El Reino Unido
ha cambiado radicalmente su política inmobiliaria. En su Autumn
Statement (Declaración de otoño, en inglés), el gobierno
de Theresa May ha anunciado las distintas políticas que seguirán
en materia de vivienda, con dos líneas básicas principales:
prohibirán a las agencias inmobiliarias cobrar comisiones a los
inquilinos en los contratos de alquiler e invertirán 3.700 millones
de libras (algo más de 4.300 millones de euros) en la construcción
de 140.000 viviendas públicas.
El Ejecutivo
británico ha decidido cortar de raíz con el problema de las
excesivas comisiones que se pagan a la firma de los contratos de alquiler
–que han registrado subidas del 60% desde 2009 en un mercado inmobiliario
en el que prácticamente todas las operaciones están intermediadas
por agencias inmobiliarias.
Según
los datos que maneja el Gobierno, los inquilinos pagan de media unas 223
libras (261 euros). Sin embargo, en ciudades como Londres hasta un tercio
de los arrendatarios paga hasta 300 libras (351 euros), mientras que uno
de cada seis paga más de 400 libras (469 euros) en comisiones a
las agencias.
Pese al alivio
que debería suponer esta medida para los bolsillos de los inquilinos,
ya hay varias voces que la han calificado como política ‘boomerang’.
Y es que, lo que no se prohíbe es que la comisión se cobre
al propietario de la vivienda, circunstancia que podría provocar
que estos repercutan la cantidad pagada a la agencia en el precio del alquiler,
provocando una subida de precios.
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