| ANTECEDENTES
2014
La Consejería
de Turismo y Comercio, que dirige Rafael Rodríguez (IU), ultima
una nueva modificación del decreto regulador de las condiciones
de implantación y funcionamiento de los campos de golf en Andalucía.
El proyecto pasó el 6 de octubre de 2014 por el Consejo Económico
y Social (CES), donde ha encontrado el rechazo frontal de las organizaciones
empresariales representadas en la Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA) al entender que endurece las condiciones para construir
nuevos campos.
Turismo
considera que esta vez cuenta con el apoyo de los socialistas, ya que la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
ha trabajado en conjunto en los cambios. Sería la tercera vez que
se modifica este decreto desde su aprobación en 2008, una circunstancia
que el propio Consejo Económico y Social considera en su dictamen
que ha generado "sensación de provisionalidad e incertidumbre en
la esfera empresarial y administrativa".
Turismo
entiende que la redacción original del decreto vigente pretendió
"burlar" el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
(POTA) en cuanto a los límites de población y de viviendas
anexas a la construcción de un campo de golf. Con la nueva modificación
"se ganaría en simplificación administrativa, se reforzará
la protección del medio ambiente y se dará mayor seguridad
jurídica", en palabras del viceconsejero de Turismo y Comercio,
Antonio Roldán. La Consejería justifica el cambio en que,
de los 37 proyectos presentados en los últimos años, 17 se
encuentran en silencio administrativo y sólo dos han obtenido la
autorización (Castellar y Barbate, ambos en la provincia de Cádiz),
pero no se han construido. "Ahora los campos de gol saldrán con
todas las garantías jurídicas y medioambientales", sostiene
Roldán.
El cambio
principal y que genera mayor rechazo en la CEA se encuentra en la modificación
del artículo 26. Turismo quiere restringir la "edificabilidad lucrativa
máxima" a 144.000 metros cuadrados para un campo de golf de 18 hoyos,
es decir, que no haya más de 300 viviendas asociadas al proyecto.
Roldán señala que han llegado proyectos con mil, 600 o 500
viviendas, saltándose los límites urbanísticos del
POTA y avala la modificación para que los promotores sepan a qué
atenerse. El viceconsejero subraya que el crecimiento económico
va ligado a las plazas hoteleras y a los apartahoteles, no a la construcción
de más viviendas.
Además,
Turismo quiere que el decreto incorpore que las viviendas asociadas se
incluyan en la "ciudad compacta", es decir, unidas al núcleo poblacional.
El CES desaconseja
este cambio porque, en su opinión, dificultará el desarrollo
de proyectos en el interior e impedirá que estas zonas puedan generar
economía y empleo. El Consejo propone una redacción por la
que "las viviendas se ubiquen en las zonas más próximas posibles
a los núcleos urbanos de residencia". La patronal ve insuficiente
este rechazo y, en su voto particular, propone la supresión de la
modificación del artículo 26 porque este cambio "reducirá
los espacios para la implantación de proyectos, una notable pérdida
de atractivo turístico y singularidad al exigirse la localización
adyacente a los núcleos urbanos y, por consiguiente, una falta de
respuesta a la demanda turística y al objetivo compartido de desestacionalización,
la calidad y variedad de la oferta de turismo andaluz".
Todos estos
cambios son posibles porque hace seis años la Junta incorporó
una figura que no existía en el conjunto del Estado por la que se
podían construir viviendas asociadas siempre que el proyecto se
declare "de interés turístico" y que estén en un Plan
de Ordenación del Territorio de ámbito subregional.
El nuevo
decreto restringe los requisitos para otorgar esta declaración.
Además de la edificabilidad asociada, incorpora otros parámetros
orográficos y medioambientales, como una extensión de la
prohibición de hacer campos de golf en lugares protegidos o parques
naturales. Por ejemplo, impide que se pueda construir en zonas donde haya
una determinada densidad de árboles centenarios.
El decreto
incorpora una simplificación y racionalización del procedimiento,
entre los que destaca el sometimiento del proyecto a un informe previo
que valore su interés turístico. Entre los informes preceptivos
que se pedirán durante la tramitación se incluirá
uno sobre la suficiencia hídrica del proyecto, que hasta ahora no
se contemplaba.
En la tramitación
también se cambia el silencio administrativo positivo por el negativo,
aunque el CES recomienda que se dé un plazo de tres meses y, de
no haber contestación, que el silencio sea positivo.
Este borrador
de decreto es de envergadura, ya que se estructura en un artículo
único con modificaciones en 14 apartados, una disposición
transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
En la última
modificación del decreto, en 2010, el entonces consejero de Turismo,
Luciano Alonso, defendió que se suavizarán las restricciones
porque hay que competir con la oferta del norte de África, Turquía
o el Algarve portugués.
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