ANTECEDENTES
22 de octubre
de 2015
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PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
LA RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN (RPA) EN LAS AUTOPISTAS DE PEAJE.
¿Qué
aprendo?
Se analiza
en la guía práctica inmoley.com de la obra pública,
guía de financiación de infraestructuras y guía
de expropiaciones urbanísticas. La responsabilidad patrimonial de
la Administración (RPA) en las autopistas de peaje afecta a los
supuestos en los que el Estado se vea obligado a hacerse cargo del pago
de las expropiaciones de las autopistas de peaje por el impago de la concesionaria
en concurso. A finales de 2014, el Ministerio de Fomento comunicó
por escrito el rechazo a la última propuesta realizada por la banca
acreedora que, a cambio de aceptar una quita y de reestructurar la deuda
actual en bonos, pedía una remuneración equivalente al bono
español a 30 años, actualmente situada por debajo del 3%.
La oferta del Ministerio de Hacienda limitaba la rentabilidad al 1%. Los
bancos internacionales, entre los que figuran ING, BES o Credit Agricole,
se niegan a aceptar un descuento tan grande e igual para todos. La principal
garantía de estas entidades es la RPA en caso de que el activo entre
en liquidación. Si no hay acuerdo, y se inicia una liquidación
ordenada de los activos, responsabilidad estatal podría ascender
5.700 millones. Esta cantidad sale de la suma de las garantías contractuales
(Responsabilidad Patrimonial de la Administración) y de sucesivas
medidas de apoyo que el Gobierno aprobó por ley (préstamos
participativos y cuentas de compensación). El asunto está
siendo estudiado por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos
y llegará al Consejo de Ministros a fin de formular un Decreto Ley
que fije la fórmula para calcular la RPA en cada una de las concesiones
otorgadas por Fomento. En el caso de que hubiese una reducción en
el volumen de la RPA sería grave para los accionistas y para la
banca, que no vería cubiertos los créditos aportados para
la construcción de las carreteras, pero esto ya ha sucedido con
la supresión de las primas a las energías renovables a través
de las distintas fases de la reforma energética.
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conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías
prácticas
La constructora
OHL ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) que sus sociedades Aeropistas S.L.U. y Autopista Eje Aeropuerto
Concesionaria Española S.A.U., que explotan el tramo de peaje entre
Madrid capital y Barajas, han sido declaradas en liquidación. "A
raíz del auto citado se inicia la fase de liquidación de
ambas sociedades y como consecuencia de ello nace para la administración
la obligación legal de resolución del contrato de concesión
y con ella la del pago de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración
(RPA)", señala OHL en el hecho relevante remitido a la CNMV.
Con eso,
se pone en cuestión la tesis del Ministerio de Fomento, que ha venido
defendiendo que el rescate de las autopistas no tendría coste para
el Estado, pero que no ha sido capaz de encontrar una solución al
problema.
"Además
de lo anterior se monetizarán la totalidad de los activos de ambas
sociedades, tanto bienes como derechos, a los efectos de permitir el pago
de los acreedores y, en su caso, de los accionistas", añade. OHL
no facilita cifras de la deuda de esta concesionaria. Durante esta fase
cesan en su función los administradores, siendo sustituidos por
la Administración concursal.
Además
de esta autopista de peaje al Aeropuerto de Madrid Barajas, varias autopistas
de peaje están en concurso de acreedores y se van acercando a la
fase de liquidación sin que haya una propuesta de convenio aceptada.
Con ello, corren el riesgo de desatar también la responsabilidad
patrimonial de la Administración, de modo que el Estado tenga que
hacer frente a un rescate de miles de millones de euros
Las autopistas
en problemas se construyeron siguiendo un sistema por el que las constructoras
se hicieron cargo de las obras a cambio de la concesión para explotar
las vías a largo plazo, de modo que la infraestructura no exigía
desembolsos públicos.
La autopista,
abierta en 2005, pidió el concurso voluntario de acreedores en noviembre
de 2013. El coste de las expropiaciones y, especialmente, los tráficos
“extremadamente bajos", según la empresa, motivaron la petición,
que coincidió en todo caso con el concurso de otras siete autopistas
de peaje construidas en aquella época. El eje Madrid Aeropuerto
tiene una longitud de apenas 9,4 kilómetros y, aunque el precio
del peaje es de 1,55 euros, la autopista discurre en paralelo a otras vías
de acceso a la Terminal 4 que no son de pago.
La liquidación
es consecuencia, además del fracaso del negocio, de la falta de
acuerdo en las negociaciones a tres bandas entre Fomento, concesionarias
y banca para el rescate público de estas sociedades. Las siete autopistas
de peaje en concurso suman una deuda de unos 4.000 millones de euros; el
Gobierno pretendía rescatar estas sociedades a cambio de que sus
acreedores aceptasen una quita de en torno al 50%. Las propuestas del Ejecutivo
no fueron aceptadas por la banca y en febrero entró en liquidación
la AP-36, entre Ocaña y La Roda.
Según
el sector, la responsabilidad acumulada por el Estado en estas concesiones
puede alcanzar los 4.500 millones de euros, en caso de que todas entren
en liquidación y se pida la responsabilidad patrimonial. Son, además
de la M12 y la AP 36, la AP-41, que conecta Madrid y Toledo; la R-3, entre
Madrid y Arganda; la R-4, cuyo trazado discurre desde la M-50 (Madrid)
hasta Ocaña (Toledo); la R-5, entre Madrid y Navalcarnero y la autopista
que discurre entre Cartagena (Murcia) y Vera (Almería).
ANTECEDENTES
15 de enero
de 2015
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JORNADAS
inmoley.com SOBRE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN
(RPA) EN LAS AUTOPISTAS DE PEAJE.
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conocimiento en valor añadido: Guía práctica
inmoley.com de la obra pública y guía de expropiaciones urbanísticas.
La responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) en las
autopistas de peaje afecta a los supuestos en los que el Estado se vea
obligado a hacerse cargo del pago de las expropiaciones de las autopistas
de peaje por el impago de la concesionaria en concurso.
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práctica > Guías prácticas
El sobrecoste
de las expropiaciones, la crisis y la existencia en muchas ocasiones de
carreteras gratuitas que cubren el mismo trayecto, ha llevado a varias
autopistas de peaje al concurso de acreedores.
Es el caso
de las cuatro autopistas radiales de Madrid (R2, R3, R4 y R5), del Eje
Aeropuerto; de la AP41, que conecta Madrid y Toledo; la AP36, que discurre
entre Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete); y la Cartagena (Murcia)
y Vera (Almería).
Fomento
negocia desde hace tiempo con constructoras, concesionarias y entidades
financieras la creación de una entidad similar a la extinta Empresa
Nacional de Autopistas (ENA).
Inicialmente,
el valor residual de estas concesiones estaba previsto que representase
el 20 % del capital de la empresa, en tanto que el 80 % restante sería
controlado por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre
(Seittsa).
Los sobrecostes
en las expropiaciones y las compensaciones por la caída del tráfico
suman 1.260 millones y si se imputa directamente al RPA afecta al déficit
público, ya que al ser un desembolso del Estado computa frente a
Bruselas.
La solución
pasa por los bancos acreedores ya que los accionistas de las empresas cedieron
los derechos de cobro a las entidades en garantía por los préstamos
con los que construyeron las carreteras.
El Ministerio
de Fomento sigue sin dar una solución al problema de las autopistas
en quiebra y 2014 ha concluido sin acuerdo.
Estando
el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la secretaría
de Estado de Infraestructuras se planteó la quita del 50% sobre
los casi 5.000 millones de euros de deuda que arrastran las autopistas
y negociar el tipo de interés que debe fijarse para devolver la
deuda en 30 años. El interés que devengará esta deuda
se sitúa entre el 1,1% que está dispuesto a reconocer Fomento
y el 2% que como mínimo reclaman los bancos extranjeros.
El problema
que tiene Fomento es que, si dejan quebrar las autopistas, el Estado tendría
que afrontar la llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración
(RPA), con lo que los 4.000 millones de euros se contabilizarían
como deuda pública.
Ferrovial,
OHL y Abertis, tres de las constructoras implicadas, se han mostrado totalmente
en contra de la liquidación, ya que consideran que sería
una decisión que aportaría una mala imagen para el sector.
Máxime cuando todas las empresas afectadas están presentes
en el extranjero y gestionan otras autopistas en Canadá, EEUU, Latinoamérica
y Europa donde, en ningún caso, se ha producido una situación
similar.
Ahora Fomento
quiere unificar la solución, pero ninguna de las autopistas tiene
la misma deuda, tampoco el mismo tráfico e incluso la financiación
extranjera es diferente.
El caso
es que esta fórmula permite unificar todos los concursos de acreedores
de las ocho autopistas de peaje en un solo juzgado de Madrid y al tener
que votarse las propuestas de convenio a la vez, es posible que los concursos
de acreedores se retrasen hasta 2016.
A finales
de 2014, el Ministerio de Fomento comunicó por escrito el rechazo
a la última propuesta realizada por la banca acreedora que, a cambio
de aceptar una quita y de reestructurar la deuda actual en bonos, pedía
una remuneración equivalente al bono español a 30 años,
actualmente situada por debajo del 3%. La oferta del Ministerio de Hacienda
limitaba la rentabilidad al 1%. Los bancos internacionales, entre los que
figuran ING, BES o Credit Agricole, se niegan a aceptar un descuento tan
grande e igual para todos. La principal garantía de estas entidades
es la RPA en caso de que el activo entre en liquidación.
Si no hay
acuerdo, y se inicia una liquidación ordenada de los activos, responsabilidad
estatal podría ascender 5.700 millones. Esta cantidad sale de la
suma de las garantías contractuales (Responsabilidad Patrimonial
de la Administración) y de sucesivas medidas de apoyo que el Gobierno
aprobó por ley (préstamos participativos y cuentas de compensación).
17 de diciembre
de 2014
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SIN QUITA
NO HAY RESCATE DE LAS AUTOPISTAS
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inmoley.com de ingeniería de infraestructuras, carreteras. Las negociaciones
han encallado en torno a la quita que exige el estado para quedarse con
las autopistas radiales que han quebrado. El Ministerio de fomento se mantiene
firme en el 50% a fin de cumplir con el límite de gasto exigido
desde Europa. Las constructoras advierten de las consecuencias de la quiebra
total.
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práctica > Guías prácticas
La ministra
de Fomento, Ana Pastor, asegura que sigue trabajando en un proyecto para
solventar la situación de las ocho autopistas en riesgo de quiebra
"sin que al Estado le cueste ni un sólo euro" dado que, según
advirtió, en caso contrario "no habrá solución".
Estamos
"viendo de qué modo el Estado no tiene que pagar ni un solo euro"
para atajar la quiebra de las ocho autopistas de peaje de más reciente
construcción. Pastor detalló que su Departamento sigue estudiando
el proyecto para solucionar los problemas de estas vías, que pasa
por aplicar una quita del 50% a la deuda de 3.400 millones de euros que
suman estas autopistas, para posteriormente integrarlas en una sociedad
pública.
Pastor
ha explicado que su Departamento lo que está estudiando es "hacer
una quita del 50%" de la deuda, y ha afirmado que el proyecto se resolverá
"en el momento en que haya una solución que nos cueste cero euros,
si no, no habrá solución", insistió.
Ferrovial,
OHL y Abertis han manifestado su negativa a una eventual liquidación
de las ocho autopistas actualmente en quiebra, al considerar que constituye
la "peor y más salvaje" de las soluciones posibles para estas vías,
por la "mala imagen" que ocasionaría al país.
Según
Francisco Reynés, de Abertis, es mejor evitar la "batalla jurídica"
que desencadenaría una eventual liquidación de estas vías,
por la que todas las partes implicadas (promotores, constructores, bancos
y expropiados) buscarían defender sus derechos y garantías.
Íñigo
Meirás, consejero delegado de Ferrovial, entiende que la liquidación
de las autopistas en problemas constituiría asimismo la opción
"más costosa", sobre todo para las arcas públicas, dado que
el Estado debería atender a la responsabilidad patrimonial de la
administración (RPA) que tiene ante los contratos de concesión.
Juan Luis
Osuna, consejero delegado de OHL Concesiones, apuesta por que dentro de
esta solución de constitución de una nueva empresa nacional
de autopistas con las vías quebradas se analice con más detalle
las "distintas características y situación de cada una de
las vías".
