| EL PEQUEÑO
INVERSOR
Hace dos años,
en Denia, el Cercle Empresarial de la Marina Alta (Cedma), culpó
de la fuga de inversión extranjera al bloqueo de las licencias.
Los empresarios hablaron de «inseguridad jurídica» y
criticaron que no se den permisos de primera ocupación. Argumentaron
que «en muchos casos» la Confederación Hidrográfica
del Júcar (CHJ) no contesta sobre las licencias en sectores que
no tienen alcantarillado (por ejemplo, el Montgó y les Rotes) y
el consistorio no las otorga. «Esas propiedades se quedan en el limbo
administrativo». «El inversor viene hoy en día con un
abogado y, si no tiene la garantía de esa licencia, prefiera marcharse
a otras poblaciones, como Xàbia o Teulada, donde sí se las
dan», aseguraron los empresarios, que criticaron que la ciudad «pierda
oportunidades de negocio y empleo».
EL GRAN INVERSOR
El periódico
la
voz de Galicia, señala que la inseguridad urbanística
frena inversiones y pone en riesgo el desarrollo industrial de Galicia.
Pone el ejemplo de los japoneses de Mitsubishi, que después de meses
buscando el suelo adecuado para montar una fábrica de baterías
de litio para coches eléctricos salieron corriendo al ver que el
terreno elegido, la Plataforma Logística de Salvaterra (en Pontevedra)
tenía encima más de 300 demandas judiciales por irregularidades
en la expropiación.
O el de PSA
Peugeot Citroën. Tras 55 años instalada en Vigo, la multinacional
está lanzando señales de alerta, porque la anulación
del Plan General de Ordenación Urbana de Vigo por orden judicial
(sentencia del TSXG) ha paralizado la ampliación de las instalaciones
de PSA en el polígono de Balaídos, un proyecto de expansión
que los franceses consideran imprescindible para el futuro de su actividad
en Galicia.
Esta parálisis
urbanística supone una seria amenaza para el triple lanzamiento
(tres furgonetas de las marcas Peugeot, Citroën y Opel) adjudicado
a la factoría viguesa para finales del 2017, sobre un pliego de
condiciones que contemplaba como requisito imprescindible la ampliación
de las instalaciones, que ahora está bloqueada, a expensas de una
nueva tramitación burocrática.
«Si no
se encuentra una solución en este año 2016 para garantizar
la ampliación de la planta, se producirá «un problema
muy grave para el futuro de Vigo», advirtió este lunes el
director de la factoría, Yann Martin. PSA Fabrica más de
400.000 coches al año en Vigo y da empleo directo a 6.000 trabajadores.
En A Coruña,
una empresa emblemática, Estrella Galicia, lleva año y medio
esperando que la burocracia municipal permita dar luz verde al proyecto
de expansión de la cervecera. La firma, oficialmente, no contempla
ningún otro escenario que no sea quedarse donde está, pero
la obra es estratégica para ella y si no logra su objetivo podría
plantearse hacer otra fábrica fuera de Galicia.
El sector de
la gran distribución es uno de los más afectados por la inseguridad
jurídica y la lentitud de las tramitaciones urbanísticas.
Un ejemplo, el grupo Eurofund Investimet tiene bloqueada una inversión
de 500 millones para instalar en Vigo el que sería el mayor centro
comercial de Galicia. El proyecto Porto Cabral se topó primero con
la oposición de los comuneros de montes de la parroquia elegida
para su emplazamiento; y ahora, con la sentencia del alto tribunal gallego
que ha tumbado el Plan General de Vigo.
En el aire
está también el centro comercial Megasa, en Vilagarcía.
La Xunta ha dado licencia al proyecto que cuenta con el rechazo del Ayuntamiento,
que ha modificado el plan general para impedirlo. El asunto se dirimirá
en los juzgados.
Otra inversión
de 33,5 millones de euros que se vino abajo recientemente es la Cidade
do Moble de A Estrada. Una sentencia del TSXG del 29 de octubre del 2015
tumbó la aprobación definitiva del proyecto sectorial por
carecer de un informe de Telecomunicaciones que era preceptivo.
ANTECEDENTES
13 de noviembre
de 2015
NOTICIA
ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA
PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
LA INSEGURIDAD
URBANÍSTICA DE CASTILLA LA MANCHA
¿Qué
aprendo?
Se analiza
en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de Castilla
la Mancha. La razón por la que la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha ha anulado el planeamiento urbanístico que posibilitaba la
construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos
nucleares en el municipio conquense de Villar de Cañas es porque
si se anula el planeamiento urbanístico, entiende que no pueden
darse licencias de obra para el ATC. Pero a tan pocos meses de las elecciones
es improbable que se paralice nada, de modo que es más rentable
políticamente para el gobierno español no hacer nada y esperar
a que la Junta de Castilla La Mancha analice las consecuencias de un caso
de clara inseguridad urbanística, al declararse nulo un planeamiento
previamente aprobado por la misma Junta, aunque con la diferencia de un
cambio de color político. Y a modo de ejemplo, hay un buen número
de planeamientos de Castilla la Mancha con informes medioambientales controvertidos
que deberían llevar a la misma declaración de nulidad. Declarar
la nulidad en este caso y no en otros no parece lo más ecuánime.
Como al final no es un tema urbanístico, sino una cuestión
de estado imprescindible por la imposibilidad de seguir exportando los
residuos nucleares, lo más normal es que tras las elecciones se
declare zona de interés nacional y que se zanje una cuestión
que ha querido ser utilizada para fines muy diferentes a los urbanísticos.
Convertir
conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías
prácticas
Según
informa la Consejería de Fomento, se ha remitido al Ayuntamiento
de Villar de Cañas la resolución definitiva de la Junta sobre
el Plan de Ordenación (POM) de Villar de Cañas que fue aprobado
el pasado 19 de junio de 2015, con el Gobierno regional anterior en funciones.
Sometido
a revisión de los servicios técnicos y jurídicos de
la Consejería tras ser objeto de impugnación, la resolución
concluye que en el POM concurre un motivo de nulidad principal que afecta
al conjunto del plan y tres de anulabilidad con afectaciones parciales.
Por todas
estas razones, la Junta concluye que el plan queda anulado y sin efecto,
y se debe reiniciar toda su tramitación para redactarla acorde con
las distintas normas infringidas.
El primero
de los motivos hace referencia a tres informes emitidos por la Confederación
Hidrográfica del Guadiana en los que informa desfavorablemente en
cuanto a la suficiencia de recursos hídricos para las demandas que
contempla el plan de urbanismo, y una de esas demandas la integraría
la propia actividad del ATC.
La Junta
menciona el artículo 25.4 del texto refundido de la Ley de Aguas
que obliga a que en la planificación se contemplen y acrediten recursos
hídricos previos suficientes para satisfacer las necesidades que
contemple el ordenamiento, y sin embargo, Villar Cañas no cuenta
con la disponibilidad de dichos recursos.
Aunque
tiene solicitada la concesión de agua por medio de dos expedientes,
datados en 2013 y 2014, la Confederación no la ha otorgado y ha
informado negativamente el POM por este motivo hasta en tres ocasiones.
La resolución
de Fomento considera también que en el POM del municipio conquense
concurren además tres causas de anulabilidad.
La primera
hace referencia a la alteración del «suelo reglado»
en terrenos ubicados al norte del municipio, en la zona deportiva y de
ocio y el cementerio, que el POM de 2015 clasifica como rústicos
y en el planeamiento anterior figuraban como urbanos.
Además
de estar ejecutados, estos terrenos cuentan con todos los servicios urbanísticos
exigibles al suelo urbano.
Otra de
las irregularidades detectadas se produce en el Sector 13 de suelo urbanizable,
destinado a parque empresarial, que está ubicado junto a los terrenos
del ATC.
Este sector
necesita para su desarrollo la ejecución tanto de un viario específico
como de redes separativas e independientes de abastecimiento de agua y
de saneamiento, cuya ejecución no está contemplada.
Además,
tanto en el acuerdo sobre la evaluación ambiental del POM como en
el propio POM se indica que las edificaciones destinadas a actividades
nucleares se encuentran situadas a más de 2.000 metros desde el
punto más desfavorable de los núcleos de población
y de sus crecimientos.
Sin embargo,
los servicios técnicos del Centro Cartográfico de Castilla-La
Mancha han comprobado que todo el desarrollo residencial al norte del municipio
y parte del suelo urbano consolidado del casco actual se sitúa a
menos de 2.000 metros de la parcela definida por el POM para la construcción
del ATC.
ARGUMENTOS
El Plan
de Ordenación de Villar de Cañas que ahora ha sido anulado
fue aprobado definitivamente el 19 de junio por la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Además,
tanto en el acuerdo sobre la evaluación ambiental del POM como en
el propio POM se indica que las edificaciones destinadas a actividades
nucleares se encuentran situadas a más de 2.000 metros desde el
punto más desfavorable de los núcleos de población
y de sus crecimientos.
Sin embargo,
los servicios técnicos del Centro Cartográfico de Castilla-La
Mancha han comprobado que todo el desarrollo residencial al norte del municipio
y parte del suelo urbano consolidado del casco actual se sitúa a
menos de 2.000 metros de la parcela definida por el POM para la construcción
del ATC.
La argumentación
sostenida desde el Gobierno regional es que no se respetan los 2.000 metros
que debería haber entre la zona de edificación del ATC y
los equipamientos urbanos. A este recurso, según indica la información
publicada por El País, el Ejecutivo regional habría añadido
que no se podría acreditar que hubiera recursos hídricos
necesarios.
Durante
la tramitación del Plan Urbanístico, la Confederación
Hidrográfica del Guadiana dijo que no podría acreditar la
existencia de recursos hídricos suficientes para llevar a cabo las
actuaciones contempladas en este. Y que el documento anulado preveía
que se duplicara la población en los próximos diez años,
la construcción de un parque empresarial y un campo de golf.
ANTECEDENTES
7 de septiembre
de 2015
NOTICIA
ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA
PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
¿SE
PUEDE ANULAR EL PLAN DE URBANISMO DE VILLAR DE CAÑAS?
¿Qué
aprendo?
Se analiza
en la guía práctica inmoley.com del planeamiento urbanístico
y en la guía del urbanismo de Castilla La Mancha. La Junta de Castilla-La
Mancha está analizando la posibilidad de anular el planeamiento
urbanístico de Villar de Cañas con el único fin de
paralizar la concesión de licencias y en particular la del almacén
para residuos nucleares. El trasfondo es claramente político porque
el estado tiene medios como la proyecto como de interés público
de primer orden para seguir la construcción a pesar de esta vía
administrativa. Pero a tan pocos meses de las elecciones y más rentable
políticamente esperar a que la Junta de Castilla La Mancha se desgaste
en la presentación de un recurso con poca base y que la declaración
de interés público la haga el futuro gobierno tras las elecciones.
Así las cosas, nos centramos en los argumentos urbanísticos
de la junta para intentar anular el plan de urbanismo de Villar de Cañas.
Convertir
conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías
prácticas
La Junta
ha iniciado el proceso de ampliación de un espacio natural cercano.
Esta decisión supone la inclusión de la parcela en la que
se levantaría el silo dentro de un área protegida, lo que
implica el bloqueo de la construcción del almacén. Esta decisión
es contradictoria con los actos previos de la misma Junta, ya que a finales
de junio de 2015 la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha publicó la aprobación definitiva del
Plan de Ordenación Municipal (POM) de Villar de Cañas aprobado
por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo el pasado 19 de junio.
Según
la información publicada por el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
(DOCM), el documento urbanístico aprobado estuvo expuesto en el
Ayuntamiento de Villar de Cañas y en la sede de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Se abre ahora
un plazo de dos meses para interponer, contra este acuerdo, un recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha.
El nuevo
plan recogía un incremento de población que prácticamente
triplicaría los cálculos actuales, una ampliación
del casco urbano, la construcción de un instituto, una residencia
y hoteles.
Ya en agosto,
tras el cambio de gobierno, el ayuntamiento de Villar de Cañas se
despachó oportunamente contra la Junta. El Ayuntamiento de Villar
de Cañas (Cuenca) contestó a la consejera de Fomento de Castilla-La
Mancha, Elena de la Cruz, que el Plan de Ordenación Municipal (POM)
de esta localidad "ha sido aprobado por el órgano competente y siguiendo
el procedimiento legalmente establecido". En esta línea, el
Ayuntamiento destaca que los trabajos de elaboración del POM "se
han venido desarrollando a lo largo de estos últimos años,
quedando toda esta tramitación reflejada en el expediente de 1.054
folios entregado en los Servicios Provinciales de la Consejería
de Fomento". "El expediente está en el Ayuntamiento a disposición
de cualquier interesado que quiera examinarlo", ha manifestado el Ayuntamiento
de la localidad.
Asimismo,
señalan desde el Consistorio que "es de sobra reconocida la integridad,
el profundo conocimiento de la legislación urbanística de
Castilla-La Mancha y la competencia profesional de los funcionarios del
área de Urbanismo de los servicios periféricos de la Consejería
de Fomento en Cuenca, así como tantos otros funcionarios de las
distintas Consejerías que han intervenido en la tramitación
y aprobación del Plan, avalada por numerosos años de experiencia".
En relación
con el Plan de Ordenación Municipal de Villar de Cañas, y
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Ordenación del Territorio
y de la Actividad Urbanística y en el Reglamento de Planeamiento
de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y
de la Actividad Urbanística, el Ayuntamiento explica que se ha recabado
la participación y remitido copia de los trabajos de formación
del POM citado y del Informe de Sostenibilidad Ambiental (I.S.A.) a diversas
administraciones, entidades y asociaciones.
La Consejería
de Fomento ha elaborado un informe sobre el planeamiento urbanístico
de Villar de Cañas y tan solo contiene "irregularidades" en el documento
municipal sobre unas instalaciones deportivas. Señala, por ejemplo,
que "la zona de edificación nuclear del ATC se encuentra a una distancia
inferior a 2.000 metros tanto de los crecimientos residenciales propuestos
como de los sistemas generales de equipamientos existentes [una piscina
y un complejo polideportivo]". Sobre esta base sostiene "que se incumple
lo indicado" tanto en el plan urbano "como en el propio proyecto del ATC".
Además, la consejería también ha constatado que esas
instalaciones deportivas reciben en el nuevo documento la calificación
de suelos rústicos, cuando en la anterior planificación se
consideraban como urbanos. "Su clasificación (...) debería
ser la de suelo urbano consolidado", indica el informe de Fomento.
Paralelamente,
otro municipio colindante presentó la semana pasada alegaciones
contra la aprobación de la nueva planificación urbana de
Villar de Cañas por parte de la Junta el 17 de junio, cuando todavía
gobernaba el PP. Se trata de Alconchel de la Estrella, cuyo Ayuntamiento,
gobernado por el PSOE, rechaza que se instale en la zona el cementerio
nuclear. Las alegaciones, según fuentes del Gobierno autónomo,
son coincidentes con las conclusiones de la Consejería de Fomento.
Ahota los
servicios jurídicos de la Junta tienen que pronunciarse sobre las
alegaciones de Alconchel de la Estrella para paralizar esa planificación
por la vía administrativa. Luego, se tendría que abrir un
nuevo proceso de elaboración. Y luego los tribunales, con lo que
la Junta confía que si se anula el planeamiento urbanístico,
no pueden dar ninguna licencia de obra para el ATC, afirman fuentes de
la Junta de Castilla-La Mancha.
En conclusión,
que hay unas contradicciones tras evidentes entre las decisiones de la
Junta antes de las elecciones y después, que hacen muy difícil
sostener la nulidad del planeamiento, pues a efectos legales la Junta es
siempre la misma con independencia del color político y todo el
proceso legal del urbanismo de Villar de Cañas ha contado siempre
con el beneplácito de la Junta. Si un tribunal admitiese que tras
un cambio de gobierno se pudiese declarar zona protegida una zona para
propiciar artificialmente la nulidad del urbanismo ya aprobado se acabaría
con la seguridad jurídica urbanística.
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