| El Juzgado
de Instrucción 4 de Granada, al que la Audiencia devolvió
el primer día de juicio la causa del macrocomplejo conocido como
Medina Elvira de Atarfe, ha dictado la responsabilidad civil subsidiaria
del Ayuntamiento, al que ha dado tres días de plazo para apelar
su decisión y personarse en la causa.
El auto del
juez instructor ha anulado parte del auto de apertura de juicio oral por
la causa de Medina Elvira que dictó el 18 de junio de 2014 y ha
introducido la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento.
Lo ha hecho
después de que la Audiencia de Granada decidiera el pasado 25 de
enero devolver al juzgado instructor la causa del macrocomplejo urbanístico,
en la que están acusados los exalcaldes de Atarfe Víctor
Sánchez y Tomás Ruiz, ambos del PSOE, y en la que participan
17 abogados y la Fiscalía.
El juez instructor
ha anulado el párrafo de su anterior auto de apertura de juicio
oral en el que decía que no cabía recurso para dar tres días
a las partes y ha acordado dar traslado tanto a las entidades bancarias
implicadas en Medina Elvira como a los administradores concursales de las
empresas de la urbanización.
Además,
ha declarado al Ayuntamiento responsable civil subsidiario, que no lo era
hasta ahora, para que responda por los perjuicios económicos de
la fallida macrourbanización, al destacar que cualquier ayuntamiento
es responsable "de los daños causados por los penalmente responsables
de los delitos dolosos o culposos" de autoridades, agentes o funcionarios.
El auto otorga
al Ayuntamiento y al resto de afectados tres días para interponer
un recurso o presentarse en la causa, recalca que "no ha lugar a la adopción
de ninguna otra diligencia" y declara la validez del resto de actos posteriores
a los escritos de acusación.
La Fiscalía
considera que los dos exalcaldes, acusados junto al arquitecto y el secretario
municipal y el promotor, concedieron de manera irregular licencias de primera
ocupación de Medina Elvira, una urbanización de lujo con
un campo de golf de 18 hoyos, instalaciones turísticas y comerciales,
pero que carecía de servicios básicos.
La Fiscalía
solicitó dos años de prisión y diez de inhabilitación
para los dos exalcaldes de Atarfe, el arquitecto y el secretario municipal
por un delito continuado de prevaricación urbanística.
Adicionalmente,
el Juzgado de Primera Instancia 15 de Granada ha ordenado el embargo a
favor de una entidad bancaria de la plaza de toros de Atarfe, un espacio
público que sirvió de aval para afrontar un crédito
impagado de 7,5 millones de euros, que se ha incrementado hasta los 9,6
millones por intereses y tasas.
Según
el auto judicial, el embargo responde al impago del crédito solicitado
por el Ayuntamiento de Atarfe para costear las obras de la plaza de toros
local, que se convirtió en un ejemplo de las grandes obras urbanísticas
y que lideró la empresa municipal Proyecto Atarfe.
El municipio
fijó la plaza de toros como aval hipotecario del crédito
contraído con el Banco Santander por 7,5 millones de euros, del
que se pagó una parte mínima, cuantía a la que se
suman más de 2,2 millones en concepto de intereses y de costas procesales.
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