Paralelamente, desde Barcelona también se está elaborando un índice de referencia de los precios de alquiler, que se lanzará de manera conjunta con la Diputación de Barcelona en el plazo de unos meses. El objetivo será que los usuarios tengan una herramienta que les ayude a contrastar las demandas de los propietarios con el monto real que figura en los contratos de alquiler. Esta iniciativa no va tan encaminada a sujetar los precios como que los inquilinos puedan conocer el valor real medio de cada distrito de la capital catalana y del Área Metropolitana de Barcelona, explican fuentes conocedoras de este proceso.

La idea, sin embargo, no es nueva. París y Berlín hace poco más de un año que regulan en esta materia. El consistorio parisino marca un máximo a los incrementos de los precios basándose en un índice de referencia que lleva 10 años funcionando y que regula el observatorio de la vivienda de la capital francesa. En Berlín hay muchas casuísticas diferentes. En algunos casos, durante tres años el alquiler no puede subir por encima del 20% de un precio que se establece en función de los precios de la zona. En otros lugares de Europa, como en Suecia, los precios del alquiler los pactan en negociaciones directas a los propietarios y los sindicatos de inquilinos.

El proyecto de ley de vivienda, que sustituye los tres artículos de la norma catalana 24/2015 de emergencia social suspendidos por el Tribunal Constitucional (TC), se debate en el Parlament de Catalunya. El texto incluye dos novedades: abre la puerta a la regulación de los alquileres abusivos en un plazo máximo de nueve meses y busca que se reconozca el fenómeno social de la ocupación de viviendas.

La norma introduce una disposición final para legislar en un plazo máximo de nueve meses el tema de los alquileres abusivos, “adoptando medidas que contribuyan a evitar incrementos de las rentas que puedan considerarse desproporcionadas”, según el texto que debatirá la Cámara catalana.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamado que se limiten las rentas por ley. Solamente el 1,5% de los pisos que hay en la ciudad tienen un alquiler protegido. Actualmente, tres de cada cuatro viviendas de alquiler en la ciudad de Barcelona superan los 1.000 euros mensuales. 

El proyecto contempla “expropiar el uso temporal de la vivienda” entre 3 y 5 años para destinarla a alquiler social. Los datos revelan que la mitad de los pisos propiedad de las entidades financieras están ocupados. En el Registro de viviendas vacías y pisos ocupados tenía inscritos el pasado mes de mayo más de 46.000 viviendas propiedad de entidades financieras y grandes tenedores en alguno de los 72 municipios catalanes con "demanda acreditada" de alojamientos. El texto argumenta que este parque inmobiliario "es un instrumento clave para alcanzar los objetivos de la ley". Un piso de 15 m2 por 1.000€ al mes, sin gastos incluidos. No es Manhattan, es Sant Antoni, uno de los —hasta hace poco— barrios populares de Barcelona. 

Según un estudio del Ayuntamiento barcelonés del pasado mes de septiembre, en Barcelona hay 15.881 apartamentos turísticos, de los que 6.275 no tienen licencia, casi el 40% de la oferta. El 7,7% del parque de alquiler son apartamentos para turistas y dedicarlos a ellos supone para los propietarios unos beneficios entre el 7 y el 13%, mientras que dedicarlo al alquiler convencional da “sólo” el 3 o el 4%, admite el mismo informe. 

La normativa municipal permite los alquileres sin necesidad de licencia siempre que se superen 30 días. Este hecho ha provocado la reinvención del negocio y un florecimiento de inmobiliaria de alquiler estacional, que ha llevado a las de largo plazo a la búsqueda incesante de propietarios que quieran alquilar pisos para estancias prolongadas. 

El barrio Gótico, en el que más de la mitad de las viviendas disponibles son pisos turísticos, o el Raval, fueron el inicio. 

En Barcelona, el ayuntamiento está aplicando varias medidas para intentar frenar la subida de los precios del alquiler. Una de ellas es ampliar el parque público de vivienda, con la construcción de nueva vivienda y “reclamando a las entidades financieras y grandes propietarios que cedan vivienda o la vendan al Ayuntamiento para poder destinarla a alquiler social”, señalan fuentes de la alcaldía. Se han ampliado las ayudas públicas al pago del alquiler, pero para acceder a ellas los ingresos netos de una persona tienen que ser inferiores a los 16.000 euros y el alquiler del piso no puede superar los 800€.