En el informe se menciona el incumplimiento de la Ley de Contratos del sector público para dar a la promotora de Ortiz la condición de urbanizador ya que faltaba un informe preceptivo desde la Conselleria de Medio Ambiente y no se había acreditado la suficiencia de recursos hídricos para el desarrollo urbanístico del sector.

Se cuestiona la ATE, una figura urbanística exprés de reciente creación diseñada específicamente para aquellos proyectos que tuviesen un «impacto económico provincial» y que fue aprobada por el Consell.
 
ANTECEDENTES

17 de junio de 2016 
 
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EL LARGO PROCESO INDEMNIZATORIO POR EL URBANISMO DE RABASA 
¿Qué aprendo? 
Se analiza en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de la Comunidad Valenciana. El ayuntamiento de Alicante analizará las reclamaciones de responsabilidad patrimonial y de indemnización por supuestos daños y perjuicios causados por la declaración de nulidad tanto del Programa y Plan Parcial del sector "Lagunas de Rabasa", como por la nulidad de la adjudicación como agente urbanizador de Viviendas Sociales del Mediterráneo, VISOMED, actual Alicante Avanza". Un equipo jurídico integrado por miembros de la asesoría jurídica municipal y de la Concejalía de Urbanismo estudiará en detalle el contenido de las reclamaciones, que serán resueltas en los plazos legales previstos, es decir, seis meses (ampliables en otros seis). El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) anuló en abril de 2003 la aprobación inicial del Plan Rabasa llevada a cabo por el Ayuntamiento de Alicante en junio de 2006 a una empresa de Enrique Ortiz (Viviendas Sociales del Mediterráneo) que dejaba sin efecto también la posterior aprobación del mismo planeamiento urbanístico concedida por la Generalitat Valenciana en mayo de 2009. Las reclamaciones entienden que esa anulación es imputable a una deficiente tramitación del citado plan por parte de consistorio y Generalitat.  
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Siete son las reclamaciones presentadas el pasado 10 de junio en el registro municipal "de responsabilidad patrimonial y de indemnización por supuestos daños y perjuicios causados por la declaración de nulidad tanto del Programa y Plan Parcial del sector "Lagunas de Rabasa", como por la nulidad de la adjudicación como agente urbanizador de Viviendas Sociales del Mediterráneo, VISOMED, actual Alicante Avanza".
Las siete se dirigen de forma conjunta contra el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana y suman un importe de 20,4 millones de euros. VISOMED reclama 11,27 millones, la mercantil Urbanika Proyectos Urbanos SL 6,77 millones, a 1,49 millones asciende la cantidad que pide Cerámica La Florida SL, Valle Levante SL exige la cantidad de 625.000 euros, mientras que Ortiz Desarrollos Urbanísticos pide 246.000 euros. Por último, Camservi Obrasa y Servicios y Nuevo Garbinet SL solicitan 22.000 y 4.200 euros respectivamente.
Miguel Angel Pavón, edil de Urbanismo, explica que el equipo de Gobierno ha decidido dar traslado de las reclamaciones a la asesoría jurídica municipal y a los servicios jurídico de la concejalía. De esta forma, se va a constituir un equipo jurídico que estudiará en detalle su contenido y las reclamaciones serán resueltas en los plazos legales previstos (seis meses que se pueden ampliar otros seis).
Asegura, como se recoge en un comunicado, que se va a anteponer en todo momento la defensa de los intereses municipales y del interés general de la ciudad frente a las pretensiones de empresas, en su mayoría vinculadas a Enrique Ortiz. Recuerda que estas mercantiles promovieron un plan aprobado por el PP local y autonómico en la época de Díaz Alperi, Castedo y Camps. Un plan, insiste, especulativo que fue tumbado en los tribunales tras los recursos interpuestos por distintos actores sociales y políticos de la ciudad