| La reunión
ha contado con la presencia del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando
Clavijo, de la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad
y Seguridad, Nieves Lady Barreto, y de una nutrida representación
de la directiva de la Fecam.
El alcalde
de Guía de Isora (Tenerife) y presidente de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Pedro Martín,
ha asegurado a los medios de comunicación que el encuentro ha sido
"productivo", ya que han podido presentar "numerosas alegaciones".
"Es conocida
la postura de la Fecam a favor de una Ley que es necesaria para sintetizar
una maraña normativa de la que todo el mundo habla, pero que nadie
le metía mano. Ya era hora de que cuatro leyes cabecera que estaban
actuando sobre el territorial al final converjan en una sola", ha subrayado.
Martín
ha agregado que la Fecam ha hecho una serie de propuestas al Gobierno que
han sido acogidas con "bastante ánimo constructivo", ya que se analizará
su documento y, en breve, se debatirán algunas de las cuestiones
que hoy han planteado.
"Entre nuestras
propuestas destaca una mayor dotación económica para fortalecer
las oficinas técnicas municipales, con el fin de conseguir que la
Ley, que responsabiliza a los ayuntamientos de determinadas cuestiones,
pueda salir adelante", ha resaltado el regidor.
Pedro Martín
ha recordado que en los últimos años el Gobierno ha pasado
de una inversión en planeamiento municipal de más de 6 millones
de euros a solo 1, y que si se quiere es que los ayuntamientos asuman responsabilidades
"así va a estar complicado".
"Planteamos
asimismo la necesidad de tener oficinas que asesoren a los ayuntamientos
y que ayuden a resolver conflictos, ya que, desgraciadamente, está
muy judicializado el debate urbanístico, y lo que pretendemos es
buscar alternativas que eviten los conflictos", ha añadido.
Martín
ha desvelado que cuestionan "cómo resolver conflictos en caso de
diferencia de criterios entre ayuntamientos y cabildos y, en su caso, entre
estos y el Gobierno autónomo, y que administración tendría
que decidir en esos casos".
"Queremos una
revisión de lo que se entiende por asentamiento rural, porque es
muy diferente uno en La Gomera a otro en Lanzarote, por poner un ejemplo,
y habría que buscar elementos en común", ha dicho.
La Fecam ha
cuestionado las excepcionalidades de la Ley, tanto para el Gobierno como
para los cambildos, que se acote no porque se haya inventado algo nuevo
-que ya constan en la norma anterior-, sino para que "no exista excesiva
discrecionalidad en las decisiones a la hora de valorar que una determinada
actuación en el territorio y pueda superponerse sobre los ayuntamientos".
En este sentido,
Martín ha especificado que la Ley estable una herramienta ágil
como son las modificaciones puntuales, ha sostenido que algunas de esas
excepcionalidades podrían entrar a través de los planes generales
y que, cuando no fuera posible, "sería necesario establecer determinados
límites a esas situaciones".
La Fecam entiende
que hay asuntos como la ubicación de una cárcel o determinados
problemas energéticos, por poner un ejemplo, en los que el Gobierno
tiene que actuar y, por lo tanto, reconoce ese derecho, pero le gustaría
que se delimitara y conocer en qué situaciones se puede producir.
En su opinión,
algo ha venido funcionando mal en Canarias en las últimas décadas
cuando solo 12 municipios tienen aprobado su Plan General, que otros 35
los tienen en tramitación y doce ayuntamientos "ni se les espera
porque han tirado la toalla".
Por su parte,
Nieves Lady Barreto ha dicho que la Ley del Suelo dispondrá de ficha
financiera, al igual que de la asistencia jurídica durante todo
el proceso, y Clavijo ha puesto sobre la mesa que sea la Fecam la que haga
una petición de económica.
"La Fecam lleva
reclamando esta financiación para dotar de más personal a
sus oficinas y, en este caso, los planeamientos se hacen con equipos externos
al del propio ayuntamiento, por lo que se necesita dinero para sacarlos
adelante", ha reconocido.
La consejera
ha indicado que, desde el primer momento, se planteó que todo lo
que tenga que ver con planeamiento tuviera un procedimiento que agilizara
la tramitación, ya que en Canarias se tarda una media de doce años
para aprobar los planes, aunque hay ayuntamientos que, incluso, llevan
dieciséis en trámites.
"Ese problema
hay que afrontarlo reduciendo trámites y eliminado duplicidades
de competencias, entre otros asuntos", ha señalado.
Nieves Lady
Barreto, ha recordado que desde el año 1986 más de la mitad
del territorios de Canarias está protegido, pero que la protección
alcanza a casi el 86 por ciento porque no solo la establece la Ley de Espacios
Naturales, sino también los planes de los cabildos y generales "con
aquellos suelos con valores ambientales".
"Lo que se
plantea con la Ley son unos planes más ágiles y que se puedan
desarrollar donde se pueda actuar en aquel 14 por ciento que queda del
territorio", ha comentado.
Los servicios
jurídicos de la Fecam analizarán la realidad de los municipios
y en qué fase está la tramitación de sus planes de
ordenación para plantear su propuesta. "Redactar un plan general
es muy caro y desborda las posibilidades de los ayuntamientos. Tener financiación,
como hubo en el pasado, sería bueno", destacó Martín,
que recordó que en Canarias sólo 12 municipios tienen aprobado
su plan general y 35 están en tramitación. En Canarias se
tarda una media de 12 años para aprobar planes generales, "hay ayuntamientos
que llevan 16 años tramitándolo", lamentó la consejera,
quien, por otro lado, confía en que la ley entre en el Parlamento
en la primera quincena de julio, tras estudiar las alegaciones formuladas
y el informe del Consejo Consultivo.
Entre las organizaciones
que han presentado objeciones a la nueva normativa figura Ben Magec, que
advierte que el reparto de competencias que incluye la nueva Ley del Suelo
aumentará la conflictividad judicial en el planeamiento del territorio
lo que, lejos de agilizar los procedimientos, provocará el efecto
contrario previsto por el Gobierno. Los ecologistas opinan que este incremento
de la litigiosidad puede provocar que aquellas sentencias que declaren
la nulidad de un instrumento de ordenación lo hagan tarde y perjudique
a terceros, con las consiguientes reclamaciones patrimoniales y el bloqueo
de los usos del suelo.
Trasladar "el
peso de las decisiones estratégicas" a los ayuntamientos es contradictorio
para Ben Magec, ya que supone una mayor presión sobre el ámbito
"más débil" de toda la estructura administrativa de la Comunidad
Autónoma.
La organización
recuerda que la falta de estructuras técnicas, jurídicas
y administrativas en la mayoría de los ayuntamientos y la presión
sobre los secretarios municipales y los alcaldes no ayudan a justificar
la redistribución que plantea el texto. También consideran
"irrenunciable" que haya un mínimo de coordinación territorial
del planeamiento municipal en los planes insulares.
ANTECEDENTES
24 de febrero
de 2016
NOTICIA
ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA
PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
ANTEPROYECTO
DE LA LEY DEL SUELO DE CANARIAS
¿Qué
aprendo?
Se analiza
en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de Canarias.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de la Ley del Suelo
de Canarias, que busca simplificar, clarificar y dar seguridad jurídica
a las decisiones sobre el territorio. El Consejo de Gobierno tomó
en consideración el anteproyecto de Ley del Suelo con los criterios
de simplificar, racionalizar y actualizar el uso del territorio en las
Islas. Para ello se derogarán cuatro leyes: la de Ordenación
del Territorio (año 2000), la de Directrices (2003), la de Armonización
y Simplificación (2014) y la de Inversiones Estratégicas
(2015). Así lo puso de manifiesto el presidente del Ejecutivo
regional, Fernando Clavijo, que señaló que el texto articulado
no cambia la filosofía de las directrices de ordenación.
"El objetivo último es proteger el paisaje y las condiciones generales
que tienen estas islas, permitir que se desarrolle la actividad económica
en el suelo que ya está clasificado e impedir que se consuma y clasifique
más suelo".
Convertir
conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías
prácticas
Asimismo,
puso de relieve la "maraña normativa" que existe en la actualidad
sobre este asunto con la existencia de tres leyes, "multitud" de planes
de ordenación, "fronteras confusas" entre las administraciones insular
y municipales y sucesivas adaptaciones de los textos.
Esta situación,
dijo Clavijo, tiene como consecuencias que hay una rigidez en el planteamiento
con procedimientos "interminables" que pueden durar hasta 12 años
de media; que produce tensiones entre las administraciones y que supone
una carga injustificada sobre empresas y ciudadanos. Asimismo, expuso que
ante todo esto se han dado casos en los últimos años de "vías
de escape", que no "soluciones", como la suspensión del planeamiento
aplicando el artículo 47 de la Ley del Territorio, recordando casos
como el de la ampliación del Aeropuerto de Gando (Gran Canaria),
el Plan de Modernización Turística (2009 y 2013) o el recorte
de plazos en la tramitación con la Ley de Inversiones Estratégicas
de 2015.
La nueva
ley no toca suelo turístico o espacios naturales Por su parte, el
presidente canario hizo especial hincapié en que la Ley del Suelo
no toca los espacios naturales protegidos y que se promueve la contención
en el consumo de suelo rústico. Además, comentó que
se mantiene el principio de permitir el desarrollo de suelo urbanizable
sólo contiguo al urbano, así como la práctica prohibición
de clasificar nuevos suelos turísticos. Los principios de la reforma
atienden al desarrollo sostenible como objetivo en todas sus nuevas dimensiones;
movilidad, eficiencia energética, conservación del paisaje
y lucha contra el cambio climático. Desde este principio "irrenunciable",
Clavijo señaló que la nueva Ley se propone simplificar, racionalizar
y actualizar la toma de decisiones administrativas sobre el territorio,
con el fin último de flexibilizar el uso del suelo apto para ser
desarrollado o renovado, por un lado, y proteger los suelos valiosos.
Con todo,
el presidente recordó que la nueva norma quiere aglutinar todas
las reglas fundamentales de protección, ordenación y utilización
del suelo, por lo que viene a sustituir a otras tres normas De este modo,
la Ley del Suelo se propone sustituir al Texto Refundido de la Ley del
Territorio del año 2000, a las Directrices de Ordenación
(2003) y a la Ley de Armonización y Simplificación (2014).
La nueva norma excluye modificar la normativa vigente sobre turismo, patrimonio
histórico, comercio, actividades, clasificadas, vivienda, etc.,
sin perjuicio de algunos ajustes vía disposiciones adicionales.
"todo suelo no urbano o no urbanizable será suelo rústico"
Mientras,
el borrador mantiene las categorías actuales desde la perspectiva
de ordenación del suelo —rústico, urbanizable y urbano—,
pero introduce una novedad al considerar que "todo suelo no urbano o no
urbanizable será suelo rústico", invirtiendo el criterio
fijado por la Ley estatal 6/1998, que liberalizaba suelo. Desde la perspectiva
del borrador, sólo se admitirá el nuevo suelo urbanizable
preciso para las necesidades a las que no da respuesta el suelo ya clasificado
desde el punto de vista del interés público. Finalmente,
otra de las novedades que plantea el borrador tiene que ver con la revisión
de los procedimientos en función de las competencias atribuidas
a cada Administración en materia territorial y urbanística.
De esta manera, las herramientas de planeamiento —planes insulares, planes
generales de ordenación, etc.— serán aprobadas por las Administraciones
competentes, mientras que las Administraciones afectadas intervendrán
en proceso vía informe sobre aquellas materias que sean de su competencia.
NOVEDADES
Los ayuntamientos
y cabildos puedan realizar modificaciones puntuales de su planeamiento
en un máximo de seis meses para acoger nuevos proyectos urbanísticos
y de inversión, frente a los 12 años actuales.
La legislación
vigente obliga a las corporaciones locales a revisar todo el plan general
o insular cuando se pretende hacer algún cambio concreto que permita
nuevos desarrollos no previstos en el documento en vigor. "Lo que es extraordinario
se ha convertido en habitual y eso hay que revertirlo", aseguró
ayer el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo.
Otra modificación
sustancial es que el planeamiento no tendrá que revisarse en su
integridad cuando entre en vigor la ley, como sucedía hasta ahora.
Clavijo puntualizó que la norma se aplicará al día
siguiente de su publicación en el BOC y los ayuntamientos y cabildos
tendrá libertad para adaptarse o no, lo que supone que no tendrá
efecto retroactivo.
La Ley
del Suelo deja en manos de las corporaciones locales no sólo la
tramitación de los planes, sino también su aprobación
definitiva y el informe de legalidad. De esta forma, la Cotmac pasará
de ser un organismo vigilante y supervisor a convertirse en un ente que
se encargará de realizar el informe que emita la Comunidad Autónoma
sobre los planes generales e insulares, sin potestad ya para cuestionar
o bloquear los mismos como hasta ahora.
Clavijo
defendió que el espíritu de la ley es que "cada Administración
será responsable de aprobar su planeamiento". En la tramitación
habrá un ahorro sustancial de trámites y se elimina la aprobación
provisional, de tal forma que habrá un avance, una aprobación
inicial y la definitiva.
SUELO URBANIZABLE
Según
los datos que obran en poder de la Consejería de Política
Territorial, en Canarias hay unos 54 millones de metros cuadrados de suelo
urbanizable, aunque los cálculos de la empresa pública Grafcan
elevan esta cifra hasta los 100 millones de metros cuadrados. En cualquier
caso, Clavijo aseguró que en Canarias hay suficientes terrenos urbanizables
para los próximos 20 años, por lo que no hay necesidad de
habilitar más suelo. La ley invierte también lo aplicado
hasta ahora de forma que todo el suelo no clasificado se considera rústico
con el fin de consolidar su uso para la agricultura y la ganadería.
|
