Un ámbito
en el que, tras no cuajar el proyecto inicial de construir un macrocentro
comercial, los promotores optaron por cambiar los usos para reducir el
espacio comercial un 70% y, en el espacio sobrante, construir más
de 1.000 viviendas protegidas y un colegio privado.
Desde la junta
de compensación de Valdebebas sostienen que la sentencia no es firme
y que cabe la posibilidad de recurrir, para lo que ya ha establecido contacto
con el Ayuntamiento de Madrid para establecer conjuntamente un plan de
acción para resolver la situación, a la mayor brevedad y
con la mayor seguridad jurídica.
El TSJM, en
su sentencia, estima las alegaciones de la Asociación para la Promoción
del Urbanismo Responsable, al declarar nulo el plan especial de reparcelación
que el Ayuntamiento de Madrid aprobó en octubre de 2014.
Esta asociación
y el particular Luis Ignacio Martínez Alías llevan una década
interponiendo un sinfín de recursos contra las irregularidades urbanísticos
que, entienden, se están cometiendo en Madrid y en otras zonas de
España.
Estiman el
TSJM que, como habían denunciado los recurrentes, el cambio de uso
contemplado "modifica la ordenación estructurante" y no recompone
adecuadamente la relación que, en función de la población,
debe existir entre dotaciones públicas y equipamientos colectivos.
La nulidad
llega cuando estos terrenos ya han sido vendidos, tanto a la promotora
inmobiliaria Pryconsa como al colegio Joyfe, para abordar la promoción
de más de 1.000 pisos protegidos de precio limitado y un centro
educativo privado, respectivamente.
Además
de esta sentencia, el Tribunal Supremo tiene pendiente de emitir otra para
pronunciarse sobre otro recurso –también presentado por la misma
asociación–, cuyo alcance puede ser muy relevante si, como ya hizo
en octubre de 2012, vuelve a tumbar el Plan General de Ordenación
Urbana de Madrid (PGOU).
Entonces, la
nulidad incluía 22 desarrollos urbanísticos del PGOU de 2007.
El recurso sobre el que ahora se debe pronunciar el Supremo se relaciona
con la rectificación del plan que el Ayuntamiento de Madrid llevó
a cabo en agosto de 2013.
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