El problema
fundamental son los costes municipales que son imprescindibles colegios,
centros de mayores o centros de atención sanitaria que hay que costear
pero que de hacerlo conllevaría recortes de gasto municipal de entre
el 15 y el 20% este año.
De no aprobarse
esta operación se perderán miles de puestos de trabajo y
la posibilidad de armonizar conjuntamente el urbanismo de la zona norte
de Madrid. Desde la Comunidad Autónoma están dispuestos a
cambiar la ley del suelo para que sea posible, pero sin el apoyo municipal
es imposible.
Se estima que
la operación costaría al ayuntamiento 1.000 millones de euros
lo que afectaría de lleno a la obra social que prevé hacer.
Además el ayuntamiento pone en duda la necesidad de otras 17.000
viviendas en la capital. Otro inconveniente son las 2.200 alegaciones de
los vecinos que hay que responder.
Y además
el problema del plazo del contrato de venta de los terrenos de ADIF a Distrito
Castellana Norte que expira 31 de diciembre de 2016, con tres meses más
para buscar un nuevo acuerdo, según ADIF.
El Distrito
Castellana Norte abarcaría más de tres millones de metros
cuadrados, un tercio de los cuales pertenecen a la empresa pública
de infraestructuras ferroviarias. En esos terrenos se construirá
una zona de negocios pegada a las Cuatro Torres de Madrid y se incluirá
una amplia zona residencial, además de soterrar las vías
de la estación de Chamartín, entre otras operaciones urbanísticas.
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