| Esta cuestión
de inconstitucional supondrá un importante impacto en muchos ayuntamientos
porque el Estado cuestiona, entre otras disposiciones, que las administraciones
públicas y los promotores puedan quedarse con el 100% del aprovechamiento
urbanístico (en lugar de ceder el 10% a los Ayuntamientos) en los
suelos urbanos no consolidados y en los urbanizables cuando se trata de
desarrollar viviendas de protección, suelo empresarial o financiar
infraestructuras.
Una vez finalicen
las negociaciones entre Gobierno central y autonómico, es previsible
que la Xunta acepte modificar estos artículos a fin de evitar que
el Estado formule recurso ante el Tribunal Constitucional.
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