| Según
los servicios jurídicos del Govern esperan que las obras puedan
estar acabadas el 30 de junio de 2017, si bien las mismas fuentes reconocen
que el calendario “es muy ajustado”.
Una vez adjudicadas
cada una de las fases no se permitirá que las compañías
puedan renunciar a las obras, tal y como hicieron las Uniones Temporales
de Empresas (UTE) lideradas por Dragados y Copisa, respectivamente.
Nos referimos
a las renuncias de las dos uniones temporales de empresas (UTE) de la obra
del palacio de deportes de Campclar. Primero fue –a mediados de febrero–
la unión formada por Dragados, Garcia Riera y Rubau la que descartó
asumir el encargo por parte del Govern, mientras que el mes pasado fueron
Copisa, Calaf y Sau.
Ambas adjudicatarias
de la construcción en el barrio de Ponent argumentaron idénticos
motivos para descartar asumir la inversión: «Es económicamente
inviable» remarcaron las dos firmas. En este sentido, ambas licitadoras
presentaron ofertas por valor de unos ocho millones de euros para ganar
el concurso público, cuando el precio inicial era de 10,4 millones.
EL ORIGEN DEL
PROBLEMA
El pasado mes
de octubre se conoció que la aportación de la administración
general del Estado sería de 3,4 millones de euros para 2016, una
cifra que tan sólo supone el 23% de los solicitado en reiteradas
ocasiones tanto por Tarragona 2017 como por el Comité Olímpico
Español (COE). En este sentido, el 7 de agosto de 2015 el presidente
del organismo estatal, Alejandro Blanco, envió una carta al alcalde
Josep Fèlix Ballesteros (PSC) en la que le reiteraba que en el plan
director del evento figuraba una inversión de 14,7 millones de euros
por parte del ejecutivo estatal.
Inicialmente,
el primer esbozo de los Presupuestos Generales del Estado no contemplaba
ninguna partida para Tarragona 2017. Pese a ello, las negociaciones posteriores
permitieron que se abriera una partida de 3,4 millones de euros.
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