| La responsabilidad
de la Generalitat valenciana es evidente en los planes urbanísticos
que se aprobaron sin contar con todos los informes de la confederación
hidrográfica o las evaluaciones medioambientales.
La reclamación
más cuantiosa se sitúa en la localidad alicantina de Dénia,
que acumula más de 71 millones de euros (el Supremo anuló
definitivamente el plan general transitorio en 2012), seguida de la Zona
de Actividades Logística de Valencia(54,9 millones) o el plan urbanístico
de los Puentes del Algar, en Altea (30,8 millones).
En la relación
de procedimientos emergen otras iniciativas mediáticas, como el
Plan de Actuación Integrada (PAI) de Rabassa, en Alicante (30,2
millones), o el de Porxinos, en Riba-Roja del Turia (19,4 millones).
Entre las reclamaciones
también figuran las correspondientes a la anulación de otras
actuaciones urbanísticas en Vilafamés, en la provincia de
Castellón; Algimia de Alfara, Ribarroja, Alboraya, La Torre, Torres-Torres,
Náquera, Requena, Benetússer, Xeresa y Barxeta, en la provincia
de Valencia; y Alicante, Finestrat, Tabarca, Altea y Novelda, en la provincia
de Alicante.
Se esperan
nuevas demandas, entre las que presumiblemente figurará Marina d'Or
Golf. El planeamiento de este macro complejo, valorado en 6.000 millones
de euros, fue anulado en febrero de 2016.
Legalmente,
los damnificados por negligencias en la tramitación de un plan urbanístico
(tanto promotores como propietarios particulares de suelo que han visto
devaluado su valor) pueden requerir compensaciones económicas a
la Administración. Las reclamaciones recogen desde los costes de
diseño y de redacción de los proyectos a una indemnización
por la adquisición de suelo pasando por una estimación de
las expectativas legítimas.
ANTECEDENTES
17 de junio
de 2016
NOTICIA
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EL LARGO
PROCESO INDEMNIZATORIO POR EL URBANISMO DE RABASA
¿Qué
aprendo?
Se analiza
en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de la Comunidad
Valenciana. El ayuntamiento de Alicante analizará las reclamaciones
de responsabilidad patrimonial y de indemnización por supuestos
daños y perjuicios causados por la declaración de nulidad
tanto del Programa y Plan Parcial del sector "Lagunas de Rabasa", como
por la nulidad de la adjudicación como agente urbanizador de Viviendas
Sociales del Mediterráneo, VISOMED, actual Alicante Avanza". Un
equipo jurídico integrado por miembros de la asesoría jurídica
municipal y de la Concejalía de Urbanismo estudiará en detalle
el contenido de las reclamaciones, que serán resueltas en los plazos
legales previstos, es decir, seis meses (ampliables en otros seis). El
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) anuló
en abril de 2003 la aprobación inicial del Plan Rabasa llevada a
cabo por el Ayuntamiento de Alicante en junio de 2006 a una empresa de
Enrique Ortiz (Viviendas Sociales del Mediterráneo) que dejaba sin
efecto también la posterior aprobación del mismo planeamiento
urbanístico concedida por la Generalitat Valenciana en mayo de 2009.
Las reclamaciones entienden que esa anulación es imputable a una
deficiente tramitación del citado plan por parte de consistorio
y Generalitat.
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conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías
prácticas
Siete son
las reclamaciones presentadas el pasado 10 de junio en el registro municipal
"de responsabilidad patrimonial y de indemnización por supuestos
daños y perjuicios causados por la declaración de nulidad
tanto del Programa y Plan Parcial del sector "Lagunas de Rabasa", como
por la nulidad de la adjudicación como agente urbanizador de Viviendas
Sociales del Mediterráneo, VISOMED, actual Alicante Avanza".
Las siete
se dirigen de forma conjunta contra el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat
Valenciana y suman un importe de 20,4 millones de euros. VISOMED reclama
11,27 millones, la mercantil Urbanika Proyectos Urbanos SL 6,77 millones,
a 1,49 millones asciende la cantidad que pide Cerámica La Florida
SL, Valle Levante SL exige la cantidad de 625.000 euros, mientras que Ortiz
Desarrollos Urbanísticos pide 246.000 euros. Por último,
Camservi Obrasa y Servicios y Nuevo Garbinet SL solicitan 22.000 y 4.200
euros respectivamente.
Miguel
Angel Pavón, edil de Urbanismo, explica que el equipo de Gobierno
ha decidido dar traslado de las reclamaciones a la asesoría jurídica
municipal y a los servicios jurídico de la concejalía. De
esta forma, se va a constituir un equipo jurídico que estudiará
en detalle su contenido y las reclamaciones serán resueltas en los
plazos legales previstos (seis meses que se pueden ampliar otros seis).
Asegura,
como se recoge en un comunicado, que se va a anteponer en todo momento
la defensa de los intereses municipales y del interés general de
la ciudad frente a las pretensiones de empresas, en su mayoría vinculadas
a Enrique Ortiz. Recuerda que estas mercantiles promovieron un plan aprobado
por el PP local y autonómico en la época de Díaz Alperi,
Castedo y Camps. Un plan, insiste, especulativo que fue tumbado en los
tribunales tras los recursos interpuestos por distintos actores sociales
y políticos de la ciudad
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