Por esta razón,
13 concellos están acelerando la aprobación de sus planeamientos,
a fin de evitar la aplicación del nuevo marco normativo, ya que,
si dejaran sin resolver esa fase de la tramitación antes de que
la ley sea de aplicación, se verían obligados a iniciar el
proceso desde cero para adaptar los nuevos criterios.
Se trata de
los concellos coruñeses de Porto do Son, Pontedeume, Mañón,
Trazo y Frades; los pontevedreses de Bueu, Mos, Soutomaior y Ponteareas;
los lucenses de Quiroga y Mondoñedo; y los ourensanos de A Rúa
y Oímbra. En todos ellos, los plenos municipales han resuelto la
aprobación provisional que les permitirá, siempre que se
acredite el cumplimiento de los requisitos legales, continuar con la tramitación
sin tener que adecuarse a las reglas de juego que establece el nuevo marco
urbanístico.
La diligencia
de los ayuntamientos para salvar el trabajo realizado hasta ahora contrasta
con la escasa efectividad que la antigua Lei do Solo mostró para
favorecer que la mayoría de los concellos puedan contar con un PXOM
adaptado. De hecho, los que lo han logrado en los trece años de
vigencia ni siquiera llegan a un centenar, pese a que la norma estableció
que los 314 municipios deberían dotarse de un plan urbanístico
antes del 2006. Precisamente, uno de los objetivos centrales de la nueva
Lei do Solo es simplificar el farragoso procedimiento de tramitación
de los planes, que hasta ahora requiere por término medio ocho años
de gestación, y que se convirtió en un factor disuasorio
para muchos municipios. Marín, por ejemplo, invirtió 18 años.
Y Petín necesitó 20. El reto es reducir ese proceso a poco
más de un año, y facilitar además que los concellos
de menos de 5.000 vecinos puedan regular su urbanismo con la figura del
plan básico municipal.
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