El objetivo de este nuevo círculo de expertos, creado por la conselleria, es crear un foro de participación y diálogo capaz de estudiar y analizar el urbanismo vigente, fijar directrices y criterios y realizar propuestas necesarias para las modificaciones normativas que se realizarán, como la próxima reforma de la LOTUP.

Para la consellera esta primera reunión ha servido para iniciar un proceso de modificaciones legislativas, ya que, es necesario adaptarse al "nuevo ciclo, a la nueva hoja de ruta del territorio y urbanismo que ha de ser de protección de territorio, de un urbanismo sostenible y para las personas".

En este sentido, Salvador ha informado que se han creado dos grupos de trabajo. El primero denominado "Modelo Territorial y de Paisaje" que tendría vigencia a lo largo de toda la legislatura y el segundo, denominado "Modificación Normativa", que tendría vigencia hasta la aprobación de las modificaciones necesarias.

Respecto a la comisión de trabajo sobre territorio y paisaje que tendría vigencia a lo largo de toda la legislatura, Salvador ha recordado que la conselleria ha empezado a tomar decisiones urgentes en materia de urbanismo y territorio, entre ellas ha mencionado el carácter vinculante al que se ha dotado a la estrategia territorial valenciana. De igual manera, se ha aprobado el PATRICOVA, se ha iniciado la tramitación del Plan del Litoral y en breve se presentará el plan y la ley de l'Horta, al tiempo que se abordará la redacción de los planes metropolitanos.

Para la consellera, la Generalitat está cumpliendo dentro de sus competencias en materia de planeamiento supramunicipal. "Es la mejor manera de limitar los crecimientos del territorio para pasar de un urbanismo depredador a un modelo urbanístico del territorio protector, por lo que necesitamos ese marco jurídico que acompañe esa premisa".

Por otro lado, Salvador ha informado que los expertos convocados esta mañana han manifestado su interés por la necesidad de la reforma de la legislación vigente, pero también "tenemos que trabajar y resolver los problemas inmediatos" de un urbanismo que ha calificado de "dinámico y una realidad territorial cambiante".

Entre los problemas inmediatos que se han abordado esta mañana ha mencionado los núcleos diseminados, las ATEs, los denominados PAIS fantasmas, los problemas en las marjalería, etc, "cuestiones que están sobre la mesa y que tenemos que abordar".

ACTUACIONES DEL CONSELL

La Generalitat ha instado a los ayuntamientos a informar de los incumplimientos en que incurran los agentes urbanizadores de planes urbanísticos ya aprobados. 

El objetivo es que los municipios detecten las posibles vulneraciones legales de las empresas promotoras a la hora de ejecutar un proyecto -un plan parcial por ejemplo-. 

La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, a través de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, ha sido la encargada de remitir la carta a los ayuntamientos. 

En la carta, se informa a los ayuntamientos las opciones legales que tienen para resolver los planes parciales y «la aplicación de los efectos que sobre el urbanizador recaen en caso de incumplimiento». En este sentido, se resalta que en virtud de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) «la demora injustificada durante la realización y acabado de las obras será objeto de análogas penalizaciones previstas en la legislación general de contratación administrativa». Además, se insiste en que también la actual Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) «establece que la resolución del contrato entre la Administración y el urbanizador, por causa de haber sido declarado culpable este último, dará lugar a las consecuencias previstas en la legislación sobre contratos de las administraciones públicas, y en particular, a la prohibición de contratar con la Administración». 

La conselleria explica en su carta que la legislación urbanística da un amplio respaldo legal para denunciar los incumplimientos de los urbanizadores de planes parciales, hasta el punto de que se anima a los ayuntamientos a realizar «los trámites necesarios para que se inscriba en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas la prohibición de contratar de los urbanizadores que hayan incumplido sus obligaciones en los programas».

Siempre que haya causa de resolución, esa denuncia justificaría al ayuntamiento a instar la paralización de un PAI ya aprobado (Programa de Actuación Integrada), e incluso clasificar el suelo de esa actuación como no urbanizable, paralizando de este modo la promoción inmobiliaria. 

 
ANTECEDENTES

12 de febrero de 2016 
 
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PREOCUPACIÓN POR EL URBANISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
¿Qué aprendo? 
Se analiza en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de la Comunidad Valenciana. El sector inmobiliario de la Comunidad Valenciana está muy preocupado por la sucesiva publicación de noticias de anulación de PAIs, como el de Benamar en Chiva, el PAI de Manises o el PAI de Guadassuar) a las que se suman las paralizaciones de tramitación del PAI de Oliva y el PAI de Tavernes de la Valldigna. El temor es que la Comunidad Valenciana quiere desclasificar los suelos que se quedaron por desarrollar por los promotores cuando estalló la burbuja inmobiliaria. La nueva consellera de Territorio, María José Salvador, ya ha remitido escritos a los municipios para que estudien «en el ejercicio de su autonomía», las modificaciones de planeamiento que permitan disminuir el suelo urbanizable, ajustándolo a las necesidades reales de crecimiento y a los criterios ambientales que actualmente marcan las directivas europeas». Son muchos los planes urbanísticos de la Comunidad Valenciana que están amenazados. Los ayuntamientos ya han recibido cantidades anticipadas a cuenta en estos PAIs y ahora alegan que no tienen caja para asumir sus obligaciones de urbanización. 
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Recientemente, el pleno del Consell de la Generalitat Valenciana ratificó los acuerdos adoptados en las Comisiones Territoriales de Urbanismo de Castellón y Valencia que suponen la paralización de más de 7,667 millones de metros cuadrados y casi 25.000 viviendas que no llegaron a desarrollarse al iniciarse la crisis.
PAI DE MANISES 
Entre los proyectos afectados se encuentra el sector «Gran Manises», en el que participaba el empresario alicantino Enrique Ortiz asociado a lnstituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa), ahora EIGE (Entidad de Infraestructuras de la Generalitat)
La Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia acordó denegar la aprobación del expediente de homologación y plan parcial del Sector Gran Manises, que preveía el desarrollo de una amplia franja de terreno declarado actualmente como suelo «no urbanizable» que habría pasado a «urbanizable» de uso global residencial.
La superficie de suelo edificable ascendía a 1.403.520 metros cuadrados de los que 1.007.257 serían residenciales, distribuidos en torres de 12 alturas que hubieran supuesto la construcción de 9.000 viviendas. El resto, hasta 67.150 m2, tendrían uso terciario.
La empresa planeaba el desarrollo de una extensa área de suelo que en la actualidad se encuentra clasificado como "no urbanizable", y pasar a clasificarlo como suelo "urbanizable" de uso global residencial.
La Comisión de Urbanismo ha basado su informe desfavorable por un lado en el informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar y por otro, en que no se adecúa al modelo territorial sostenible de la Generalitat, en cuanto a que la implantación de esta actuación incrementaría la superficie del suelo urbanizable del municipio, contradiciendo la normativa territorial y urbanística donde se promueve una proporcionada ocupación del suelo.
Tampoco ha quedado justificada la viabilidad económica del plan, ya que el documento ha ido asumiendo cargas sobrevenidas como consecuencia de los distintos informes sectoriales recabados.
Para el director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, Lluís Ferrando, estos proyectos no cabían en la "nueva política de racionalización del uso del suelo y no se ajustaban a las necesidades reales y de protección del medio ambiente". La operación era "absolutamente desproporcionada y estaba mal dimensionada y planificada".
PLAN PARCIAL DEL SECTOR BENAMAR EN CHIVA 
El Consell ha confirmado el acuerdo para denegar la aprobación del Plan Parcial del sector Benamar en Chiva, proyectado sobre 2.241.491 metros cuadrados clasificados como suelo no urbanizable común que pasaba a residencial de baja densidad para construir 2.916 viviendas.
La Comisión ha considerado que se trataba de un modelo de crecimiento urbano extensivo, de baja densidad, disperso y que no cumple con los criterios de utilización del territorio de la Ley de Ordenación del Territorio.
En este caso, se proponía en un suelo de 2.243.491 m2, la creación de 2.916 viviendas y usos terciarios que implicarían 9.269 habitantes. 
 
PLAN PARCIAL DE MEJORA DEL SECTOR NORD DEL ALTER
En la provincia de Valencia se ha paralizado el Plan Parcial de Mejora del Sector Nord del Alter, con 176.610 metros cuadrados y el sector PPI-3, donde se proyectaban 67.150 hectáreas de suelo industrial.
PLAN PARCIAL DE LA FONTETA DEL TORRUT 
En Llaurí ha sido denegado el desarrollo del Plan Parcial de la Fonteta del Torrut, donde el nuevo suelo urbano ascendía a 562.164 metros cuadrados.
OLIVA
En Oliva el sector afectado es el de la Finca Pleva, con 353.994 metros de suelos no urbanizable sobre los que se proyectaban un uso residencial de baja densidad. 
La Comisión ha denegado la aprobación de la homologación de "Finca Pleva" en Oliva que proponía un nuevo sector de suelo urbanizable de uso residencial, con una superficie de 353.994 m2 sobre un suelo que se encuentra en la Zona de Amortiguación de Impactos del PORN del Marjal Pego-Oliva y también afectada por el perímetro de 500 metros de la zona húmeda considerada como un Espacio Natural Protegido. 
TAVERNES
En Tavernes de la Valldigna se han archivado también dos proyectos de viviendas protegidas.
CASTELLÓN
En Castellón se deniegan o archivan cinco planes parciales que hubieran supuesto la reclasificación a urbano de 3.020.856 metros cuadrados con una previsión inicial de 6.868 viviendas.
El Ayuntamiento de Castellón ha decretado una nueva prorroga de dos años de la ejecución del PAI 66 UE-R, que ya fue aplazado durante el mismo periodo en el 2013, tal y como consta en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Dicha actuación, de reparcelación y construcción de pisos, afecta a la avenida Doctor Clará, las calles Lucena y Felipe II y Gran Vía Tárrega Monteblanco, donde las actuaciones seguirán paradas a petición del agente urbanizador. 
CULLERA
En Cullera, la Generalitat no ha anulado el PAI llamado Manhattan, porque ya se había completado toda la tramitación antes de las elecciones, pero el alcalde de la localidad, Jordi Mayor, no ve posibilidades de ejecutarlo. Sostiene que el coste de la urbanización, alrededor de 100 millones de euros, recae sobre una empresa pública y supera con creces cualquier esfuerzo que pueda hacer el ayuntamiento. «Este tipo de urbanizaciones no son rentables. Tenemos que repensar qué se hace porque los criterios bajo los que se proyectó están desfasados», mantiene.
El plan, uno de los mayores proyectos urbanísticos de la Comunidad, contempla la construcción de una treintena de torres de 25 alturas además de dos hoteles de 40 plantas. En total, casi 5.000 viviendas nuevas para un mercado absolutamente colapsado. El siguiente paso para materializar el proyecto es la aprobación de la reparcelación pero el nuevo primer edil no parece dispuesto a seguir con la línea trazada por la anterior corporación. Es más, anuncia que no existe voluntad de continuar con la macrourbanización pese a contar con el visto bueno de la Conselleria desde 2010.
ANULACIÓN DEL PAI EN LLÍRIA 
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anuló el Programa de Actuación Integrada (PAI) de Coto de Català de Llíria que preveía la construcción de más de 2.000 viviendas, un hotel y un campo de golf por la falta de recursos hídricos y porque el trazado afecta a una vía pecuaria que atraviesa esté paraje.
El TSJCV anuló el PAI tras estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Agrupación de Interés Urbanístico Paraje Tos Pelat y el Centre de Agricultura Experimental (CAE). El tribunal falla contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia del 2 de junio de 2005 que aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en lo que se refiere al Sector 28 «Coto de Català», el trazado de la vía pecuaria que lo atraviesa y la Declaración de Impacto Ambiental.
Además, la Generalitat no aportó un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar al no verlo necesario. La Sala del TSJCV afirma que sigue la interpretación del Tribunal Supremo en esta materia y recuerda que en una sentencia de 25 de octubre de 2011 se distingue «entre suficiencia y disponibilidad de recursos hídricos. Se trata de conceptos que se ubican en dos planos distintos: la suficiencia hace referencia a la existencia de recursos hídricos bastantes, en tanto que la disponibilidad se concreta en la posibilidad de aplicar los recursos hídricos existentes a la actuación urbanística en cuestión, lo cual requiere del correspondiente título administrativo concesional. Por tanto, la disponibilidad es un concepto que se ubica en un plano de valoración cronológicamente posterior al de la suficiencia, de tal manera que la existencia de recursos hídricos es condición necesaria para pueda disponerse sobre dichos recursos, pero no es condición suficiente, en tanto que la disponibilidad requiere de un título concesional para la utilización del recurso».
Pero además, la sentencia de 2011 concluye que el informe de la Confederación Hidrográfica para nuevos desarrollos urbanísticos» es preceptivo, en cuanto que de necesaria obtención; y es además vinculante en cuanto afecta al ámbito competencial de la Confederación Hidrográfica. Dicho informe no puede sustituirse por el de 'entidades colaboradoras' que no tienen la posición institucional ni la competencia técnica, la objetividad, los conocimientos y la visión panorámica de los intereses implicados que tienen las Confederaciones». 
 
ANTECEDENTES
11 de febrero de 2016 
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LA POSIBLE INDEMNIZACIÓN A NOZAR POR EL PAI DE PORXINOS EN VALENCIA  
¿Qué aprendo?  
Se analiza en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de la Comunidad Valenciana. Recordamos que  el Tribunal Supremo anulaó el plan al detectar que en la tramitación del mismo plan no se acreditaba el acceso de agua en la zona, la ausencia de un informe de impacto ambiental y, por último, la adjudicación irregular a Litoral del Este porque en el proceso no existió ni publicidad ni concurrencia. Anteriormente, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana lo declaró nulo en base a que el juzgado de lo contencioso número 2 de Valencia estimó parcialmente el recurso de tres propietarios de terrenos en Riba-roja, afectados por el plan urbanístico aprobado para la instalación de la que iba a ser la Ciudad Deportiva del Valencia CF. Este recurso era posterior al que estimó el TSJ anulando el PAI por falta de agua en base a un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Ante esta situación, el pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria (Valencia) ha aprobado la devolución a la empresa Litoral del Este de los 3,5 millones de euros que depositó en su día esta mercantil al ayuntamiento para la ejecución del programa de actuación integrada (PAI) de Porxinos para la construcción de la futura ciudad deportiva del Valencia, un campo de golf y la construcción de 2.440 viviendas.  
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El actual ayuntamiento está anallizando el proceso administrativo desde su inicio en el año 2005 con la firma del convenio urbanístico. Entre las medidas adoptadas en la comisión de investigación destaca la solicitud al Registro de la Propiedad de Benaguasil sobre todo el movimiento de compra y venta de terrenos en Porxinos y en los alrededores entre los años 2004 y 2005 --fecha de tramitación y aprobación del PAI-- con la finalidad de depurar posibles delitos por información privilegiada o de tráfico de influencias, entre otros. 
Estos 3,5 millones proceden del aval que depositó la mercantil al ayuntamiento para la ejecución de un PAI que iba a albergar la futura ciudad deportiva del Valencia CF, un campo de golf y la construcción de 2.440 viviendas. La devolución del depósito supone el último paso administrativo después de que, en junio de 2015, el Tribunal Supremo anulara un PAI en el que concurrían hasta tres ilegalidades: la falta de agua en la zona para suministrar más de 2.000 hogares, la ausencia de un informe de impacto ambiental y la adjudicación irregular a Litoral del Este porque en el proceso no existió ni publicidad ni concurrencia. 
Tras la anulación del PAI de Porxinos, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria está a la espera de que el Valencia presente una alternativa urbanística tal y como acordó en su día con el exalcalde Francisco Tarazona para evitar la devolución de 160 millones a la empresa Nozar por la venta de los terrenos cuya vigencia estaba supeditada a la recalificación del suelo como urbanizables. 
En principio, el club de Mestalla había llegado a un acuerdo con el exalcalde Tarazona para iniciar un nuevo PAI, que debería analizar el equipo de gobierno que ahora dirige la localidad del Camp de Túria, integrado PSPV, Compromís y Esquerra Unida. 
De no salir adelante esta nueva acción, el Valencia podría verse obligado a devolver 160 millones de euros a la empresa Nozar, a quien el club vendió parte de los terrenos con la condición de que iban a ser recalificados como suelo urbanizable, pero que tras el fallo del Tribunal Supremo siguen siendo rústicos. 
Mientras tanto, desde el equipo de gobierno de Riba-roja se muestran «abiertos a la nueva propuesta que presentará el Valencia de acuerdo a la legislación vigente sin olvidar que la última palabra para la tramitación depende de la Generalitat Valenciana».  
 
16 de noviembre de 2015 
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EL BLOQUEO URBANÍSTICO DE LA MORATORIA DE LA COSTA VALENCIANA  
¿Qué aprendo?  
Se analiza en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de la Comunidad Valenciana. En principio, el suelo que queda afectado con la orden de la Conselleria se divide en, aproximadamente, 350 hectáreas de suelo no urbanizable y 250 hectáreas de suelo urbanizable programado o con el plan caducado. El secretario general de los Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia), Jesualdo Ros, portavoz también de la patronal de la Comunidad Valenciana, ha advertido del efecto que puede tener la moratoria de un año impuesta por el Consell al desarrollo de nuevos planes urbanísticos en la costa, y que en la provincia puede afectar, directamente, a unos siete millones de metros cuadrados de suelo calificado como no urbanizable o urbanizable programado. «La medida podría llegar a ser positiva porque nadie cuestiona que haya que proteger el litoral, pero anuncios como éste y de la forma como se hacen frenan cualquier tipo de iniciativa e, incluso, pueden llevarse por delante a empresas que llevan esperando desde hace diez años la aprobación de sus planes urbanísticos», subrayó Jesualdo Ros.  
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Los promotores alertan, por otro lado, de que la recuperación económica que se anuncia en el conjunto de la Comunidad Valenciana va más lenta en Alicante, donde el peso de la construcción en la economía es más importante que en el resto de las otras dos provincias, según Provia. Y eso que entre enero y octubre de este año el Colegio de Aparejadores ha registrado visados por un total de 3.377 viviendas nuevas frente a las 2.746 que se visaron durante todo el año 2014 , y estima a final de año se cierre con una cifra cercana a las 4.000, un 45%. En este sentido, el presidente del Colegio, Gregorio Alemañ compartió las impresiones de Jesualdo Ros. Alemañ consideró, en declaraciones a la cadena Ser, que la medida no es mala pero también puede ser perjudicial por su efecto sobre la construcción. 
Los que se mostraron completamente a favor fueron los conservacionistas de Ecologistas en Acción, que apuntaron que la moratoria y el plan ofrecen una oportunidad de oro para acabar con proyectos como el de Cala Mosca en el litoral de la Vega Baja. 
La reacción de los promotores se produjo un día después de que la consellera María José Salvador, firmara la orden por la que el Consell ha establecido una moratoria de un año a la aprobación de planes urbanísticos que impliquen recalificación de suelo no urbanizable o urbanizable programado en los 500 metros de franja costera entre Vinaroz y Pilar de la Horadada. La medida, que no afecta al suelo urbano, prevé la protección de 43 millones de metros cuadrados (4.300 hectáreas) en la Comunidad Valenciana, que no tienen ninguna protección hasta que se redacte y apruebe el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunidad Valenciana (Pativel), un instrumento jurídico que fijará las medidas de protección de la franja costera y los proyectos a desarrollar para mejorar el paisaje litoral. La moratoria afecta a los 60 municipios de la costa donde viven 2,7 millones de personas entre Alicante, Valencia y Castellón, con una densidad de población de 850 habitantes por kilómetro cuadrado. 
La moratoria de un año para aprobar nuevos PAI en la franja litoral de la Comunidad Valenciana del Consell ha sido recibida con escepticismo y decepción por parte de los constructores de Castellón. Consideran que la decisión llega tarde porque el boom urbanístico vivido antes del estallido de la crisis ya ocupó buen parte de la costa de la provincia y, en la actualidad, «ni queda mucho donde construir ni hay solvencia para la mayoría de constructores de la provincia para hacerlo en estos momentos», explicó el empresario Fermín Renau, miembro de la patronal en la provincia APECC. 
No obstante, asegura que es una mala noticia para atraer inversores foráneos, de otras provincias o países, para desarrollar nuevos proyectos urbanísticos en el litoral de la provincia. «Nosotros tenemos pocos proyectos en la franja litoral que pudiera desarrollarse y si había inversores de fuera buscando oportunidades, ya se les ha ahuyentado», insistió. Renau insistió en que, «por lo que conozco la provincia, no sé si en Valencia y Alicante la situación es igual, aquí hay ahora pocos proyectos en la franja litoral. Lo que teníamos que hacer ya lo hicimos», afirmó. El empresario matizó que existen algunas excepciones como Benicàssim donde se han reactivado algunas promociones que han tenido una buena respuesta por parte de la demanda pero no son la regla general. «En Benicàssim apenas se construyó durante los años de la expansión inmobiliaria y ahora, si se hacen un par de promociones es lógico que hay una buena respuesta. Mientras en Moncofa proyectábamos mil viviendas en Benicàssim eran sólo cinco, por poner un ejemplo», indicó Renau.Por este motivo, el constructor castellonense considera que la medida del Consell pasará «sin pena ni gloria» para la provincia. «Es sólo un año. No hay muchos proyectos en esa franja litoral que estén pendientes de aprobarse. Ojalá. Aunque de cara a futuros proyectos es una mala noticia porque aleja a los inversores», añadió. 
Tras casi ocho años de crisis, el sector de la construcción en Castellón sobrevive con dificultad con pequeñas obras y reformas. «La construcción va un poquito mejor de la mano de la reforma, tipo cocinas, baños y poco más. La promoción, hay poca, la verdad. Algún autopromotor que pone en marcha una pequeña obra y poco más», insistió Fermín Renau. El constructor insistió en que la venta de pisos sigue muy estancada. «Pequeños pisos se venden, operaciones de menos capital. Pero queda mucho por vender y seguimos atados de pies y manos a los bancos. Lo que se vende es a través de la Sareb y has de cumplir unos requisitos muy estrictos», se lamentó el empresario de Castellón.