| El actual
ayuntamiento está anallizando el proceso administrativo desde su
inicio en el año 2005 con la firma del convenio urbanístico.
Entre las medidas adoptadas en la comisión de investigación
destaca la solicitud al Registro de la Propiedad de Benaguasil sobre todo
el movimiento de compra y venta de terrenos en Porxinos y en los alrededores
entre los años 2004 y 2005 --fecha de tramitación y aprobación
del PAI-- con la finalidad de depurar posibles delitos por información
privilegiada o de tráfico de influencias, entre otros.
Estos 3,5 millones
proceden del aval que depositó la mercantil al ayuntamiento para
la ejecución de un PAI que iba a albergar la futura ciudad deportiva
del Valencia CF, un campo de golf y la construcción de 2.440 viviendas.
La devolución del depósito supone el último paso administrativo
después de que, en junio de 2015, el Tribunal Supremo anulara un
PAI en el que concurrían hasta tres ilegalidades: la falta de agua
en la zona para suministrar más de 2.000 hogares, la ausencia de
un informe de impacto ambiental y la adjudicación irregular a Litoral
del Este porque en el proceso no existió ni publicidad ni concurrencia.
Tras la anulación
del PAI de Porxinos, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria está
a la espera de que el Valencia presente una alternativa urbanística
tal y como acordó en su día con el exalcalde Francisco Tarazona
para evitar la devolución de 160 millones a la empresa Nozar por
la venta de los terrenos cuya vigencia estaba supeditada a la recalificación
del suelo como urbanizables.
En principio,
el club de Mestalla había llegado a un acuerdo con el exalcalde
Tarazona para iniciar un nuevo PAI, que debería analizar el equipo
de gobierno que ahora dirige la localidad del Camp de Túria, integrado
PSPV, Compromís y Esquerra Unida.
De no salir
adelante esta nueva acción, el Valencia podría verse obligado
a devolver 160 millones de euros a la empresa Nozar, a quien el club vendió
parte de los terrenos con la condición de que iban a ser recalificados
como suelo urbanizable, pero que tras el fallo del Tribunal Supremo siguen
siendo rústicos.
Mientras tanto,
desde el equipo de gobierno de Riba-roja se muestran «abiertos a
la nueva propuesta que presentará el Valencia de acuerdo a la legislación
vigente sin olvidar que la última palabra para la tramitación
depende de la Generalitat Valenciana».
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