| Esta circunstancia
afecta a los arquitectos de Canarias, ya que los planeamientos y proyectos
se han retrasado durante años en algunos casos, acabando en los
tribunales y paralización el desarrollo de planes generales. Al
respecto, Argeo Semán, presidente del Colegio de Arquitectos de
Santa Cruz de Tenerife (Coactfe) se muestra escéptico con la nueva
ley del suelo.
"El problema
no está en cuáles son las administraciones que intervienen,
sino en cuánto tarda cada administración porque estamos permanentemente
en una sucesión de informes y contra informes jurídicos que
acaban alargando los procesos de aprobación", indicó en declaraciones
a la SER. Del mismo modo, Semán basa su escepticismo en que el urbanismo
se ha convertido en un arma política arrojadiza en los ayuntamientos,
donde tienen más fuerza los planes generales que los presupuestos
municipales".
En la misma
línea, el arquitecto y coordinador de la comisión de estudio
de la nueva ley del Suelo que aglutina a la Cámara de Comercio de
Santa Cruz de Tenerife, CEOE y Fepeco, Hugo Luengo, valora el cambio de
normativa, especialmente en el caso de la simplificación de los
trámites en la Cotmac. "Históricamente se ha estado tratando
a las administraciones locales como cabildos y ayuntamientos y hemos montado
un tinglado en el que hasta las decisiones más pequeñas tenían
que acabar en la Cotmac y eso es un disparate", señaló Luengo
a la cadena SER.
Otro debate
relevante es la legalización de viviendas. En el artículo
140 del anteproyecto de Ley del suelo de Canarias se señala que
el planeamiento urbanístico, en el caso de las viviendas fuera de
ordenación, deberá ceñirse a "la realidad preexistente"
y será a través de la adecuación de los planes generales
de ordenación a la Ley, la forma por la cual se podrán legalizar
las viviendas.
Sólo
en Santa Cruz de Tenerife hay 1.700 viviendas fuera de ordenación.
"En Santa Cruz,
la realidad que venía de los planes de 1992 provocó que en
2014, cuando se aprueba definitivamente el PGO, no se cumplieran los estándares
tasados por la ley pero ahora, si el PGO se adaptara a la Nueva Ley del
Suelo, desaparecería todo el fuera de ordenación por exceso
de edificabilidad que tiene el centro de la ciudad", explica Argeo Semán.
Si finalmente
se aprueba el texto normativo, aún pendiente del visto bueno del
Parlamento de Canarias, podrán legalizarse un total de 160.000 viviendas
fuera de ordenación en las Islas.
ANTECEDENTES
24 de febrero
de 2016
NOTICIA
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ANTEPROYECTO
DE LA LEY DEL SUELO DE CANARIAS
¿Qué
aprendo?
Se analiza
en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de Canarias.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de la Ley del Suelo
de Canarias, que busca simplificar, clarificar y dar seguridad jurídica
a las decisiones sobre el territorio. El Consejo de Gobierno tomó
en consideración el anteproyecto de Ley del Suelo con los criterios
de simplificar, racionalizar y actualizar el uso del territorio en las
Islas. Para ello se derogarán cuatro leyes: la de Ordenación
del Territorio (año 2000), la de Directrices (2003), la de Armonización
y Simplificación (2014) y la de Inversiones Estratégicas
(2015). Así lo puso de manifiesto el presidente del Ejecutivo
regional, Fernando Clavijo, que señaló que el texto articulado
no cambia la filosofía de las directrices de ordenación.
"El objetivo último es proteger el paisaje y las condiciones generales
que tienen estas islas, permitir que se desarrolle la actividad económica
en el suelo que ya está clasificado e impedir que se consuma y clasifique
más suelo".
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prácticas
Asimismo,
puso de relieve la "maraña normativa" que existe en la actualidad
sobre este asunto con la existencia de tres leyes, "multitud" de planes
de ordenación, "fronteras confusas" entre las administraciones insular
y municipales y sucesivas adaptaciones de los textos.
Esta situación,
dijo Clavijo, tiene como consecuencias que hay una rigidez en el planteamiento
con procedimientos "interminables" que pueden durar hasta 12 años
de media; que produce tensiones entre las administraciones y que supone
una carga injustificada sobre empresas y ciudadanos. Asimismo, expuso que
ante todo esto se han dado casos en los últimos años de "vías
de escape", que no "soluciones", como la suspensión del planeamiento
aplicando el artículo 47 de la Ley del Territorio, recordando casos
como el de la ampliación del Aeropuerto de Gando (Gran Canaria),
el Plan de Modernización Turística (2009 y 2013) o el recorte
de plazos en la tramitación con la Ley de Inversiones Estratégicas
de 2015.
La nueva
ley no toca suelo turístico o espacios naturales Por su parte, el
presidente canario hizo especial hincapié en que la Ley del Suelo
no toca los espacios naturales protegidos y que se promueve la contención
en el consumo de suelo rústico. Además, comentó que
se mantiene el principio de permitir el desarrollo de suelo urbanizable
sólo contiguo al urbano, así como la práctica prohibición
de clasificar nuevos suelos turísticos. Los principios de la reforma
atienden al desarrollo sostenible como objetivo en todas sus nuevas dimensiones;
movilidad, eficiencia energética, conservación del paisaje
y lucha contra el cambio climático. Desde este principio "irrenunciable",
Clavijo señaló que la nueva Ley se propone simplificar, racionalizar
y actualizar la toma de decisiones administrativas sobre el territorio,
con el fin último de flexibilizar el uso del suelo apto para ser
desarrollado o renovado, por un lado, y proteger los suelos valiosos.
Con todo,
el presidente recordó que la nueva norma quiere aglutinar todas
las reglas fundamentales de protección, ordenación y utilización
del suelo, por lo que viene a sustituir a otras tres normas De este modo,
la Ley del Suelo se propone sustituir al Texto Refundido de la Ley del
Territorio del año 2000, a las Directrices de Ordenación
(2003) y a la Ley de Armonización y Simplificación (2014).
La nueva norma excluye modificar la normativa vigente sobre turismo, patrimonio
histórico, comercio, actividades, clasificadas, vivienda, etc.,
sin perjuicio de algunos ajustes vía disposiciones adicionales.
"todo suelo no urbano o no urbanizable será suelo rústico"
Mientras,
el borrador mantiene las categorías actuales desde la perspectiva
de ordenación del suelo —rústico, urbanizable y urbano—,
pero introduce una novedad al considerar que "todo suelo no urbano o no
urbanizable será suelo rústico", invirtiendo el criterio
fijado por la Ley estatal 6/1998, que liberalizaba suelo. Desde la perspectiva
del borrador, sólo se admitirá el nuevo suelo urbanizable
preciso para las necesidades a las que no da respuesta el suelo ya clasificado
desde el punto de vista del interés público. Finalmente,
otra de las novedades que plantea el borrador tiene que ver con la revisión
de los procedimientos en función de las competencias atribuidas
a cada Administración en materia territorial y urbanística.
De esta manera, las herramientas de planeamiento —planes insulares, planes
generales de ordenación, etc.— serán aprobadas por las Administraciones
competentes, mientras que las Administraciones afectadas intervendrán
en proceso vía informe sobre aquellas materias que sean de su competencia.
NOVEDADES
Los ayuntamientos
y cabildos puedan realizar modificaciones puntuales de su planeamiento
en un máximo de seis meses para acoger nuevos proyectos urbanísticos
y de inversión, frente a los 12 años actuales.
La legislación
vigente obliga a las corporaciones locales a revisar todo el plan general
o insular cuando se pretende hacer algún cambio concreto que permita
nuevos desarrollos no previstos en el documento en vigor. "Lo que es extraordinario
se ha convertido en habitual y eso hay que revertirlo", aseguró
ayer el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo.
Otra modificación
sustancial es que el planeamiento no tendrá que revisarse en su
integridad cuando entre en vigor la ley, como sucedía hasta ahora.
Clavijo puntualizó que la norma se aplicará al día
siguiente de su publicación en el BOC y los ayuntamientos y cabildos
tendrá libertad para adaptarse o no, lo que supone que no tendrá
efecto retroactivo.
La Ley
del Suelo deja en manos de las corporaciones locales no sólo la
tramitación de los planes, sino también su aprobación
definitiva y el informe de legalidad. De esta forma, la Cotmac pasará
de ser un organismo vigilante y supervisor a convertirse en un ente que
se encargará de realizar el informe que emita la Comunidad Autónoma
sobre los planes generales e insulares, sin potestad ya para cuestionar
o bloquear los mismos como hasta ahora.
Clavijo
defendió que el espíritu de la ley es que "cada Administración
será responsable de aprobar su planeamiento". En la tramitación
habrá un ahorro sustancial de trámites y se elimina la aprobación
provisional, de tal forma que habrá un avance, una aprobación
inicial y la definitiva.
SUELO URBANIZABLE
Según
los datos que obran en poder de la Consejería de Política
Territorial, en Canarias hay unos 54 millones de metros cuadrados de suelo
urbanizable, aunque los cálculos de la empresa pública Grafcan
elevan esta cifra hasta los 100 millones de metros cuadrados. En cualquier
caso, Clavijo aseguró que en Canarias hay suficientes terrenos urbanizables
para los próximos 20 años, por lo que no hay necesidad de
habilitar más suelo. La ley invierte también lo aplicado
hasta ahora de forma que todo el suelo no clasificado se considera rústico
con el fin de consolidar su uso para la agricultura y la ganadería.
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