| El consejero
de Agricultura, Narvay Quintero, ha indicado que el anteproyecto de la
Ley del Suelo recoge la mayoría de las alegaciones del sector y
"por lo general hay una buena percepción".
Quintero ha
indicado que la Ley del Suelo beneficia, por ejemplo, a las casi 700 explotaciones
ganaderas ilegales en el archipiélago, que ahora podrían
ser sancionadas y que, con la nueva norma se regularán, ha dicho
el consejero de Agricultura tras la reunión que el presidente del
Gobierno regional, Fernando Clavijo, ha mantenido hoy con representantes
del sector primario.
El presidente
de la COAG de Canarias, Rafael Hernández, considera que la Ley del
Suelo supone "una oportunidad" para el sector primario porque consagra
los usos habituales de muchas explotaciones que, en la actualidad, no están
regularizadas y facilita la gestión del territorio con una simplificación
de la burocracia.
Asimismo, el
presidente de Asaja, Roberto Goiriz, ha indicado que la nueva Ley del Suelo
es "fundamental y básica para el sector primario" y que, además,
supondrá "un avance impresionante".
La Ley del
Suelo "va más a la realidad de lo que ocurre en el día a
día del sector primario frente a las leyes actuales, que están
en una utopía", según Goiriz.
En ocasiones,
el abandono del sector agrario por parte de los agricultores se deba a
"las trabas burocráticas" de la normativa actual y la nueva ley
podría permitir que algunos no abandonen el campo o, incluso, vuelvan,
según ha dicho.
El secretario
general de Asaja Canarias, Hernán Tejera, considera por su parte
que la ley es "altamente positiva y dinamizará el sector", pues
simplifica las actuaciones en suelo rústico, elimina las calificaciones
territoriales -que han generado muchos problemas- y permite los usos complementarios,
lo que mejorará las explotaciones agrarias.
La Fundación
César Manrique (FCM) rechaza la Ley del Suelo porque considera que
"se constituirá en un instrumento que fomentará la especulación,
el desarrollismo desenfrenado y la inseguridad jurídica, comprometiendo
el trabajo de las oficinas técnicas municipales y quebrando la cohesión
urbanística y territorial del Archipiélago por la municipalización
de las competencias y la renuncia del Gobierno de Canarias al urbanismo".
La institución,
que pide la retirada del texto, presentó el 26 de abril sus alegaciones
al Anteproyecto de Ley del Suelo de Canarias ante la Consejería
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno
de Canarias. La FCM pide una nueva propuesta sobre un proceso participativo
previo, "partiendo de la consideración del suelo como un bien común
y no como una mercancía". Crítica la ausencia de un análisis
y diagnóstico de la situación territorial, urbanística,
medioambiental y turística de Canarias.
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