El nuevo equipo de gobierno tenía dos opciones: la primera, presentar esa misma modificación ya subsanada, o por el contrario elaborar su propia propuesta. Renunció a elaborar su propia propuesta y asumió la del equipo de Gobierno anterior , ya que se limita a subsanar los errores que aquélla contenía. Concretamente, la Comunidad de Madrid indicaba que no quedaba claro qué superficie se iba a destinar a equipamiento público tras el cambio de uso de esa zona.

Desde el área de Desarrollo Urbano Sostenible se incluyó un informe donde se justifica la cantidad de suelo para equipamiento público, que “en realidad no aumenta” aunque “se monetariza” (es decir, que el Ayuntamiento recibe dinero como compensación), “de forma que así se justifica el equilibrio que debe haber en cuanto a cesiones”. El Ayuntamiento firmó un convenio patrimonial en 2008 con el Atlético de Madrid que establecía una nueva parcela para construir el nuevo estadio del club de fútbol. Además, el pasado julio se presentó el nuevo plan para urbanizar los alrededores del estadio Vicente Calderón una vez que el club se mude al campo de la Peineta

La Comunidad ha rechazado el expediente de cesión al Atlético de Madrid de los terrenos municipales donde se ubica el estadio La Peineta, futuro campo del club, elaborado por el Ayuntamiento de Manuela Carmena. El expediente se refiere al necesario cambio de la calificación de los terrenos del distrito de San Blas (de dotacional público a privado), paso previo necesario para que el club rojiblanco inaugure el estadio. Los técnicos del Gobierno regional han hallado “errores sustanciales” referidos a edificabilidad, conexiones y aprovechamientos, por lo que han devuelto el expediente al Ayuntamiento. La inauguración del estadio en verano peligra. El Ayuntamiento ha declinado hacer declaraciones hasta ser informado oficialmente por la Comunidad. 

En concreto, la Comunidad ha rechazado la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid tras detectar “errores sustanciales” en asuntos como la edificabilidad, el aprovechamiento y la cesión de redes públicas. El equipo de gobierno municipal  habría calculado erróneamente esos valores (siempre a la baja), lo que obliga a la Administración regional a pedir que los corrija.

La Comunidad de Madrid sostiene que existen varios puntos del expediente municipal que es necesario subsanar y culpa al Ayuntamiento de los retrasos en su tramitación. En lugar de entregarlo en un plazo de cuatro meses, tal y como estaba previsto, el equipo de Manuela Carmena (Ahora Madrid) tardó más de 17: una circunstancia que podría forzar al Ayuntamiento a indemnizar el club con 200 millones de euros, ya que estaba obligado, por un convenio con el Atlético de Madrid, a entregar todo el expediente de modificación puntual del plan general a tiempo (a mediados de 2016); de tal manera que la Comunidad lo tuviese acabado en marzo de 2017. Así, el club rojiblanco podría comenzar la temporada en el Wanda Metropolitano y derribar el viejo Vicente Calderón.

Sin embargo, la documentación del Ayuntamiento entró en el registro de la Comunidad el 2 de diciembre, y los técnicos regionales necesitan, por lo menos, cuatro meses para completar su trabajo. Eso, si no hallan ningún error subsanable, cosa que ahora ha sucedido y que obliga a reiniciar el proceso.

La apertura de La Peineta, inicialmente prevista para el mes de agosto de 2017, precisa de dos hitos: que el Atlético de Madrid sea titular del campo (ahora es municipal), y que estén realizadas las obras de urbanización del entorno. Tras la decisión de la Comunidad de hoy, la cesión de los terrenos al club se demorará unos meses más, generando un efecto dominó sobre los siguientes procesos administrativos que impediría al Atlético empezar a jugar en su nuevo estadio el próximo verano, cuando se inicie la temporada de Liga.

El Ayuntamiento deberá indemnizar el club con 200 millones de euros en caso de incumplir el convenio entre ambos

Esta circunstancia hace que el Ayuntamiento tenga que aprobar nuevamente en pleno la subsanación de estos errores —no es válida solo la firma del director general de Urbanismo— y que tenga que remitir el nuevo expediente a la Comunidad, momento a partir del cual el Gobierno regional volverá a contar los cuatro meses que tienen de plazo sus técnicos para resolver.

La cuestión de los plazos (recalificación de los terrenos de San Blas y derribo del Calderón) afecnta a las plusvalías necesarias para el cierre de la M-30 y la edificación de miles de pisos junto al Manzanares.

EL AYUNTAMIENTO HA TARDADO 17 MESES EN HACER LA MODIFICACIÓN EN VEZ DE LOS CUATRO PREVISTOS

"El expediente nos llegó el pasado 2 de diciembre. Nos dimos cuenta de que había habido un error a la hora de hacer los cálculos de metros edificables y, a partir de ahí, el resto del planeamiento está mal. Se lo comunicamos al Ayuntamiento que trató de subsanarlo por la intermediación de un director general, pero no era posible. Es necesario que el expediente bueno sea ratificado por el Pleno", aseguró un portavoz de la Consejería. Ahora, el Gobierno regional devolverá el expediente al Ayuntamiento de Madrid para que corrija los fallos."No va a haber ningún problema para que el Atlético de Madrid pueda hacerse con el recinto en abril y que pueda trasladarse a La Peineta sin problemas", ha asegurado el consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada.

El consejero entiende que se trata de una "cuestión técnica" que puede subsanarse mediante la convocatoria extraordinaria de una Comisión de Urbanismo y un Pleno municipal para que sean corregidos los errores. Luego, la cuestión se remitiría a la Comisión de Urbanismo regional que tras aprobarlo, pasaría a manos de la Consejería de Medio Ambiente para que le dé el visto bueno definitivo.

Taboada ha hablado con el Atlético de Madrid para informarle de lo sucedido y para tranquilizar al club. Además, el consejero, que ya se había quejado de la tardanza municipal en tramitar el proyecto, se mostró contrariado por los errores del expediente. "Han sido casi dos años", recalca.

Durante el periodo de revisión, los técnicos de la Comunidad detectaron «errores sustanciales» entre los casi 5.000 folios del documento.