Todas las
sentencias judiciales de condena son firmes, pero además otros cuatro
convenios también están en vía judicial y los promotores
exigen al consistorio la devolución de otros 5,7 millones de euros,
ha dicho Gil.
El ayuntamiento
recibió unos 13 millones de euros a la firma de aquellos convenios,
pero incumplió una cláusula que le obligaba a resolver todos
los trámites urbanísticos en un plazo de tres años
y ahora se enfrenta al pago de aquellas cantidades, más la suma
de los intereses y de las costas judiciales.
Si se confirmara
la perspectiva judicial negativa que manejan los servicios jurídicos
municipales, el ayuntamiento se vería obligado a devolver por estos
convenios entre 14 y 16 millones de euros incluyendo los intereses y las
costas judiciales.
Además
del bloque de estos convenios, otro grupo de cuatro sociedades promotoras
reclama al ayuntamiento la devolución de 5,3 millones de euros más
por convenios correspondientes al Plan General, que no forman parte del
paquete anterior, y sobre los que el consistorio confía en que la
reclamación sea desestimada.
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