| CASO EN
CÓRDOBA
El presidente
de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba, Pedro García,
ha informado al consejo rector que Anida ha depositado el aval de 10,5
millones de euros para la ejecución de urbanización en la
antigua azucarera de Villarrubia, ante "el incumplimiento" de los promotores.
En una nota,
el también primer teniente de alcalde ha explicado que la Gerencia
ha iniciado un diagnóstico técnico de la situación
de la urbanización y, en breve, redactará una actualización
del proyecto que permita el reinicio de las obras. El presidente de la
Gerencia considera "un reto importante e ilusionante la oportunidad que
se presenta al Ayuntamiento para desarrollar este suelo industrial y de
servicios, que cuenta con un techo de 150.000 metros cuadrados, reserva
de 20.000 metros cuadrados de terrenos para equipamiento y 17.000 metros
cuadrados para zona verde". Además, ha resaltado "la oportunidad
y el impulso que esto supone para Villarrubia y su zona próxima,
a la vez de la mejora de las conexiones con el futuro paso superior de
la línea ferroviaria".
El Plan Especial
de Reforma Interior (PERI-V1) de Villarrubia fue aprobado en 2007. Ordena
para uso industrial los terrenos de la antigua azucarera y colindantes,
con una superficie de 21,28 hectáreas y una edificabilidad de 150.000
metros cuadrados construidos. La actuación también comprende
conexiones externas como el paso superior sobre la línea de alta
velocidad Madrid-Sevilla hasta la Carretera de Palma del Río. Tras
la paralización de las obras de urbanización, el Ayuntamiento
declaró "el incumplimiento de la obligación urbanística
que tenía el promotor, Anida, de hacer dichas obras y acordó
realizarlas de forma subsidiaria por el propio Ayuntamiento". Para ello,
también "acordó ejecutar los avales depositados en la Gerencia
para tal fin, un total de 10,5 millones de euros", ha recordado.
CARTAGENA
Una sentencia
del Tribunal Superior de Justicia obliga a Hansa Urbana a iniciar antes
de un mes la rehabilitación del monasterio de San Ginés de
la Jara. Transcurrido ese plazo, será el Ayuntamiento el que asuma
esas obras. Empleará para ello el aval de 15 millones que la empresa
tiene depositado.
El fallo autoriza
la ejecución del aval para que el Ayuntamiento haga las obras si
Hansa Urbana no empieza.
La decisión
judicial, firme y contra la que no cabe recurso, enmienda una anterior
de un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cartagena, que anuló
una decisión de la Junta de Gobierno local. Este órgano dispuso,
en una reunión celebrada el 27 de abril de 2012, instar a la mercantil
a que iniciara en un mes las obras de restauración, cuyo comienzo
llevaba un gran retraso.
El fallo de
la primera instancia judicial anulaba la decisión de la Junta de
Gobierno local al considerar que no tenía competencias para tomarla.
El recurso del Ayuntamiento ha dado lugar a una sentencia que defiende
lo contrario y añade, en contra de lo argumentado por Hansa Urbana,
que «la restauración del edificio no se encuentra vinculada
en modo alguno a la aprobación del proyecto urbanístico Novo
Carthago», con sus 10.000 viviendas, sus hoteles y sus campos de
golf, porque «el coste fue asumido íntegramente por Hansa
Urbana, sin prever su distribución como gasto entre los propietarios
de las parcelas». Según la sentencia, la rehabilitación
de este bien de interés cultural es obligatoria en cumplimiento
de la Ley de Patrimonio de la Región.
«El fallo
considera que Hansa Urbana no está cumpliendo con su compromiso
de restaurar el monasterio. Por eso, si la empresa no responde, utilizaremos
el aval para iniciar la restauración», reiteró López.
En la resolución
judicial se exige también que se tomen las medidas de urgencia contra
el derrumbe de ciertas partes del edificio, tal y como también aprobó
el Gobierno municipal. Estas tareas sí se han llevado a cabo, en
todo o en parte, durante el año pasado, con la consolidación
de muros y estructuras, así como la cobertura de zonas que se vinieron
abajo.
La ejecución
de los trabajos de restauración, presupuestados en 1,5 millones
de euros en 2007, debe contar con el permiso y la supervisión de
la Dirección General de Bienes Culturales. «Si nos toca hacerla
a nosotros, nos pondremos en contacto con este departamento para ello»,
aseguró el alcalde.
El acuerdo
firmado por el Ayuntamiento con Hansa Urbana obligaba a esta última
a restaurar el monasterio. También a cederlo en propiedad al Ayuntamiento
como parte del proceso de urbanización de Novo Carthago. Pero este
proyecto está parado hace años, con el plan de reparcelación
anulado, ante la reclamación de una comunidad de regantes cuyos
terrenos están en el área de actuación. Además,
el plan de urbanización está sin desarrollar. Asimismo, hay
una investigación judicial en marcha sobre presuntas irregularidades
en la modificación del Plan General que permitió calificar
como urbanizable residencial esa zona litoral
Al alcalde
lo que le preocupa es el monasterio y por eso insistió en que está
dispuesto a ejecutar el aval de 15.003.050,52 euros si es necesario.
|
