| Ése
es el balance de la actividad de control urbanístico realizada por
el Gobierno andaluz entre 2008 y 2014, cuyas estimaciones de viviendas
que escapan a la Ley rondan las 300.000. Durante ese período, la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
abrió 5.438 expedientes de investigación, reduciendo su intensidad
ostensiblemente en el último año, cuando se registraron 686,
un 15% menos que en 2013. Cincuenta y seis acabaron en sanción y
26 en derribo. Así se recoge en la respuesta escrita facilitada
por la Dirección General de Urbanismo a los Ecologistas Juan Clavero
y Juan Antonio Morales, miembros del Consejo Andaluz de Ordenación
del Territorio y Urbanismo y quienes formularon la solicitud en octubre
de 2014, según consta en el sello del Registro General de la Junta.
La respuesta, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, no llegó
hasta nueve meses después, el 16 de junio pasado.
De un total
de nueve puntos trasladados en su consulta, la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio se desliga de seis, aduciendo
que las competencias pertenecen a los ayuntamientos. En su respuesta, asegura
desconocer, entre otros parámetros, el número de viviendas
ilegales (o irregulares) existentes en suelos clasificados como no urbanizables,
las parcelaciones ilegales, así como casos de ambas situaciones
que se han visto beneficiadas por la modificación del artículo
185 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
(LOUA) o las regularizadas en base al decreto 2/2012 por el que se regula
el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo
no urbanizable.
La Consejería
admite también que ignora el «número de viviendas ilegales
en suelos clasificados como no urbanizables cuya infracción no ha
prescrito al no haber transcurrido seis años de su completa terminación
o por estar incurso en algunos de los supuestos estipulados de la LOUA».
«Únicamente cada uno de los municipios puede y debe conocer
realmente el número de edificaciones irregulares y de parcelaciones
implantadas en su territorio», razona en su escrito la Consejería,
que conmina a los Ecologistas a «dirigirse a los ayuntamientos correspondientes».
E insiste en que «la Administración autonómica no conoce,
de forma precisa y detallada, los datos solicitados pese a la coordinación
o colaboración que en el desempeño de la disciplina urbanística
se presta por esta comunidad autónoma a los ayuntamientos para el
ejercicio de esta competencia que tienen atribuida».
La Dirección
General de Urbanismo tampoco ofreció información sobre el
«número de expedientes sancionadores de protección
de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico
perturbado que se han incoado por los ayuntamientos andaluces en las dos
últimas décadas, y cuántos han culminado con la demolición
de lo ilegalmente construido y con la reposición de la realidad
física alterada», como marca la Ley. Sí detalla la
actividad relativa los expedientes incoados subsidiariamente por la Junta,
aunque lo hace solo parcialmente. Ecologistas en Acción requería
conocer la acción del Gobierno andaluz en las últimas dos
décadas y la Administración regional se limita a trasladar
la «ejecución global» inspectora desde 2008, justificándose
en que en tal año «se lleva a cabo la implantación
de una aplicación informática que permite cuantificar de
forma ágil y precisa las actuaciones realizadas». Sobre los
anteriores a 2007 elude notificarlos amparándose en la dificultad
de su recopilación, dejando así en el aire las supuesta eficacia
de las tareas de vigilancia antes de la creación del cuerpo de inspectores
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, cuya primera
promoción tomó posesión en octubre de 2008.
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