| Una sentencia
firme del Tribunal Supremo dictada el pasado 5 de mayo de 2015 obliga a
la Comunidad de Madrid a abonar 44.660.179 euros al recurrente, la mercantil
Gregorio Riaza, al considerar que la modificación puntual
del Sector V del parque empresarial de Las Rozas revalorizó por
mucho el «aprovechamiento superior» de sus antiguos terrenos,
por lo que la cantidad prevista por la expropiación forzosa era
insuficiente. En concreto, a la inmobiliaria se le reconoce el «derecho
de reversión», es decir, restaurarle su propiedad, toda vez
que «ha existido un incumplimiento del uso específico asignado»
en el plan general inicial. Dado que la «actuación urbanizadora»
realizada en aquellos años sobre las fincas «hace imposible
la reversión de los terrenos», la ley fija una indemnización.
Desde hace años, las partes –el Gobierno regional y la sociedad
pública Arpegio, que gestiona el suelo de la Comunidad– litigan
sobre la cuantía de la compensación, que la Administración
fijaba en 4,5 millones. La Justicia, en cambio, aprueba la cantidad demandada
por la inmobiliaria (que ostentaba el 16,10% del terreno en cuestión)
y sentencia que se les debe 44,6 millones de euros.
Otra sentencia
del Supremo de 2006, no firme, recoge, a requerimiento de otra afectada,
que la modificación del plan general «supuso una modificación
radical» del uso del parque empresarial, «incrementándose
la edificabilidad y destinándose más de la mitad de la misma
a usos residenciales y de equipamientos privados, con un valor de mercado
muy superior al del uso de parque empresarial. Y ese cambio –continúa–
a uso residencial se había hecho para la construcción de
viviendas libres de lujo, circunstancias todas estas que evidenciarían
el incumplimiento de la causa justificativa de la expropiación».
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