantas), otro de oficinas y otro
para la Administración. Se diseñó además una
cubierta vegetal de 14.000 metros cuadrados para cubrir las nuevas cocheras
de Metro.
Residencial
Metropolitan se presentó oficialmente al concurso para hacerse con
el suelo en 2014 como una cooperativa integrada por 443 socios. Y ganó
la adjudicación frente a la constructora Pryconsa. Pero detrás
de la megaurbanización, como sucede en otras cooperativas de este
tipo, está el grupo inmobiliario Ibosa, que en los papeles aparece
como mero gestor de la sociedad y que cobra por ese servicio 17 millones
de euros,
Ibosa fue la
empresa que puso a la venta los pisos, mediante ese régimen de cooperativa
durante el mes de julio de 2014 -tal y como figura en la publicidad insertada
entonces en distintos medios de comunicación-, cuatro meses antes
de que Metro de Madrid le adjudicase el terreno. Ese trámite se
completó el 27 de noviembre de 2014. Tres semanas más tarde,
el 17 de diciembre, se cerró la compra de la parcela. Año
y medio después, el proyecto está pendiente y deberá
ser el grupo Ibosa, el que presente un diseño alternativo que cumpla
con las exigencias del planeamiento urbanístico de Madrid.
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