La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (Ahora Madrid), ha dirigido una carta al nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la que le solicita una reunión para desbloquear el proyecto de la prolongación de la Castellana. En el texto, Carmena expresa su voluntad de que sean las Administraciones las que colaboren para avanzar en un nuevo acuerdo, aunque no niega la participación de otros actores. Distrito Castellana Norte, sociedad promotora del plan conocido como Operación Chamartín, que fue tumbado por el actual gobierno municipal, se declara favorable al entendimiento.

Manuela Carmena expone al Ministro de Fomento que la propuesta municipal de Madrid Puerta Norte supondrá, según cálculos del Ayuntamiento, la creación de unos 128.000 nuevos puestos de trabajo, de los que 55.000 corresponderían al uso comercial, 17.000 al industrial y 56.000 a la construcción residencial.

En la misma carta, la alcaldesa le recuerda al ministro las obligaciones del Ministerio de Fomento en el proyecto de ejecución de los accesos al nuevo estadio de La Peineta. Manuela Carmena insta en la carta a Íñigo de la Serna a tratar este asunto igualmente en la reunión solicitada.

Carmena aboga por un plan que desbloquee el proyecto de la zona norte de Madrid, evitando, sobre todo, la especulación inmobiliaria. Con ese fin, la alcaldesa dirigió el lunes a Íñigo de la Serna, nuevo ministro de Fomento, una carta en la que le daba la enhorabuena por su nombramiento y le pedía una reunión urgente que permita avanzar en el proyecto urbanístico de la parte norte de la Castellana.

La alcaldesa señala la prolongación de la Castellana como la "mayor operación urbanística de la ciudad", y manifiesta "el interés del Ayuntamiento por desbloquear e impulsar el proyecto (...) que lleva estancado más de dos décadas". Detalla que el plan municipal —de momento solo esbozado por los técnicos del Ayuntamiento— plantea un urbanismo racional, ajustado a las necesidades reales de la ciudad, mediante "un modelo que se desarrolle mayoritariamente sobre suelo público", eficiente y sostenible, en el que las plusvalías generadas por la operación reviertan en beneficio de Madrid.

Según cálculos del Ayuntamiento, su proyecto —que sustituye al promovido por Distrito Castellana Norte (DCN), una sociedad participada al 75,5% por el BBVA y al 24,5% por la constructora San José—, conocido como Operación Chamartín, supondrá la creación de unos 128.000 puestos de trabajo.

Para desarrollar la zona situada al sur de la calle 30, el Ayuntamiento plantea crear un consorcio urbanístico. El plan, renombrado como Madrid Puerta Norte, prevé crear una zona destinada a servicios, mejoras en algunas infraestructuras —como los nudos Norte y de Fuencarral— y reformas en la estación de trenes de Chamartín, para lo cual necesita el acuerdo del Ministerio de Fomento.

Carmena sostiene en su carta que es responsabilidad prioritaria de las Administraciones resolver la cuestión, aunque no descarta la participación de "otros actores" implicados en el proyecto.

LO QUE SE ESPERA DEL NUEVO MINISTRO DE FOMENTO 

De la Serna tendrá que volver a reunir a todas las partes implicadas en la operación, con posiciones muy distantes, para tratar de avanzar soluciones a una situación de bloqueo absoluto que amenaza con retrasar sine die el inicio de las obras.Para ello deberá sentar en la misma mesa a la alcaldesa de Madrid (quien debe dar el visto bueno al plan urbanístico), a la presidenta de la Comunidad (responsable en última instancia de aprobar el planeamiento) y al presidente del BBVA, como primer accionista de Distrito Castellana Norte (DCN), la sociedad que ostenta el derecho de compra de los suelos y pretende desarrollarlos. 

JUDICIALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN CHAMARTÍN

DCN como Fomento y la Comunidad de Madrid han acudido a los tribunales, presentando recursos contra el Pleno en el que Ayuntamiento tumbó el plan aprobado inicialmente, por entender que la decisión no está lo suficientemente justificada y crea graves perjuicios económicos. A todo esto, y pese a que oficiosamente ya se habla de una prórroga, el reloj avanza inexorablemente hacia el 31 de diciembre de 2016, fecha límite en la que vence el convenio firmado entre Adif y DCN para materializar la compra de los terrenos ferroviarios. Un acuerdo ligado a que haya un instrumento de planeamiento aprobado.
 

 
ANTECEDENTES

30 de octubre de 2015 

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LA OPERACIÓN CHAMARTÍN Y EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DEL SUELO DE MADRID 
¿Qué aprendo? 
Se analiza en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de Madrid. Mercedes González, del grupo socialista, ha acusado a la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, de “hacer el juego sucio a Cifuentes” de cara a las elecciones generales, prometiendo la derogación del punto 8 del artículo 39 de la actual Ley de Suelo, que prohíbe la construcción de rascacielos en la ciudad, por la que la justicia ha paralizado el proyecto Chamartín. Begoña Villacís ha contestado vía artículo en la prensa centrando la pregunta ¿por qué derogar ahora el punto 8 del art. 39 (que regula la altura máxima a tres plantas más ático), de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid y no dentro de 1 año con motivo de su modificación? “Se ha respondido que simplemente porque no es una cuestión estructurante de ordenación del territorio y por tanto, nunca debería haberse visto reflejada en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Estas limitaciones en materia de altura se marcan en los instrumentos de planeamiento municipal dependiendo de las especiales características de cada municipio, área, distrito, barrio o calle a través de sus normas zonales o figuras específicas de planeamiento”. 
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“No es cuestión de urgencia, es cuestión de necesidad, evitando de esta manera la discrecionalidad del legislador motivado por intereses externos. Necesitamos un Urbanismo claro, sin excepciones ni arbitrariedades. Genera un coste de urbanización extremo para la Administración Pública, incapaz de asumir gastos de los nuevos desarrollos como nuevas infraestructuras, comunicación y medios de transporte, paralizando obras de urbanización demandadas por los ciudadanos, como por ejemplo en Valdebebas o en el denominado Desarrollo del Este.
Con la derogación de este artículo, volveremos al urbanismo clásico anterior al año 2007, donde las alturas están definidas en los planes generales
Paralización de cientos de proyectos de vivienda pública y cooperativas de vecinos pues sus instrumentos de planeamiento han sido paralizados por los jueces siendo imposible iniciar las obras. Se debe legislar para todos, no sólo en pro o en contra de unos.
Es un artículo restrictivo en contra del normal crecimiento de las ciudades, pues no contempla cuestiones de vital importancia como la protección del medio ambiente y la sostenibilidad de nuestras ciudades, siendo un concepto “expansivo” de ciudad, fomentando la especulación de suelos”.

Añade otra pregunta Begoña Villacís, ¿la derogación de este artículo supone el apoyo explícito a las grandes operaciones urbanísticas? 

“En ningún caso. Las grandes operaciones urbanísticas tienen otros muchos problemas que solucionar para ser aprobados, como por ejemplo, no tener en cuenta de forma global los errores de diseño de infraestructuras que son necesarias para la ciudad, sobrecostes no cuantificados, ausencia de dotaciones y equipamientos, garantías de promotores en la gestión y en la ejecución y que deben ser estudiados de forma pormenorizada buscando el bien social.
Justamente, estos megaproyectos están basados en la excepción que permite el artículo que proponemos su derogación, permitiendo la discrecionalidad basados en intereses singulares.
¿La derogación de este artículo supone la construcción en altura sin medida?
En ningún caso. Con la derogación de este artículo, volveremos al urbanismo clásico anterior al año 2007, donde las alturas están definidas en los planes generales de urbanismo ya aprobados, ya sea en función de los anchos de los viales, normas zonales o aprovechamientos basados en las edificabilidades de cada parcela, limitaciones por cuestiones de medioambiente o preservación del medio rural, ya sean 1, 2, 3 alturas o ninguna. Es decir, basados en parámetros urbanísticos a nivel municipal y no es ideas, imposiciones o intereses de terceros.
Seguiremos sin poder por tanto edificar un rascacielos en la zona centro, Lavapiés o Chueca.
Las leyes, aunque algunos tengan a bien saltarse este hecho a la torera, no han de aprobarse con efectos retroactivos
Demos la vuelta a la pregunta. ¿Por qué derogar un artículo dentro de 1 año, si todos los expertos indican que se puede realizar ahora? ¿Qué motivos existen para perpetuar los problemas  urbanísticos en la Comunidad?
Es fundamental, devolver el urbanismo al urbanismo, entendiéndolo como el elemento vertebrador de una ciudad y no como un trámite para el negocio inmobiliario. Una vez conseguido esto, podremos establecer un modelo de ciudad con reglas claras y delimitadas por condicionantes técnicos y no por deseos impositivos dependiendo del momento en el que se formulen”.

La Operación Chamartín supondrá la ampliación en 3,7 kilómetros de la calle Castellana, con la construcción de 16.300 viviendas de lujo y extensas zonas de oficinas y locales comerciales. En 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló el plan urbanístico al no cumplir las disposiciones de la Ley del Suelo.
En 2015 el Tribunal Supremo revocó la sentencia, pidiendo al TSJM que la reformulara. Pocos días antes de las elecciones municipales de mayo, la anterior alcaldesa el anterior equipo de Gobierno local, con Ana Botella como alcaldesa, anunció que ya había quedado lista la reforma del plan de reforma parcial urbanística con la que se daba vía libre al proyecto urbanístico.
El TSJM reincidía en prohibir la construcción de nuevos rascacielos en la ciudad, paralizando de nuevo la operación Chamartín.
Es decir que es necesaria una reforma de la ley del suelo de Madrid para evitar la limitación de las tres alturas.
En todo caso, aunque se apruebe la reforma, no es posible seguir adelante sin el apoyo del ayuntamiento, que no quiere pronunciarse hasta después de las elecciones y no quiere asumir el gasto que le corresponde de 1.300 millones de euros.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado , con los votos a favor del grupo de Ahora Madrid y del PSOE, con la abstención de Ciudadanos y con los votos en contra de los concejales del Partido Popular, la creación de una mesa de trabajo sobre el proyecto Chamartín en la que participarán los partidos con presencia en el Ayuntamiento, pero también agentes sociales, como la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y las asociaciones de vecinos de las zonas afectadas por la operación urbanística.
La propuesta, impulsada por el PSOE y Ahora Madrid, es una respuesta a la presentada por Ciudadanos, que reclamaba la creación, también, de una mesa de trabajo sobre este proyecto, pero sólo con la participación de los partidos políticos presentes en el Consistorio y con un plazo fijado, inicialmente en tres meses, para desbloquear el proyecto.
 
 ANTECEDENTES
23 de septiembre de 2015 
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DISTRITO CASTELLANA NORTE DE MADRID (OPERACIÓN CHAMARTÍN) YA ES UN ASUNTO FINANCIERO PARA FOMENTO 
¿Qué aprendo? 
Se analiza en la guía práctica inmoley.com de planes especiales y en la guía del urbanismo de Madrid. La decisión de la anterior junta de gobierno de no aprobar de urgencia el plan especial de la operación Chamartín puede traer consecuencias financieras graves para el Ministerio de Fomento. Según varios medios, el ayuntamiento de Madrid está retrasando su decisión a la espera de que pasen las elecciones generales. Este retraso impide reactivar el mercado madrileño de la construcción y afecta de lleno a las cuentas del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que tiene que ingresar 1.045 millones de euros como contraprestación por los terrenos afectados por la conocida como Operación Chamartín. Con este retraso ya no queda otra opción que financiarse de otro modo. Vía estado no puede porque computaría como déficit estatal, limitado por la Comisión Europea, y la venta de bonos que está aumentando está en una situación límite. Adif tiene una deuda de 13.322,9 millones de euros a largo plazo,con el Banco Europeo de Inversiones y de 651,2 millones a corto plazo. 
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La salvación estaba en la operación Chamartín y en sus cuentas anuales de 2014 reseñaba un acuerdo con la sociedad al frente del proyecto, Duch (Distrito Castellana Norte), participada en un 75% por BBVA, y el resto por el grupo San José, por el que la empresa privada "se obliga a satisfacer a las Entidades Públicas [Adif y Renfe Operadora] un canon monetario de 984,2 millones de euros a abonar en 20 años con un interés del 3% anual", además de un canon en especie consistente en 100.000 metros cuadrados de uso residencial sujeto a protección pública. Adif estima que de la cantidad total percibiría 1.046,5 millones de euros, siendo esta una cantidad máxima, dependiendo de que en las correspondientes reparcelaciones urbanísticas no se reconociera a Adif la propiedad de alguna superficie.
Urbanísticamente, corresponde al pleno del Ayuntamiento de Madrid la aprobación del Plan Parcial de Reforma Interior. 
El anterior equipo del partido popular redactó el plan, pero no lo aprobó, por entender, declaró poco antes de la celebración de las elecciones municipales del pasado mes de mayo, que debía ser la nueva Corporación resultante la que diera su visto bueno definitivo. 
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha pedido en los desayunos de Nueva Economía Fórum que el ayuntamiento se pronuncie oficialmente sobre el proyecto Distrito Castellana Norte de Madrid. 
 
ANTECEDENTES 
2 de septiembre de 2015 
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¿POR QUÉ NO SALEN LAS CUENTAS DE LA OPERACIÓN CASTELLANA-CHAMARTÍN? 
¿Qué aprendo? 
Se analiza en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de Madrid. La Operación Castellana-Chamartín implica una inversión privada de 5.000 millones de euros y después de negociarse, ahora se pretende un "coste cero" para el Ayuntamiento de Madrid a pesar de quedarse con suelo para vivienda social. Se refiere a 3.114.000 metros cuadrados implica una inversión de 6.000 millones, de los cuales 5.000 corresponden a la iniciativa privada. De esa cantidad, 3.500 millones se destinan al sector residencial y terciario, 1.300 millones a infraestructuras y 1.100 a equipamientos públicos. En materia de infraestructuras, implica la remodelación integral del nudo norte de la M-30 y la del nudo M-40 norte, el cubrimiento de las vías de ferrocarril y actuaciones en Metro. El desarrollo contempla más de 17.000 nuevas viviendas. Por si fuese poco, también hay desconcierto con la interpretación judicial del proyecto, en concreto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que invalida la posibilidad de construir rascacielos y que se recurrirá al Supremo. Realmente la vía judicial tiene pocas posibilidades, por lo que más tarde o más temprano se reformará la ley del suelo de Madrid para retirar la limitación de 3 alturas que introdujo Aguirre. 
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El problema fundamental son los costes municipales que son imprescindibles colegios, centros de mayores o centros de atención sanitaria que hay que costear pero que de hacerlo conllevaría recortes de gasto municipal de entre el 15 y el 20% este año. 
De no aprobarse esta operación se perderán miles de puestos de trabajo y la posibilidad de armonizar conjuntamente el urbanismo de la zona norte de Madrid. Desde la Comunidad Autónoma están dispuestos a cambiar la ley del suelo para que sea posible, pero sin el apoyo municipal es imposible. 
Se estima que la operación costaría al ayuntamiento 1.000 millones de euros lo que afectaría de lleno a la obra social que prevé hacer. Además el ayuntamiento pone en duda la necesidad de otras 17.000 viviendas en la capital. Otro inconveniente son las 2.200 alegaciones de los vecinos que hay que responder. 
Y además el problema del plazo del contrato de venta de los terrenos de ADIF a Distrito Castellana Norte que expira 31 de diciembre de 2016, con tres meses más para buscar un nuevo acuerdo, según ADIF. 
El Distrito Castellana Norte abarcaría más de tres millones de metros cuadrados, un tercio de los cuales pertenecen a la empresa pública de infraestructuras ferroviarias. En esos terrenos se construirá una zona de negocios pegada a las Cuatro Torres de Madrid y se incluirá una amplia zona residencial, además de soterrar las vías de la estación de Chamartín, entre otras operaciones urbanísticas.