| En un reciente
artículo
del periódico el País, se señala una frase que
no se puede pasar por alto. Dice así: “en los últimos años,
el Gobierno regional ha explicado en distintas ocasiones que su función
en estos casos es tramitar cada denuncia que les llega, pero que son los
Ayuntamientos que deben hacer cumplir la normativa”.
No es correcto,
la competencia de vigilancia y la obligación de imponer la disciplina
urbanística es autonómica.
Los ayuntamientos
tienen su culpa pero lo correcto sería que la Comunidad Autónoma
de Madrid denunciase todos los casos de infracción urbanística.
Y ya de paso que vigilase las webs de transparencia urbanística
en materia urbanística de los ayuntamientos madrileños, que
no solamente incumplen con la ley de transparencia sino que siguen el mismo
camino que han seguido con los silencios absolutos a las solicitudes de
información urbanística, como quedó acreditado recientemente
por el defensor del pueblo estatal.
Según
el artículo de el País, miles de madrileños viven
en casas construidas en terrenos no urbanizables. Están en zonas
asociadas al chabolismo como La Cañada Real o Las Sabinas, pero
también hay cientos de casas y chalés levantados a las bravas
en distintas zonas de Morata de Tajuña o Chinchón. Mientras
la Comunidad de Madrid se limita a decir que está actualizando un
mapa de viviendas ilegales y los Ayuntamientos se declaran incapaces de
atajarlo, el problema, que está más que detectado desde hace
30 años, sigue creciendo a lomos de la impunidad. Así lo
ha podido comprobar este diario en El Molar, en la sierra norte de Madrid,
donde más de un 10% de las viviendas están fuera de ordenación.
La contaminación del subsuelo por la ausencia de alcantarillado
es uno de los principales impactos negativos de estos asentamientos irregulares.
En 2009, los
agentes forestales de la Comunidad de Madrid denunciaron una docena de
viviendas que se estaban construyendo en terrenos no urbanizables en El
Molar, a 39 kilómetros al norte de la capital. Una de ellas es la
de la imagen de su izquierda que, como se puede comprobar, se terminó
de edificar y está habitada actualmente. Quizá por eso, muy
cerca de esa casa hay al menos otras dos en construcción en este
momento, una de ellas, a escasos metros del río Jarama.
Solo en El
Molar, había en 2001 contabilizadas 600 viviendas irregulares (y
un total de 3.400 viviendas censadas), que hoy, según los lugareños,
pueden llegar fácilmente a las 800. En el sureste de la Comunidad,
en la Vega del Tajuña, se calcula que hay más de 700. En
Chinchón, la localidad de la zona más afectada por este problema,
se han presentado al menos 179 denuncias entre 2006 y 2010, unas 67 de
ellas correspondientes a viviendas levantadas entre 2009 y 2010, según
fuentes de la UGT de los agentes forestales. El Ayuntamiento de Chinchón,
dirigido por Francisco Javier Martínez Mayor (de la Agrupación
Transparencia y Servicio) no ha respondido a los reiterados intentos de
este periódico de obtener su opinión sobre este problema.
En el municipio
de al lado, Morata de Tajuña, donde el Ayuntamiento calcula que
unas 150 viviendas irregulares, el alcalde Ángel Sánchez
Sacristán (PSOE) si ha contestado. Sánchez, que antes de
llegar a la alcaldía fue policía local, conoce bien un problema
que creció entre los años sesenta y ochenta con casas de
segunda residencia y que, cuando se quiso atajar en los noventa, ya era
demasiado grande. Habla de "una sensación de impunidad" que hace
que la gente "no se crea las normas", y cuenta que, aunque denuncien, buena
parte de las veces las decisiones judiciales no llegan a tiempo: las infracciones
administrativas prescriben a los cuatro años y los delitos penales
(vía utilizada muy poco y que solo es posible en determinados casos,
por ejemplo, si la casa está en dominio público) a los cinco
años. Transcurrido ese tiempo, se convierten en construcciones “alegales”,
que muy difícilmente pueden acaban demolidas.
María
Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción, se queja al periódico
de que el problema no deja de crecer mientras las Administraciones se pasan
la pelota entre ellas y no hacen nada. “Si a la Comunidad de Madrid llega
una denuncia, normalmente se limitan a avisar al Ayuntamiento para que
actúe, pero este suele mirar para otro lado”, asegura. Los Consistorios
pueden ordenar el precinto de las obras o de la vivienda; si no se les
hace caso, poner multas y, finalmente, denunciar ante la fiscalía.
“Las Administraciones
más idóneas para actuar en este campo [la Comunidad], dejan
en manos de Administraciones menos potentes y con muchísimas mayores
dificultades, la ejecución de la disciplina urbanística,
lo que da, en consecuencia, a mi juicio un sistema equivocado e ineficaz,
siendo del todo punto imposible para los Ayuntamientos la realización
de una política urbanística de control eficaz”, insiste el
acalde de Morata.
Porque, además,
añade, si a pesar de todo el Consistorio sigue adelante para dar
ejemplo, los asentamientos están tan arraigados, que la presión
social acaba impidiendo los derribos (que pueden costar unos 60.000 euros),
como le ocurrió hace años al alcalde de Arganda del Rey con
algunos inmuebles de la urbanización de Valdecorzas. Tan arraigados
están, que muchos de esos asentamientos han ido siendo dotados de
agua y luz. En muchos casos, incluso, los vecinos, censados, pagan impuestos
como el de recogida de basuras o el de Bienes Inmuebles (IBI).
En El Molar,
los centenares de vecinos de la zona Este del municipio que viven en torno
al Camino Viejo Madrid-Burgos, muy cerca del Jarama, pagan tasas. Eso sí,
tienen los cubos de basura a la entrada del pueblo. Un poco más
arriba, también cuentan con unos buzones donde recibir el correo
—el cartero no llega hasta sus casas—, aunque estos son solo para aquellos
vecinos que pagaron a medias con el Consistorio el asfaltado del camino
que une su urbanización con el casco urbano (la alcaldesa del municipio,
Yolanda Sanz, de Ciudadanos, tampoco ha respondido a las llamadas de este
diario).
Cuando carecen
de luz, ponen paneles solares y si no tienen agua, usan pozos (con o sin
permiso); pero lo que no tienen nunca estas zonas es alcantarillado. Y
esto —más allá de lo injusto que le pueda parecer a alguien
que quien se salta impunemente las reglas consiga una casa en el campo
mucho más barata que el que las cumple— provoca un verdadero problema
de contaminación y de insalubridad, por la acumulación de
fosas sépticas, de pozos negros e, incluso, de vertidos hechos directamente
los ríos. “Encima, suelen estar en zonas de vega, donde el nivel
freático [la primera capa de agua que se puede encontrar en cada
zona bajo la tierra] está mucho más alto”, es decir, que
es más fácil que se filtren los residuos.
En la anterior
legislatura, el Gobierno regional encargó un mapa de las construcciones
que están en terrenos no urbanizables de la Comunidad de Madrid,
lo que significaría tener un mapa de las viviendas ilegales. El
encargo recayó, a cambio de algo más de 45.000 euros, en
la empresa Melissa Consultoría e Ingeniería Ambiental S.L.
El trabajo se entregó, según fuentes de esa compañía,
a finales del año 2013, pero nunca se hizo público.
Ahora tampoco
se va a hacer, explica una portavoz de la Consejería de Medio Ambiente.
El mapa se está actualizando y hasta que eso no esté hecho,
"no se va a hacer público porque puede que la fotografía
no sea la misma", añade. La fotografía, según María
Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción, solo puede ser hoy
más grande.
ANTECEDENTES
11 de enero
de 2016
NOTICIA
ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA
PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
EL URBANISMO
DE LA SIERRA DE MADRID Y LA INSPECCIÓN URBANÍSTICA AUTONÓMICA.
¿Qué
aprendo?
Se analiza
en la guía práctica inmoley.com de la inspección urbanística,
guía de delitos urbanísticos y en la guía del urbanismo
de Madrid. En la sierra norte de Madrid sería necesaria una inspección
urbanística más activa que vigilase de oficio el otorgamiento
de licencias, en especial las relativas a edificaciones móviles
que no se ajustan al Código técnico de la edificación,
y que se están extendiendo por varias urbanizaciones. En algunos
casos, las licencias no se ajustan a las ordenanzas de edificación,
lo que es especialmente perjudicial en municipios sin planeamiento y que
aplican normas subsidiarias. En este caso recogemos un caso puntual pero
que debe advertir de las obligaciones de inspección urbanística
de las Comunidades autónomas, que deben anticipar estas situaciones
y denunciarlas.
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conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías
prácticas
Un juzgado
de Colmenar Viejo ha citado a declarar como imputado al alcalde y a cinco
ediles y seis exconcejales después de que la Fiscalía de
Medioambiente haya denunciado irregularidades en la concesión de
licencias urbanísticas durante los últimos diez años
Según
el Ministerio Público, el gobierno municipal concedió más
de una docena de licencias de primera ocupación haciendo caso omiso
de los informes de los técnicos municipales.
Entre los
llamados a declarar figuran, además del actual regidor, el exalcalde
José María de Federico Corral – bajo cuyo mandato se habrían
cometido la mayoría de las irregularidades denunciadas – junto con
los actuales concejales de obras, medio ambiente, cultura, desarrollo local
y transportes. Junto con ellos también han sido llamados a declarar
varios exconcejales y hasta 8 peritos.
El actual
alcalde, Miguel Ángel Santamaría, además de regidor
de Colmenar Viejo también ocupa un puesto de vocal en el Centro
de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.
En su querella,
la Fiscalía describe hasta trece casos ocurridos entre 2005 y 2011
en los que la anterior corporación municipal habría adjudicado
licencias de primera ocupación de forma irregular, haciendo caso
omiso a los informes negativos de los arquitectos y técnicos municipales
y de la administración general: muros de cerramiento que superan
la altura máxima permitida, edificios que no cumplían con
las condiciones de salubridad mínimas exigidas para el aire o un
edificio que se metía en la acera de la calle Pedro López.
En todos
los casos, las actas de la Junta de Gobierno reflejan que la corporación
municipal otorgó estas licencias “vistos informes técnicos
y jurídico desfavorables”, y en varias ocasiones “sin razonar siquiera
sucintamente los motivos” por los que las otorgaban o por los que tramitaban
el asunto por la vía de urgencia. Las licencias de primera ocupación
son aquellas que otorga la administración cuando comprueba que las
obras realizadas han respetado las condiciones de su aprobación,
y que cumplen con la legislación vigente.
En un escrito
del pasado mes de junio, cuando el caso todavía no estaba judicializado,
el entonces Fiscal Superior de Madrid, Manuel Moix, explicaba que “aisladamente
consideradas” cada una de las posibles irregularidades urbanísticas
cometidas podrían incluso ser tildadas de “insignificantes”, pero
entiende que “analizadas globalmente podrían ser constitutivas de
delito, evidenciando no sólo la voluntad clara de no dar cumplimiento
a la normativa urbanística, sino además la causación
de un perjuicio económico para el Ayuntamiento” por los expedientes
de Disciplina Urbanística que no fueron tramitados.
El procedimiento
abierto en el juzgado de instrucción nº 3 de Colmenar Viejo
incluye dos querellas de la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid
que acumulan quince tomos de documentación y varias diligencias
abiertas en torno a diversas de estas irregularidades: el magistrado instructor
entiende que podría haberse cometido un delito continuado de prevaricación
urbanística, que en su redacción actual contempla penas de
prisión de año y medio a cuatro años, así como
penas de inhabilitación de hasta quince años.
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