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NOTICIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, URBANISMO E INMOBILIARIO.

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5 de abril de 2016
 
NOTICIA ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
¿QUÉ PASARÁ CON EL ATE DE IKEA?
¿Qué aprendo?
Se analiza en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de la Comunidad Valenciana. La Actuación Territorial Estratégica (ATE)  de Ikea fue promovida por la inmobiliaria Alicante Avanza, creada exclusivamente para el desarrollo del proyecto. Ante el cambio de gobierno y los informes sectoriales desfavorables del proyecto de IKEA y su centro comercial asociado, el proyecto se desvinculará del empresario Enrique Ortiz y será retomado por la promotora Espacio, de Villar Mir, que cuenta con el 20 % de Alicante Avanza. Una de las propuestas es desvincular a Ikea y ampliar el Parque Tecnológico. Desde el ayuntamiento se considera que Ikea renunciará al proyecto.
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Desde la Concejalía de Comercio, el asesor Pedro de Gea, cree que con la cuestión de IKEA, la promotora irá más allá y renunciará por completo al área comercial en su entorno. Esperarán a que esta iniciativa la tome la propia firma, pero el Ayuntamiento mantendrá la misma postura de oponerse a algo, dice, "que sólo lucra a este promotor".

Opina De Gea que "no le queda otra salida que renunciar a esa área comercial y dedicarla a otros usos" y recuerda que Alicante dobla ya la superficie media comercial provincial, autonómica y nacional.

Es decir, que Ikea, sí; macrocentro comercial, no. Los 47.000 metros cuadrados de la tienda de muebles, sí; los 83.000 del centro comercial anexo, no. 

 
ANTECEDENTES

8 de febrero de 2016 
 
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OFERTA DE SUELO EN ALICANTE A IKEA 
¿Qué aprendo? 
Se analiza en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de la Comunidad Valenciana. El ayuntamiento de Alicante insiste en convencer a Ikea para que acepte un cambio de localización a pesar de que Ikea firmó en 2009 con Urbanika (grupo Ortiz) un contrato de compraventa de suelo en el sector incluyendo el compromiso de que ésta desarrollase los parámetros técnicos y urbanísticos necesarios para que sea viable su proyecto comercial. Es decir, que es una compra de suelo finalista pero en el que ha habido un pago. Si finalmente no se aprueba la Actuación Territorial Estratégica (ATE) reclamarán el importe pagado, pero si Ikea accediese a las demandas políticas y optase por otro emplazamiento perdería lo pagado, que de momento es una cifra no publicada. Ante esta situación la directora de Expansión de la multinacional sueca para España, Asunta Enrile, ha descartado alternativas como Elche o Benidorm y firmó un contrato "finalista" con el promotor Enrique Ortiz en 2009 sobre una parcela de Rabasa que "por ubicación" y "visibilidad" representa la única opción que la empresa contempla en la provincia. En definitiva, que están en juego los 250 millones que Ikea podría invertir en Alicante.  
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Según el periódico la verdad, el Consell baraja una operación, a doble banda, que permitiría oxigenar la maltrecha situación financiera de la Institución Ferial Alicantina (IFA) y desvincularse del pasado de supuesto pelotazo urbanístico del que era el mayor contratista de Alicante, Enrique Ortiz, además de ganarse el favor del sector del pequeño comercio de la capital. Esa propuesta pasa por ofrecerle, en breve, a la multinacional del mueble Ikea el suelo del IFA Arena, el polémico proyecto de ampliación de la institución ferial que ha lastrado sus cuentas, que registran una deuda global de unos 70 millones de euros, según ha cuantificado en los últimos meses el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent.
El plan va tomando forma en el seno de las consellerias de Economía Sostenible y Hacienda. El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el brazo financiero de la Generalitat, que aspira a convertirse en banco público, es el principal acreedor de IFA, con unos 34 millones de euros entre créditos y avales durante los últimos años. En caso de que cristalizara la oferta y la multinacional aceptara este suelo (412.000 metros cuadrados ya totalmente urbanizados, cuyo valor en la última auditoría, pendiente de confirmar dentro de dos semanas por el comité de dirección, rondaría los 42 millones de euros), la empresa ferial que depende directamente de la Generalitat Valenciana podría ver claramente reducido su nivel de deuda. Solo la compra de suelo, cuya operación se inició en el año 2004, bajo el mandato del expresidente Modesto Crespo, supuso un desembolso de 19,3 millones de euros. Las fuentes consultadas apuntan a que no se le pediría el valor de tasación actual, el cual, por cierto, ya fue cuestionado por el auditor en la última memoria aprobada y en la del año 2014 por la bajada de los valores inmuebles tras la crisis, lo que todavía beneficiaría más los posibles intereses de la multinacional del mueble sueca.
Las negociaciones iniciales se llevan con total discreción entre las dos Consellerias, aunque algunos de los diputados de los grupos parlamentarios en Les Corts de los dos partidos de gobierno, PSPV y Compromís, ya son conocedores de la eventual operación, que incluso será expuesta en el Patronato de IFA que preside el conseller Rafael Climent y que se reunirá, como ya anunció este diario hace unos días, el próximo 25 de febrero para definir lo que se da en llamar la 'refundación' de IFA y el más que probable relevo de la cúpula directiva (presidente y director).
Si para Feria Valencia se ha pensado en una oferta a las grandes multinacionales de la distribución y grandes superficies comerciales para obtener liquidez por el traspaso de suelo o incluso alguna edificación del plan de ampliación que ha disparado la factura hasta los 1.000 millones de gastos en los últimos años, en el caso de IFA, que también cuenta con suelo recalificado para uso terciario, se piensa directamente en Ikea, según confirman fuentes de los dos grupos parlamentarios y de las Consellerias de Economía Sostenible y Hacienda y Modelo Financiero.
Además, toda la operación encajaría plenamente en el momento de 'stand by' en el que se halla la resolución técnica de la ATE (Actuación Territorial Estratégica), poco menos que en medio de un limbo jurídico y bloqueo en las Consellerias de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio y Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Hace unos días, la diputada autonómica por Alicante y portavoz de la comisión de Industria, Noelia Hernández, acompañada por el diputado nacional Julián López Milla y la compañera en Les Corts Sandra Martín, defendió en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Alicante que se busquen ubicaciones alternativas para la implantación de Ikea «por si el emplazamiento en Rabasa no fuera posible» y «por si la Conselleria no viera viable» la polémica ATE tramitada en su día, con el anterior equipo de gobierno, por la empresa Alicante Avanza, vinculada al constructor Ortiz.
  
ANTECEDENTES
30 de octubre de 2015 
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EL CONTRATO QUE OBLIGA A IKEA A QUEDARSE EN RABASA (ALICANTE)  
¿Qué aprendo?  
Se analiza en las guías prácticas inmoley.com de centros comerciales y en la guía del urbanismo de la Comunidad Valenciana. Ikea firmó en 2009 con Urbanika (grupo Ortiz) un contrato de compraventa de suelo en el sector incluyendo el compromiso de que ésta desarrollase los parámetros técnicos y urbanísticos necesarios para que sea viable su proyecto comercial. Es decir, que es una compra de suelo finalista pero en el que ha habido un pago. Si finalmente no se aprueba la Actuación Territorial Estratégica (ATE) reclamarán el importe pagado, pero si Ikea accediese a las demandas políticas y optase por otro emplazamiento perdería lo pagado, que de momento es una cifra no publicada. Ante esta situación la directora de Expansión de la multinacional sueca para España, Asunta Enrile, ha descartado alternativas como Elche o Benidorm y firmó un contrato "finalista" con el promotor Enrique Ortiz en 2009 sobre una parcela de Rabasa que "por ubicación" y "visibilidad" representa la única opción que la empresa contempla en la provincia. En definitiva, que están en juego los 250 millones que Ikea podría invertir en Alicante.  
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La portavoz ha asegurado que Ikea no contemplan ningún "plan B", y ha solicitado a las administraciones implicadas -Ayuntamiento de Alicante y Consejería-, que "clarifiquen" el proyecto de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) para su implantación. Ha considerado que el espacio que ofrece Rabasa se ajusta al "tamaño que necesita la provincia". En su opinión, el pequeño comercio no se vería afectado por un macrocentro comercial que incluiría "marcas internacionales" ya que se "complementarían". Como ejemplo ha citado los centros comerciales existentes en Jerez y Valladolid como que el modelo que se instalaría en Alicante. 
La representante de Ikea ha recordado que se trata de un proyecto de 250 millones de euros que supondría la creación de unos 4.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, contando con los que se crearían durante la edificación más la futura plantilla. Además, han recalcado que la superficie del complejo sería de unos 125.000 metros cuadrados, 42.000 de tienda y unos 83.000 más de centro comercial. Enrile ha añadido que clientes alicantinos se han gastado en los últimos tres años 100 millones de euros en las tiendas de Valencia y Murcia y da por descontado que el establecimiento de Rabasa se constituiría en un gran polo de atracción para clientes de toda la provincia y áreas limítrofes como Albacete. 
La postura de Ikea es contraria a la postura política de la Generalitat y el Ayuntamiento, incluido el grupo popular que lidera la oposición y que durante la campaña electoral se manifestó favorable a la ubicación pero no a la instalación de un macrocentro anexo. 
El pleno del Consell surgido tras las elecciones aprobó en su primera reunión paralizar el plan de actuación que suponía la instalación de IKEA en Alicante, una decisión que se adoptó de acuerdo con el consistorio.  
El Ayuntamiento de Alicante aprobó en el pleno de 30 de julio una declaración institucional para solicitar la retirada de la ATE, lo que justificó en la necesidad de que la implantación de IKEA se materializara a través de otra figura urbanística "desvinculada de cualquier sospecha de corrupción", según señaló en su momento el concejal de Urbanismo de Alicante, Miguel Ángel Pavón. 

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