| El Ayuntamiento
de Yaiza, a través de un decreto de alcaldía del mes de abril,
informa de que la FCM ha presentado un recurso en los tribunales, que lleva
el Juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Las Palmas,
con el fin de notificar esta circunstancia a todos los vecinos interesados.
El plan parcial
fue extinguido por la entrada en vigor de la Ley de medidas urgentes de
2001 pero se siguió tramitando con numerosas irregularidades y se
siguieron concediendo licencias. Tanto la FCM como el Cabildo y algunos
de los compradores de las casas consiguieron hasta 14 sentencias contra
todos los actos urbanísticos aprobados en ese plan parcial, incluidas
varias en las que se les da la razón a los compradores, obligando
a los promotores a devolverles el dinero, y en las que se habla de mala
fe por parte de los vendedores ya que conocían los problemas urbanísticos
del plan y su posible ilegalidad y sin embargo no informaron a esos compradores.
En el plan se construyeron unas 400 casas aunque se preveían 1.800.
El nuevo Plan
General de Yaiza recoge la regularización de todas esas casas a
través de un convenio con un sistema de ejecución privada.
Lo que hace es dividir el anterior Plan en dos unidades de actuación:
una que llevaría una nueva parcela hotelera que no se había
previsto anteriormente y otra, donde están la mayoría de
las casas construidas. La parcela para el hotel propiedad de una sociedad
gallega, serviría para que esta empresa se hiciera cargo de los
gastos del proyecto de urbanización y que esos gastos no recaigan
en el resto de los propietarios.
La FCM ya impugnó
en los tribunales el Plan General de Yaiza, por varios motivos referidos
a distintas zonas del municipio, entre los que estaba la legalización
de facto de las casas construidas de forma ilegal. En las alegaciones que
hizo la FCM sobre este plan parcial se recogía un recorrido histórico
por las circunstancias del plan y sus motivos de anulación, y destacaba
que las consecuencias de esa ilegalidad debía ser “el restablecimiento
de la realidad alterada y transformada”.
La FCM recordaba
que “se dirigió al Ayuntamiento de Yaiza en el año 2004,
antes de emprender acciones legales, advirtiéndole de las presuntas
irregularidades en que incurría dicho proyecto, por lo que desde
un primer momento tanto el consistorio como los promotores del plan parcial
tuvieron conocimiento del riesgo que asumían al seguir adelante
con la ejecución”.
También
se muestran en contra del convenio urbanístico, de mayo de 2012,
que fue “formulado unilateralmente por sus promotores, que han ido realizando
de forma antijurídica una continuada actividad de transformación
de esos suelos y de edificación, sin cobertura en un planeamiento
eficaz, en contra de la ley, tratando de ir a hechos consumados”, y que
califican como “un disparate jurídico y un exponente evidente de
la pretensión de privatización de la función pública
urbanística”.
La FCM considera
que ese suelo era indiscutiblemente rústico de protección
territorial y que desde el punto de vista territorial, urbanístico,
turístico y medioambiental, “es rechazable esta reclasificación
y ordenación por sus impactos en la isla y en la zona turística
de Playa Blanca, no evaluados, ni ponderados, ni justificados”. Además
recordaban que está en vigor la prohibición de nuevas reclasificaciones
o sectorizaciones para uso turístico en Lanzarote y señalaba
que a los promotores no pueden “regalárseles” nuevas promociones
de tipo hotelero.
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