| En base a
un informe redactado por el arquitecto Fernando Lobardía, redactor
del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca que la Justicia
anuló precisamente en lo que afecta a El Corte Inglés, la
oposición en bloque ha exigido este martes al Gobierno municipal
que realice una modificación puntual del PGOU para regularizar el
sector donde se ubica El Corte Inglés. Piden que se considere a
estos terrenos suelo urbano no consolidado para que se puedan exigir compensaciones
a los grandes almacenes por los 21.650 metros cuadrados de edificabilidad
que, según este documento, usó de más el centro comercial.
La compensación
propuesta es abrir al público los terrenos de Las Adoratrices, junto
al campo San Francisco, que es la petición que hacía Equo
que interpuso la demanda contra el convenio que permitió la llegada
de El Corte Inglés.
El pasado mes
de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló
la licencia de construcción por la que se permitió edificar
el centro comercial El Corte Inglés en Salamanca. La Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León declaró firme la anulación de la licencia e
impuso las costas procesales al centro comercial.
Esta sentencia
llega tras diversos recursos interpuestos por Equo y Ecologistas en Acción
en contra de los diferentes acuerdos urbanísticos a los que se llegaron
para construir este centro comercial en Salamanca.
Además
de esta sentencia que anula la licencia urbanística, los tribunales
también anularon la modificación del Plan General de Ordenación
Urbana de Salamanca, que era preceptivo para poder construir donde está
El Corte Inglés, en la avenida de María Auxiliadora, en el
barrio de Garrido.
Este centro
comercial se edificó en una zona donde estuvo un cuartel del Ejército
de Tierra, por lo que fue necesario un convenio entre El Corte Inglés,
el Ayuntamiento de Salamanca y el Ministerio de Defensa.
LIMITACIONES
DE LA NORMATIVA DE COMERCIO
La Junta de
Castilla y León estima en un informe de la Dirección General
de Comercio que no cabe exigir a El Corte Inglés más medidas
correctoras que las que asumió en su día. La clave está
en la legislación aplicable, que ha cambiado desde la concesión
de licencia a los grandes almacenes.
Cuando El
Corte Inglés negocia los términos para instalar un nuevo
centro comercial de su cadena en Salamanca, estaba vigente el Plan Regional
de ámbito sectorial de Equipamiento Comercial de Castilla y León
(aprobado en el Decreto 104/2005, de 29 de diciembre), que desarrollaba
lo que sí era una exigencia entonces, las compensaciones a los sectores
económicos locales afectados por una licencia de gran superficie,
tal y como se señalaba en la Ley 16/2002, de Comercio de Castilla
y León.
Sin embargo,
posteriormente la ley cambió para adaptar la normativa española
y autonómica a la directiva marcada por Europa, que prohíbe
taxativamente este tipo de compensaciones por considerarlas un acto que
daña la libre competencia. Así lo expresa el informe de la
Dirección General de Comercio al que TRIBUNA ha tenido acceso. Esa
directiva está traspuesta e integrada en la normativa autonómica
desde 2009.
"Estas actuaciones
correctoras, dado su claro carácter económico están
expresamente prohibidas por la Ley Estatal 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y
la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado,
como expresión de la trasposición de la conocida Directiva
2006/123 relativa a los servicios en el mercado interior, y se han plasmado
en las sucesivas modificaciones de la Ley de Comercio de CYL, que actualmente
están recogidas en el decreto legislativo 2/2014, de 28 de agosto,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio de CYL".
Es decir,
que los grandes almacenes debieron ofrecer en su día una serie compensaciones,
constituídas por el pago de los costes de construcción de
la nueva plaza de la Concordia, la nueva calle que se abrió, el
centro Julián Sánchez 'El Charro' y el campo de fúbol
del ISPE; pero que, posteriormente, este tipo de medidas han quedado prohibidas
y no se pueden aplicar. "En este sentido, cualquier planteamiento actual
relativo a una modificación o a nuevas exigencias de actuaciones
correctoras en el expediente de referencia fundamentadas en la legislación
comercial aplicable, resultan imposibles", asegura el informe referido.
En su día,
la concesión de la licencia a la sociedad mercantil ya fue objeto
de modificaciones al solicitar El Corte Inglés variar el acuerdo
inicial alcanzado para ampliar las compensaciones acordadas, incluyendo
las acordadas con la Asociación de Comerciantes de Salamanca AESCO,
a la que se entregaron 187.000 euros para que realizara medidas de apoyo
al comercio tradicional.
Según
el informe de la Dirección General de Comercio, "la obligación
reglamentaria de presentación de las actuaciones correctoras, correspondía
única y exclusivamente a El Corte Inglés S.A:, y que éste
mantuvo puntualmente informada a esta administración de las cuestiones
referidas a la aplicación de la orden por la que se le concedía
la licencia de Gran Establecimiento Comercial, remitiendo el cumplimiento
de las actuaciones correctoras, así como de la documentación
que lo justifica".
Es decir,
que la administración regional se ocupó de comprobar el cumplimiento
de lo acordado. "Esta Dirección General, en ningún momento
se dirigió a los terceros con los que el ECI S.A., se relacionó
para al cumplimiento de las actuaciones correctoras, puesto que, de acuerdo
con la normativa entonces vigente, era el titular de la licencia
comercial el obligado a cumplirlas y a remitir la documentación
demostrativa", añade. "Por ello no puede afirmarse que existieran
fondos públicos, ni que se auditaran o evaluaran las actuaciones
de aquellos terceros por parte de la Dirección General que, como
puede comprobarse con la documentación que se remite en relación
a su solicitud, se limitaba a comprobar el cumplimiento satisfactorio y
documentado mediante certificado de la realización de las actuaciones".
Lo que no
cambia es la necesidad de recuperar la legalidad urbanística, ya
que la justicia ha anulado todas las licencias que concedió en su
día el Ayuntamiento de Salamanca y toda la base del planeamiento
hecho; a pesar de ello, el equipo de Gobierno comandado por Fernández
Mañueco, y con el concejal impulsor de todos los movimientos hechos
en su día, Fernando Rodríguez, no ha hecho ni un solo movimiento
en la dirección adecuada para restaurar la legalidad. Sobre el papel,
es necesario un nuevo cómputo de la edificabilidad concedida y la
utilizada por el centro comercial, y equilibrar la diferencia.
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