Ambos colectivos recuerdan en un comunicado que “Madrid es la comunidad autónoma con el mayor grado de urbanización del territorio (12%)” y que “el crecimiento de superficies artificiales (urbanas, industriales, infraestructuras, etc) es el más elevado del Estado español, junto a Murcia y la Comunidad Valenciana, y supone una expansión del 47,7% respecto al año 1987”. Señalando que “por ello, los principales problemas ambientales de la región derivan del crecimiento urbanístico (consumo de recursos, destrucción de suelo, pérdida de biodiversidad, etc) y de la fragmentación causada por la red de infraestructuras que dan servicio a las zonas urbanas.

Tanto Ecologistas como la FRAVM hacen notar que “ante esta situación debería ser prioritario para el Gobierno regional contar con herramientas efectivas para limitar la expansión urbana” habida cuenta que “desde el año 2007, la Ley de Suelo estatal reconoce que el suelo es un recurso natural, escaso y no renovable y por ello su transformación debe ser la estrictamente necesaria para atender las necesidades socioeconómicas”.

Sin embargo, a juicio de estas dos organizaciones, “la nueva norma madrileña no incorpora este reconocimiento y aunque reduce las categorías del suelo urbanizable (al eliminar el suelo urbanizable no sectorizado), la realidad es que los usos, construcciones y actividades permitidas y autorizables en el suelo no urbanizable son tan amplios que se convierte en un apéndice del suelo urbano”. “De esta forma, el suelo no urbanizable pierde la protección real y efectiva y se convierte en receptor de instalaciones ajenas a su naturaleza, tales como asistenciales, turísticas, hosteleras, docentes, religiosas, funerarias, industriales, infraestructuras de todo tipo, residencial disperso, celebración de eventos, etc.”, se quejan.

A esta situación hay que añadir, según los citados colectivos, la propuesta de regularización de asentamientos ilegales mediante planes especiales que, “de llevarse a cabo, supondría la legalización de miles de viviendas en toda la región con el consiguiente deterioro del suelo no urbanizable sobre el que se asientan”.

Ecologistas en Acción y la FRAVM también muestran su preocupación por “el retroceso en la función social del urbanismo que se refleja en dos aspectos fundamentales: las competencias de la administración y las cesiones públicas”.

Se quejan de que “el texto normativo focaliza la actividad urbanística en el derecho de propiedad del suelo y la libertad de empresa” que “pasa a considerarse como una actividad económica más, en la que la administración pública pierde el control y queda con mera espectadora con escaso margen de intervención y de decisión”. A juicio de las organizaciones este nuevo régimen de la actividad urbanística favorecerá más avidez urbanizadora, con la consiguiente especulación del suelo y de las viviendas. 

En relación a las cesiones que los promotores deben hacer a la administración pública para construir dotaciones (centros educativos, deportivos, zonas verdes, etc.), las citadas organizaciones recriminan que “la nueva ley sigue la tendencia a la baja iniciada por Esperanza Aguirre. En 2001, las cesiones eran de 120 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados construidos. En 2012 se redujo a 50 metros cuadrados y ahora, la nueva norma lo rebaja a 30 metros cuadrados. Esta superficie de cesión puede quedar en 10 metros cuadrados o eliminarse en determinadas circunstancias, como en suelos industriales y desarrollos turísticos y urbanizaciones de baja densidad en municipios de menos de 5.000 habitantes”. Cuando tanto la organización ecologista como la entidad vecinal consideran que reducir cesiones para dotaciones públicas perjudica al interés general y solo favorece el beneficio privado de promotores.

“A ambas organizaciones les sorprende -según reconocen en su comunicado- el paso atrás en la lucha contra la especulación y la corrupción al recuperar los convenios de planeamiento urbanístico”. Recuerdan que este tipo de convenio está declarado nulo de pleno derecho, en la Comunidad de Madrid, desde 2007, siendo presidenta Esperanza Aguirre, al tiempo que destacan que “estos convenios permiten modificar el planeamiento urbanístico y están sujetos a fuerte controversia por su vinculación a casos de corrupción (como ha ocurrido en Valencia o en Marbella)”.

Por último, Ecologistas en Acción y la FRAVM critican que la nueva ley se esté redactando a puerta cerrada sin participación ciudadana. “Tal vez por esta razón, el texto es poco ambicioso, perpetúa vicios actuales y retrocede en la lucha contra la especulación y corrupción” concluyen.

El crecimiento de superficies artificiales (urbanas, industriales, infraestructuras, etc) es el más elevado del Estado español, junto a Murcia y la Comunidad Valenciana, y supone una expansión del 47,7% respecto al año 1987. Por ello, los principales problemas ambientales de la región derivan del crecimiento urbanístico (consumo de recursos, destrucción de suelo, pérdida de biodiversidad, etc) y de la fragmentación causada por la red de infraestructuras que dan servicio a las zonas urbanas. Ante esta situación debería ser prioritario para el Gobierno regional contar con herramientas efectivas para limitar la expansión urbana. 

Desde el año 2007, la Ley de Suelo estatal reconoce que el suelo es un recurso natural, escaso y no renovable y por ello su transformación debe ser la estrictamente necesaria para atender las necesidades socioeconómicas. Sin embargo, la nueva norma madrileña no incorpora este reconocimiento y aunque reduce las categorías del suelo urbanizable (al eliminar el suelo urbanizable no sectorizado), la realidad es que los usos, construcciones y actividades permitidas y autorizables en el suelo no urbanizable son tan amplios que se convierte en un apéndice del suelo urbano. De esta forma, el suelo no urbanizable pierde la protección real y efectiva y se convierte en receptor de instalaciones ajenas a su naturaleza, tales como asistenciales, turísticas, hosteleras, docentes, religiosas, funerarias, industriales, infraestructuras de todo tipo, residencial disperso, celebración de eventos, etc. A esta situación hay que añadir la propuesta de regularización de asentamientos ilegales mediante planes especiales. De llevarse a cabo, supondría la legalización de miles de viviendas en toda la región con el consiguiente deterioro del suelo no urbanizable sobre el que se asientan. Ecologistas en Acción y la FRAVM también muestran su preocupación por el retroceso en la función social del urbanismo que se refleja en dos aspectos fundamentales: las competencias de la administración y las cesiones públicas. El texto normativo focaliza la actividad urbanística en el derecho de propiedad del suelo y la libertad de empresa. Así, pasa a considerarse como una actividad económica más, en la que la administración pública pierde el control y queda con mera espectadora con escaso margen de intervención y de decisión. 

A juicio de las organizaciones este nuevo régimen de la actividad urbanística favorecerá más avidez urbanizadora, con la consiguiente especulación del suelo y de las viviendas. En relación a las cesiones que los promotores deben hacer a la administración pública para construir dotaciones (centros educativos, deportivos, zonas verdes, etc.), la nueva ley sigue la tendencia a la baja iniciada por Esperanza Aguirre. En 2001, las cesiones eran de 120 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados construidos. En 2012 se redujo a 50 metros cuadrados y ahora, la nueva norma lo rebaja a 30 metros cuadrados. Esta superficie de cesión puede quedar en 10 metros cuadrados o eliminarse en determinadas circunstancias, como en suelos industriales y desarrollos turísticos y urbanizaciones de baja densidad en municipios de menos de 5.000 habitantes. 

Ecologistas en Acción y la FRAVM consideran que reducir cesiones para dotaciones públicas perjudica al interés general y solo favorece el beneficio privado de promotores. A ambas organizaciones les sorprende el paso atrás en la lucha contra la especulación y la corrupción al recuperar los convenios de planeamiento urbanístico. Este tipo de convenio está declarado nulo de pleno derecho, en la Comunidad de Madrid, desde 2007, siendo presidenta Esperanza Aguirre. Estos convenios permiten modificar el planeamiento urbanístico y están sujetos a fuerte controversia por su vinculación a casos de corrupción (como ha ocurrido en Valencia o en Marbella). Otra cuestión es la falta de participación ciudadana que favorece la opacidad y la corrupción. La ley no contempla la participación ciudadana en el diseño de la ciudad. La ciudadanía ni participa ni tiene voz. La nueva norma sólo contempla los clásicos periodos de información pública que nada tienen que ver con la participación efectiva. Además sigue excluyendo a los colectivos ciudadanos de la Comisión de Urbanismo, organismo clave en el proceso de aprobación de la mayor parte de los instrumentos de planeamiento.