| La ampliación
prevista del Centro Comercial es de 9.000 metros cuadrados sobre la actual
explanada de aparcamiento del Paseo de Zorrilla y, según explicó
en su día la propia gran superficie, supondría la creación
de 275 nuevos puestos de trabajo y una inversión de más de
25 millones de euros.
El edificio,
cuya apertura estaba prevista inicialmente para 2016, tendría dos
plantas y contaría tanto con aparcamiento subterráneo como
en terraza. En total, la previsión era que esta nueva apertura albergara
cerca de 20 tiendas y locales con nuevos operadores de moda y ocio.
De esta forma,
dicha ampliación de Vallsur se sumaría a los 35.000 metros
cuadrados ya construidos y cuya última renovación supuso
una inversión de 14 millones de euros y creó 300 puestos
de trabajo directos para la remodelación.
La modificación
del PGOU de Valladolid en el ámbito del Centro Comercial Vallsur
fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento en el último Pleno
antes de las elecciones municipales, y remitida a la Junta de Castilla
y León para su aprobación definitiva, con registro de entrada
el 3/06/2015.
Tras su toma
de posesión, el nuevo gobierno municipal manifestó su voluntad
de que la modificación no se aprobara. Puesto que ya había
sido remitida a la Junta de Castilla y León, el concejal de Urbanismo,
Manuel Saravia, solicitó el 4/08/2015 que no se continuara con la
tramitación, informando que el Ayuntamiento había iniciado
un procedimiento para revocar el acuerdo de aprobación provisional.
En atención
a esa petición, y no existiendo intereses supramunicipales en juego,
la Consejería no se pronunció sobre el expediente en los
meses siguientes.
Sin embargo,
transcurridos tres meses desde la entrada oficial del expediente sin que
el Ayuntamiento revocara su aprobación provisional, los interesados
quedaron habilitados para entender aprobada la modificación por
silencio administrativo, algo que hicieron mediante escrito presentado
ante la Consejería de Presidencia en el que solicitó la publicación
en el BOCyL.
Ante esta situación,
la Junta de Castilla y León procedió con la publicación
oficial.
En opinión
de la Junta, considera que lo lógico sería que el Ayuntamiento
no criticase su actuación, motivada precisamente por atender su
petición de no aprobar la modificación. En todo caso, ha
aclarado que para la Junta de Castilla y León esta publicación
es un "acto obligado", a causa del trascurso de los plazos establecidos
legalmente. "No se trata por tanto de una decisión política,
sino una actuación administrativa obligada", ha señalado
el Gobierno autonómico.
En este sentido,
ha señalado que no se habría llegado a esta situación
si el Ayuntamiento hubiera tramitado la anunciada revocación de
su acuerdo plenario de aprobación provisional.
"El Ayuntamiento
es libre de recurrir el fondo del asunto, ante lo cual la Junta de Castilla
y León permanecerá neutral, pues la publicación por
silencio no implica en absoluto que 'haga suyo' el procedimiento", ha agregado.
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