En una carta
remitida desde el Ayuntamiento a la Dirección General de Medio Natural
y Evaluación Ambiental se expone que esta paralización de
actividad urbanística supone un grave perjuicio para Alcalà
de Xivert-Alcossebre, ya que afecta a la práctica totalidad de suelos
urbanizables que recoge el vigente PGOU. El concejal de Urbanismo, José
Colom,propuso en sesión plenaria que todos los grupos municipales
se adhiriesen al escrito. Finalmente, la carta ha contado con la firma
del grupo municipal del Partido Popular y deCiutadans pero no de los grupos
municipales del Partido Socialista y Compromís. “No se entiende
que no hayan querido firmar la carta ya que es sumamente respetuosa y defiende
de forma contundente los intereses del municipio, que es lo que debe guiarnos
en la gestión municipal”, ha explicado Colom.
La postura
firme del Ayuntamiento de Alcalà de Xivert-Alcossebre, respecto
a que se estudie pormenorizadamente el desarrollo de cada PAI, se expondrá
en la reunión que se va a mantener mañana en la Dirección
General de Medio Natural y Evaluación Ambiental y a la que está
previsto que asistan el Alcalde, junto a representantes de todos los grupos
municipales y técnicos del Ayuntamiento. También se tratarán
las repercusiones que, para el municipio, pueda tener la aprobación
del PATIVEL de la Generalitat Valenciana, y, en consecuencia, la posible
desclasificación de suelos urbanizables.
LA NEGATIVA
DE AUTONÓMICA
El Ayuntamiento
de Alcalà-Alcossebre indicó que la reunión celebrada
con la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo
y Paisaje no ha supuesto ningún avance respecto a la petición
del ayuntamiento de que la Generalitat Valenciana pudiera estudiar el PAI
de la R-25, proyectado en la zona de Marcolina
Según
el alcalde Francisco Juan «no solo no hemos conseguido que se tramite
con mayor rapidez sino que nos quedamos con la sensación de que
el PAI no solo estará parado durante la moratoria sino que, cuando
se levante, quedará como una zona afectada, ya que está en
primera línea de mar. Por lo tanto, es muy probable que toda la
tramitación se complique mucho y se alargue hasta más allá
del año 2017. Es decir, que el desarrollo de la R-25 está
incluso en peores condiciones de las que pensábamos, debido a la
nueva política urbanística impuesta por el Consell».
Según
el alcalde, «el Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre siempre
ha sido muy restrictivo en materia urbanística y, desde el año
2002, hemos apostado por un desarrollo ordenado y coherente y por construcciones
sostenibles e integradas en el entorno pero igualmente se nos castiga.
No se ha aceptado considerar este PAI como un caso particular, tal y como
solicitábamos».
Otra de las
cuestiones que se trató en el encuentro de fue acerca de cómo
afectará al municipio el desarrollo del PATIVEL. El alcalde explicó
al respecto que «mucho nos tememos que el PATIVEL supondrá
la desclasificación de todo el suelo urbanizable en zonas próximas
al mar y, en el caso específico de Capicorb, podría convertirse
en zona protegida lo que impediría cualquier tipo de actuación
urbanística y de mejora de infraestructuras».
La repercusión
negativa para la economía del municipio es clara ya que, según
palabras de Juan, «impediría cualquier iniciativa de tipo
turístico para el municipio y supondría, además, que
los propietarios vieran disminuido el valor de sus propiedades».
Desde el equipo
de gobierno del Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre, se insistió
en que «seguiremos defendiendo los intereses de nuestro municipio,
teniendo en cuenta que un desarrollo urbanístico ordenado es totalmente
compatible con la defensa del medio ambiente, como venimos haciendo en
nuestra gestión», finalizó el primer edil.
ANTECEDENTES
13 de noviembre
de 2015
NOTICIA
ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA
PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
PLAN DE
ACCIÓN TERRITORIAL DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE DEL LITORAL (PATIVEL).
¿Qué
aprendo?
Se analiza
en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de la Comunidad
Valenciana. Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde
del Litoral (Pativel). El plan identifica 14 áreas prioritarias
en las tres provincias, pero el análisis será de la globalidad
del espacio litoral. La Generalitat Valenciana ha declarado una moratoria
urbanística de un año para todos los programas urbanísticos
que afectan a los primeros 500 metros de franja costera mientras elabora
un Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde (Pativel)
entre cuyos objetivos figura «corregir las disfuncionalidades»
del actual planeamiento urbanístico y preservar del ladrillo las
últimas zonas costeras libres de edificación. Esta decisión
afectará a 23 millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable,
otros 20 millones de suelo urbanizable sin programar y "posiblemente" entre
10 y 15 millones de metros más de suelo urbanizable programado.
La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración
del Territorio, María José Salvador aprobará
la moratoria que afecta inicialmente a 2.300 hectáreas (2.300.000
metros cuadrados) de suelo no urbanizable común; 2.000 hectáreas
de suelo urbanizable común y entre 10 y 15 mil hectáreas
en este suelo la intervención administrativa está condicionada
por posibles reclamaciones de indemnización de suelo urbanizable
ya programado.
Convertir
conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías
prácticas
La Generalitat
concede a esta iniciativa las características de «plan de
choque» destinado a «proteger el suelo del litoral valenciano
del urbanismo desaforado de los últimos años», aseguró
Maria José Salvador.
Ante unas
150 personas, la mayoría procedentes de ayuntamientos costeros,
colegios y organizaciones profesionales vinculadas al urbanismo y empresarios,
la consellera dijo que era necesario «dar un paso adelante y abandonar
la política que se ha llevado a término en los últimos
20 años en la costa valenciana porque ha sido un modelo de depredación».
El plan
afecta inicialmente a todos los terrenos situados en la franja de 500 metros
desde la ribera del mar, aunque se amplía hasta los 2.000 metros
si así se garantiza la conectividad con la infraestructura verde
del interior.
DECLARACIONES
"Hemos
tomado la decisión de aplicar una moratoria en los programas que
se están tramitando y que afectan a la franja costera de 500 metros
porque en definitiva queremos preservar el suelo no urbanizable que no
está protegido y el urbanizable tendrá que hacer su correspondiente
revisión para que esté en sintonía con la protección
de la infraestructura verde y de sus conexiones con el territorio", ha
asegurado la consellera de Vivienda, María José Salvador.
La intención
es que durante ese año de moratoria se pueda elaborar un Plan de
Acción Territorial del Litoral y a partir de ahí los planes
que estaban en tramitación también tendrán que volver
a pasar por ese nuevo filtro normativo.
La consellera
realizó este anuncio en la presentación del Plan de Acción
Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel). "Queremos
proteger nuestro litoral, dar un paso adelante y abandonar la política
que se ha llevado a término en los últimos 20 años
en la costa valenciana porque ha sido un modelo de depredación",
justificó Salvador.
La consellera
defendió que el litoral es el activo territorial más importante
de la Comunidad Valenciana por su triple dimensión económica,
ambiental y social., con el 15% del PIB en la franja de 500 metros desde
la ribera del mar (puertos, turismo, pesca, etc); ambiental porque la franja
costera alberga a nada menos que 10 Parques Naturales, el 90% de nuestros
zonas húmedas más importantes y 23 Lugares de Interés
Comunitario; y social porque más del 70% de la población
vive a menos de 10 kilómetros de la franja litoral con lo que supone
en cuanto a la posibilidad de aprovechar sus bienes y servicios ambientales,
económicos y recreativos.
La medida,
que no afecta al suelo urbano, prevé la protección de 43
millones de metros cuadrados (4.300 hectáreas) que no tienen ninguna
protección hasta que se redacte y apruebe el Plan de Acción
Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunidad Valenciana
(Pativel). Un instrumento jurídico que fijará las medidas
de protección de la franja costera y los proyectos a desarrollar
para mejorar el paisaje litoral de los 60 municipios donde viven 2,7 millones
de personas entre Alicante, Valencia y Castellón, con una densidad
de población de 850 habitantes por kilómetro cuadrado.
La línea
de 500 metros que va desde la orilla del mar hacia el interior no sólo
concentra población, sino que ahí se produce el 15% del PIB
y concentra el 85% del valor turístico. Salvador justificó
la moratoria y la elaboración del plan en la necesidad de proteger
un espacio que ha sido, según la titular de Urbanismo, arrasado
en los últimos 20 años, como lo demuestra el que la tasa
de urbanización en los primeros 10 kilómetros de costa fue
3,5 veces superior al crecimiento de la población. «Lo cual
es síntoma evidente de las políticas erróneas que
se han llevado a cabo durante los últimos años. Si no se
actúa de manera urgente, en diez años se colmatará
toda la franja litoral que no está protegida por la legislación
ambiental y el paisaje urbano se convertirá en una conurbación
despersonalizada y banal que restará mucho valor añadido
al conjunto del territorio», denunció ayer Salvador.
DATOS
El 15%
del PIB de la Comunidad Valenciana se realiza en la franja de 500 metros
desde la ribera del mar (puertos, turismo, pesca...). Valor ambiental porque
la franja costera alberga a nada menos que diez parques naturales, el 90%
de las zonas húmedas más importantes y 23 Lugares de Interés
Comunitario; y social porque más del 70% de la población
vive a menos de 10 kilómetros de la franja litoral con lo que supone
en cuanto a la posibilidad de aprovechar sus bienes y servicios ambientales,
económicos y recreativos.
La situación
en la que se encuentra en estos momentos la Comunidad es la de una franja
litoral con más de un 50% de suelo urbano y urbanizable en su primer
kilómetro de costa, y unos tramos de suelo no urbanizable que no
cuentan con protección ambiental pero ostentan valores territoriales
y paisajísticos de primer orden los cuales son cruciales para la
sostenibilidad conjunta del territorio.
El plan
parte de una propuesta de distintas categorías de suelo en función
de su protagonismo en la coherencia y funcionalidad de la infraestructura
verde, y una regulación normativa que permita compatibilizar algunos
usos y actividades sostenibles en el litoral sin menoscabar sus grandes
valores ambientales, territoriales y culturales. Con ello se preservarán
de la urbanización los suelos de más valor y se definirá
un modelo territorial acorde con los procesos naturales del territorio.
El plan identifica 14 áreas prioritarias en las tres provincias,
pero el análisis será de la globalidad del espacio litoral.
|
