| Según
el fiscal de delitos urbanísticos y de medio ambiente, Alvaro García
Ortíz, “la utilización de la ley es perversa porque permite
adaptarla en cada caso”.
En la documentación
que se le requirió a la Secretaría Xeral de Urbanismo se
detallan otros 20 casos en los que no ha habido una calificación
de los terrenos rústicos de protección de acuerdo con la
Lei do Solo y el Plan de Ordenación do Litoral , escapando a cualquier
interpretación del derecho penal, y descartando también que
la tala de árboles que se llevó a cabo fuese punible. No
obstante, Ortíz deja abierta la vía del contencioso porque
considera discutible algunas actuaciones administrativas por parte de la
consellería en materia urbanística, paisajística o
canalización de aguas, entre otras, contempladas en el expediente
autonómico.
La denuncia,
que tiene sus raíces en desavenencias familiares, fue presentada
por el propio heredero del marquesado de Aranda, Gonzalo Ozores Rey, contra
un proyecto que se levantó en terrenos que reclama como propios.
Las instalaciones comenzaron a funcionar pese a que en un escrito de la
consellería remitido a la fiscalía consta que la autorización
concedida el mayo de 2012 fue suspendida posteriormente porque no se hizo
constar en el registro de la propiedad la superficie real de la parcela.
En junio de 2014, el Ayuntamiento de Vilagarcía decretó la
clausura del campo de golf cuando apenas llevaba un año en actividad
porque los promotores no habían presentado la documentación
requerida por la Xunta, un papeleo imposible de cumplimentar por las reclamaciones
judiciales que ya existían entre los herederos de los terrenos.
Los problemas surgieron después de que la empresa promotora Arosa
Golf Gestión promoviese el proyecto y solicitara la licencia a la
Xunta con la autorización de la madre del denunciante, Paloma Rey
Fernández-Latorre, usufructuaria del pazo.
Con la denuncia
de Ozores -para evitar cualquier modificación de los terrenos- se
pararon los expedientes administrativos que se tramitaban en los Ayuntamientos
de Vilagarcía y Caldas, donde alcanzan los lindes del pazo de Rubiáns.
Ahora, con el archivo de su denuncia podría no terminar el litigio
en el que Paloma Rey alega que estaba legitimada para llegar a un acuerdo
con la promotora para que desarrollara el proyecto que llegó a tener
más de 300 socios y organizó varios torneos.
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