TOTANA
El ayuntamiento
de Totana deberá devolver los 2,4 millones de euros que recibió
de la empresa Promociones Urbanísticas San Fulgencio por un convenio
urbanístico que resultó inviable al proyectarse sobre terrenos
que cuentan con hábitats de interés comunitario. Así
lo dispone una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región
(TSJ) que estima el recurso que esta sociedad presentó contra la
dictada por el Juzgado de lo Contencioso número Ocho de Murcia,
que no admitió su demanda al considerar que la debía haber
planteado contra la junta de gobierno local, y no contra el alcalde.
Para el Juzgado,
en la sentencia que ahora se revoca, la denuncia del convenio debió
ser dirigida a la citada junta de gobierno, que era la competente para
resolver, lo que no se hizo, por lo que no se podía imputar a la
misma la desestimación presunta, por lo que no había acto
impugnable.
Frente a esa
argumentación, la Sala de lo Contencioso del TSJ dice que "si el
ayuntamiento entendía que el alcalde no era el órgano competente
para conocer del recurso, lo que debió hacer es remitirlo al que
consideraba competente, en este caso, la junta de gobierno local".
Igualmente
recuerda que fue precisamente el alcalde de la localidad el que suscribió
el convenio urbanístico, que no fue posible ejecutar al no ser aprobada
por la Comunidad Autónoma la recalificación urbanística
que el mismo conllevaba.
Precisamente
esa negativa se debió a que los terrenos sobre los que se proyectaba
tienen hábitats de interés comunitario.
"Ello supone
-concluye la Sala- que, en los términos pactados, el convenio no
se ha cumplido, y, al darse esta circunstancia, entraría en juego
la cláusula del convenio que contempla los efectos del incumplimiento,
correspondiendo la devolución de las cantidades recibidas por el
ayuntamiento".
La sentencia
señala también que la misma es firme, ya que contra ella
no cabe recurso alguno.
«NOS
HA TRAÍDO LA RUINA».
De esta forma
valoró ayer el alcalde de Totana, Juan José Cánovas,
lo que se le viene encima al Ayuntamiento tras la condena del Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) que le obliga a devolver los 2.416.392 euros
que percibieron las arcas municipales -en concepto de adelanto- de un convenio
suscrito con Promociones Urbanísticas San Fulgencio. La empresa
solicitó de la Alcaldía en febrero de 2013 que procediera
«a la mayor brevedad» a devolver las cantidades adelantadas,
pero, ante la negativa municipal, pasó de la vía administrativa
a la judicial, y el TSJ le ha dado ahora la razón.
El convenio
preveía la construcción de unas 4.000 viviendas y abarcaba
1,6 millones de metros de suelo urbanizable en la pedanía del Raiguero.
En concreto, en el paraje Corral Rubio, afectado por hábitats de
interés comunitario de la Sierra de Aguaderas. La firma se produjo
el 31 de octubre de 2006, cuando el alcalde era el popular Juan Morales,
y de los 4.832.784 euros previstos, la empresa adelantó el 50% en
dos talones de 1,2 millones cada uno, que se abonaron entre febrero y junio
de 2007.
El proyecto
se canceló cuatro años después porque la Consejería
de Obras Públicas y Ordenación del Territorio suspendió
«el otorgamiento de aprobación definitiva» al Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU). Al quedar en suspenso el convenio,
Promociones Urbanísticas San Fulgencio solicitó al Ayuntamiento
que le devolviese el dinero adelantado, tal y como recogían las
cláusulas del contrato. El Juzgado de lo Contencioso número
8 de Murcia no admitió la demanda de la empresa porque tendría
que haber sido planteada contra la Junta de Gobierno y no contra el alcalde.
El TSJ ha aceptado
el recurso al considerar que, «en los términos pactados, el
convenio no se ha cumplido, y, al darse esta circunstancia, entraría
en juego la cláusula del convenio que contempla los efectos del
incumplimiento, correspondiendo la devolución de las cantidades
recibidas por el Ayuntamiento».
El alcalde
confirmó que la sentencia es firme y que el importe es mayor porque
hay que sumar los intereses de demora.
La empresa
se tendrá que poner a la cola porque el Ayuntamiento también
adeuda 3,5 millones de otros tres convenios anulados por la Declaración
de Impacto Ambiental, en el paraje Las Cabezuelas, Llano de las Cabras
y Santa Leocadia.
ANTECEDENTES
OCTUBRE 2015
LORCA
Una serie
de medidas de estímulo y reactivación económica estarán
incluidas en el proyecto de ordenanzas municipales para 2016, cuyos principales
detalles anticipó el concejal de Economía y Hacienda, Fulgencio
Gil. «Garantizar la viabilidad financiera del Ayuntamiento, así
como la estabilidad económica y la sostenibilidad de las cuentas
son objetivos que buscaremos con el futuro presupuesto», señaló
el edil.
Gil no dudó
en calificar como «un cáncer para la hacienda local»
el problema de la devolución del dinero que recibió en su
momento y gastó el Consistorio, que gobernaba los socialistas, como
consecuencia de la firma de 17 convenios urbanísticos que no se
materializaron por incumplimiento del compromiso municipal.
Los sucesivos
fallos judiciales contra el Ayuntamiento, ante las reclamaciones de los
promotores, obligan a devolver el dinero adelantado en su momento, unos
12 millones de euros más gastos. Gil anunció que en los presupuestos
de 2016 se incluirá una partida que supera el millón de euros
con este fin, pero que si las condenas siguen tal como hasta ahora, al
final serán 16 los millones a devolver.
El edil
puso por delante los aspectos que considera positivos para incentivar esa
reactivación económica y, en este sentido, anunció
que «habrá nuevas bonificaciones del IAE para autónomos
y pymes que inicien cualquier clase de negocio o actividad empresarial:
el 50% el primer año y 30% en los cuatro siguientes».
Una de las
formas de ayudar a la reactivación del casco histórico será
con «la bonificación del 75% del ICIO para obras de construcción,
reforma, rehabilitación y adecuación de toda clase de inmuebles
en zona PEPRI». También se prorrogará el régimen
de exenciones y bonificaciones para reconstrucción y rehabilitación
de inmuebles afectados por los terremotos que finalizaban este año.
El responsable
de la hacienda local anunció que el Ayuntamiento solicitará
un préstamo bancario por 12,5 millones de euros para eliminar el
remanente negativo de tesorería y conseguir más recursos
para gasto social e inversiones, mantener el período de pago medio
a proveedores y bajar los impuestos en futuros ejercicios. Gil afirmó
que desde 2007 se ha conseguido rebajar ese remanente negativo de tesorería,
resultado de la acumulación de ejercicios presupuestarios liquidados
con déficit, de 33 millones a los 12,5 millones de euros actuales.
23 de septiembre
de 2015
NOTICIA
ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA
PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
INDEMNIZACIONES
POR CONVENIOS URBANÍSTICOS EN MURCIA.
¿Qué
aprendo?
Se analiza
en la guía práctica inmoley.com de convenios urbanísticos
y en la guía del urbanismo de Murcia. El ayuntamiento de Lorca ha
recibido ocho sentencias judiciales condenatorias que le obligan a devolver
a promotores urbanísticos 4,8 millones de euros que éstos
le adelantaron a cuenta hace diez años, a la firma de convenios
urbanísticos para construir miles de viviendas que no han llegado
a ejecutarse. El concejal de Economía y Hacienda, Fulgencio Gil,
ha señalado que a esa cantidad hay que añadir los intereses
y las costas judiciales y ha abundado en que el consistorio ya ha satisfecho
a esos promotores la cantidad de 1,5 millones y tiene pendiente de pago
2,6 millones de euros más. Estos ocho convenios forman parte de
un paquete de 17 que fueron suscritos en un pleno municipal en 2005 para
recalificar con uso residencial suelo inadecuado para desarrollo urbano
(SIDU) en el que construir 87.000 viviendas. De todos ellos ninguno ha
llegado a desarrollarse y solo tres continúan la tramitación
para su puesta en marcha en una fase aún muy inicial.
Convertir
conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías
prácticas
Todas las
sentencias judiciales de condena son firmes, pero además otros cuatro
convenios también están en vía judicial y los promotores
exigen al consistorio la devolución de otros 5,7 millones de euros,
ha dicho Gil.
El ayuntamiento
recibió unos 13 millones de euros a la firma de aquellos convenios,
pero incumplió una cláusula que le obligaba a resolver todos
los trámites urbanísticos en un plazo de tres años
y ahora se enfrenta al pago de aquellas cantidades, más la suma
de los intereses y de las costas judiciales.
Si se confirmara
la perspectiva judicial negativa que manejan los servicios jurídicos
municipales, el ayuntamiento se vería obligado a devolver por estos
convenios entre 14 y 16 millones de euros incluyendo los intereses y las
costas judiciales.
Además
del bloque de estos convenios, otro grupo de cuatro sociedades promotoras
reclama al ayuntamiento la devolución de 5,3 millones de euros más
por convenios correspondientes al Plan General, que no forman parte del
paquete anterior, y sobre los que el consistorio confía en que la
reclamación sea desestimada.
3 de marzo
de 2015
NOTICIA
ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA
PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
NULIDAD
DE CONVENIOS URBANÍSTICOS EN MURCIA
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conocimiento en valor añadido: Guía práctica inmoley.com
de convenios urbanísticos y del urbanismo de Murcia. El Ayuntamiento
de Totana anula un Convenio Urbanístico en las Cabezuelas. Se trata
dos convenios urbanísticos que fueron rechazados por la Comunidad
Autónoma, en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de
4 abril 2011. Se tratan del C-51, ubicado en las Cabezuelas y que no podría
desarrollarse por encontrase ubicado en un hábitats de especies
protegidas. La anulación del C-51 conlleva la obligación
del Ayuntamiento de Totana de la devolución a los Promotores, de
casi 4.000.000 de euros, ingresados por el 50% del total
Herramienta
práctica > Guías prácticas
También
en la misma sesión, fue anulado el Convenio C-52, ubicado en la
misma zona de Las Cabezuelas, al oeste del Casco Urbano de Totana y que
supone la pérdida real del edificio del Cine Velasco, que fue entregado
al Consistorio, a cambio de los supuestos 2 millones que deberían
haber ingresado los Promotores del C-52.
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