El Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia ha anulado la Ordenación Provisional
Urbanística del Concello de Ourense, que afecta a treinta ámbitos
de actuación: 15 de iniciativa pública y otros tantos de
carácter privado. Las sentencias de la Sala Contencioso Administrativo
del Alto Tribunal gallego, contra las que caben recurso ante el Supremo,
sostienen en los fundamentos jurídicos para su anulación
que no hubo exposición al público por parte de la Xunta en
la ordenación que aprobó el 29 de septiembre de 2011. Esto
supone que está en vigor el planeamiento urbanístico de 1986.
El concejal
de Urbanismo, José Cudeiro, reconoce que "no sorprende la anulación",
para confirmar que la estrategia a seguir pasa por la presentación
del recurso de casación. "Primero tendremos que estudiar con los
técnicos municipales; tanto del área de Urbanismo como de
la asesoría jurídica, el contenido de esas sentencia", explica.
Según
las previsiones que maneja el responsable del área de Urbanismo,
una vez se presente el recurso de casación, la decisión del
Tribunal Supremo en el sentido de admitirla a trámite o rechazarla,
podría demorarse por un periodo de dos o tres meses. Y si lo admite
a trámite, su resolución se prolongaría un año
más, como mínimo.
El alcalde
de Ourense, Jesús Vázquez, ha confirmado que el Ayuntamiento
estudia presentar un recurso de casación contra la resolución
de la sentencia que tumba el planeamiento urbanístico provisional
de la ciudad.
Vázquez
ha pedido "corresponsabilidad" a los grupos de la oposición para
agilizar la puesta en funcionamiento del nuevo Plan Urbanístico
de la ciudad, todavía pendiente de aprobación.
La Sala de
lo Contencioso-Administrativo del tribunal gallego da por válidas
las razones de los afectados por la modificación de la normativa,
que en algunos casos solicitaban la anulación parcial y en otros,
la total. En este sentido, recoge que el trámite de información
pública era «ineludible» y que, por tanto, «el
defecto procedimental advertido en la aprobación del decreto autonómico
impugnado tiene trascendencia sustancial y acarrea su nulidad radical o
de pleno derecho». Dicha anulación afecta a una treintena
de ámbitos, quince de iniciativa pública y otros tantos de
carácter privado.
La corporación
municipal tiene ya redactado un nuevo planeamiento, aunque sin apoyos suficientes
para salir adelante. Los populares no han logrado convencer al resto de
grupos de las modificaciones introducidas en el documento heredado del
gobierno anterior. En todo caso, tal y como recordó Vázquez,
«pasó el trámite inicial y cuenta con el beneplácito
de diferentes organizaciones», como Patrimonio, Xunta de Galicia
o la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.
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