| Supongamos
que otro inversor internacional analiza el caso Wanda y la reforma del
Edificio España en Madrid.
Si Wanda no
hace nada, dejaría sin rentabilizar su inversión, se convertiría
en un inversor patrimonialista que compra para vender cuando suba el precio.
Pero el precio
no puede subir (pagó 256 millones de euros que pagó por él
al Banco Santander en junio de 2014) porque los costes de rehabilitación
son muy altos. Es decir, que Wanda pierde en ambos casos, tanto si rehabilita
con altos costes como si no hace nada y es pera a venderlo.
En este punto
el ayuntamiento de Madrid debe clarificar que habría sido recomendable
por Wanda haber consultado previamente a la Comisión Local de Patrimonio
Histórico.
Pero la pregunta
que ya están haciendo muchos inversores inmobiliarios extranjeros
es si la rehabilitación hubiese sido viable con otro partido político
gobernando el ayuntamiento de Madrid.
De haber sido
posible, se está transmitiendo la idea de que el urbanismo español
depende del color del ayuntamiento. Esta idea es muy perjudicial porque
causa gran inseguridad para el inversor. Las reglas deben ser claras para
cualquier inversor y la oposición debe ser leal, sin que sea lícito
transmitir la idea equivocada de que no es que la rehabilitación
sea ilegal, sino que se trata de un capricho del nuevo ayuntamiento.
La Comisión
Local de Patrimonio Histórico (en la que también participa
el Ayuntamiento) rechazó en octubre de 2015 la petición de
derribar el edificio España y reconstruirlo "con los mismos materiales,
formas y dimensiones". La comisión consideró que Wanda no
había acreditado que fuese imposible mantener las fachadas protegidas
durante el proceso de rehabilitación, y obligó a conservarlas
intactas.
Cuando Wanda
compró el edificio en julio de 2014 por 265 millones de euros para
convertirlo en hotel y centro comercial de lujo, ya estaba protegido con
un nivel 3 parcial por su valor histórico-artístico, lo que
impedía derruirlo. Pero la Comisión Local de Patrimonio accedió
a rebajar su blindaje para favorecer "la puesta en valor de un edificio
muy degradado debido a su inactividad". Obligó a preservar "las
partes que revisten importancia desde el punto de vista arquitectónico
y escultórico", señalando en concreto las fachadas y los
alzados laterales.
Pese a ello,
en julio del 2015, Wanda envió al Ayuntamiento una consulta especial
urbanística solicitando permiso para derribar el edificio, fachadas
incluidas, y rehacerlo entero. Según Wanda, "la consolidación
de la fachada es inviable en condiciones de seguridad", pero "sí
es posible su desmontaje y posterior reconstrucción, preservando
su imagen y valor paisajístico". El ayuntamiento rechazó
la petición de Wanda aportando dos informes independientes y sosteniendo
que "sí se puede" mantener la fachada en la rehabilitación.
En concreto, se aportó un informe de los servicios municipales y
dos estudios de expertos independientes (Ricardo Aroca y Hugo Corres).
Wanda se mantuvo
en que "todos los informes técnicos realizados por firmas y expertos
de reconocido prestigio en el mundo de la ingeniería, la arquitectura
y el urbanismo han concluido que las características del edificio
y el estado actual de la estructura y las fachadas hacen que mantenerlas
mientras se ejecutan los trabajos de rehabilitación suponga un alto
riesgo de colapso parcial o total, inasumible en un edificio de estas dimensiones
en pleno centro". Y añadía: "Es obligado el desmontaje controlado
de las fachadas y su reconstrucción idéntica, tal y como
expresamente indican las propias normas urbanísticas".
El dictamen
final de la Comisión Local de Patrimonio señaló la
obligación de que el proyecto "garantice la seguridad precisa para
la rehabilitación", y recuerda "el deber de conservación
inherente al derecho de propiedad". "Durante todo el proceso de ejecución
deberán adoptarse las oportunas medidas de seguridad, en especial
en lo que respecta a las fachadas", concluyó.
LAS CONSECUENCIAS
Al margen de
la mala imagen internacional, hay efectos inmediatos, como para el 'project
manager' del proyecto de reforma del edificio de Bovis Lend Lease, que
ha comunicado a las empresas subcontratadas que el proyecto no seguía
adelante.
Los mismo para
la dirección facultativa, ya que el proyecto era de Norman Foster
y su socio local, Lamela, que a su vez cooperaba con otros arquitectos.
Incluso la
ingeniería Valladares, responsable de las estructuras e instalaciones
del proyecto.
De las fachadas
y la acústica del inmueble se encargaba la consultora internacional
de ingeniería Arup; de la iluminación, el estudio especializado
Artec 3.
Del interiorismo,
GCA y de los elementos audiovisuales, Ruybesa.
Las demoliciones
se iban a realizar por Detecsa.
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