| Núñez
ha aludido a un buen número de datos que dan cuenta de la restricción
inversora en infraestructuras en los últimos años en España
y que colocan al país en la última posición en ratio
de inversión en esta materia de la Unión Europea de los 27
y en el puesto 58 entre los 100 que más invierten, un apartado que
lideran Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Singapur y Francia.
El responsable ha cifrado en 130.000 millones de euros la necesidad de
inversión en infraestructuras en la próxima década,
una aportación necesaria en sectores como el hidrológico,
el de residuos, la interconexión eléctrica y gasística,
el ferrocarril y las infraestructuras de salud y bienestar, entre otras,
sin olvidar el déficit que existe en su mantenimiento.
Por su parte,
el experto de la Comisión de Transporte y Movilidad de la Comisión
Europea, Antongiulio Marín, que le ha seguido en el turno de palabra,
ha subrayado que a fecha de diciembre de 2015, un 25 % del volumen de lo
financiado por el Plan Juncker corresponde al segmento del transporte,
con ocho proyectos en total de los que tres son españoles. De dar
cuenta de los objetivos de este Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas
se encargó el Loan Officer del Banco Europeo de Inversión,
Juan Audibert, quien ha advertido de que se sería más oportuno
hablar de recursos económicos que la Comisión Europea dedica
a fomentar la inversión que de fondos. No en vano, “se trata de
estructuras de deuda y no de subvenciones, dirigidas a iniciativas susceptibles
de ser financiables y con viabilidad técnica y económica”.
La apuesta
por la calidad como criterio principal a la hora de adjudicar contratos
que consagra en su artículo 67 la nueva Directiva Europea –puede
justificar hasta el 100 % de la selección al hablar de servicios
profesionales, como señaló el consejero delegado de TYPSA,
Pablo Bueno–, fue lo más celebrado entre los ponentes de la mesa
redonda dedicada a Modelos de Contratación celebrada esta mañana
en el marco del I Congreso Internacional de Ingeniería Civil que
tiene lugar el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Un repaso a
la legislación comunitaria y a las buenas prácticas ocuparon
la intervención del secretario general de la European Federation
of Engineering Consultancy Associations (EFCA), Jan Van der Putten, quien
incidió en que la nueva normativa europea se aleja de las adjudicaciones
basadas solamente en el precio más bajo para primar aquellas más
ventajosas económicamente, lo cual tiene que ver con priorizar la
calidad. “Se acaba con la dictadura del precio más bajo y se regresa
a la calidad como criterio central”, expuso Van der Putten.
La movilidad
profesional ha centrado la sesión de la tarde, coordinada por el
Consejo Mundial de Ingenieros Civiles, encabezado por su presidente Alfonso
Alberto González Fernández Fernández. En este sentido,
se ha hablado de la necesidad de contar con profesionales de ingeniería
civil en el mundo puesto que la cifra actual no satisface las necesidades
que hay. Además, se ha hecho un repaso por la regulación
del sector en diferentes países y se han comentado los requisitos
que cada uno pide a los ingenieros extranjeros para ejercer la profesión.
Los expertos han coincidido en señalar que la formación académica
es necesaria pero no suficiente. Es muy importante la actualización
de conocimientos así como la experiencia. Todo ello siempre bajo
el paraguas de la ética profesional.
Por último,
Jesús Lizcano, presidente de Transparency International España,
ha pronunciado una conferencia sobre transparencia pública y buenas
prácticas, en la que ha presentado un informe que elabora la organización
cada año. Lizcano ha destacado que existen unos desafíos
éticos que cumplir: transparencia política, social y económica;
lucha contra la corrupción; y responsabilidad social y buenas prácticas.
Por otro lado,
ha señalado la importancia de la ley de transparencia en España
recordando que dos años después de su aprobación,
aún no cuenta con un reglamento establecido. Y ha añadido
que las instituciones públicas incumplen mayoritariamente la normativa
legal de publicación de contratos. Como posibles soluciones ha apuntado
al fomento de la transparencia a todos los niveles y al impulso y la consolidación
de un amplio frente social.
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