| El concejal
en funciones de Urbanismo, Carlos Sánchez señaló que
«el equipo de gobierno se compromete a que desde el sector público
municipal se inicien investigaciones de los procedimientos y actuaciones
correctoras para poder realizar investigaciones en los edificios de los
40 y 50 que pueden tener defectos estructurales que las revisiones no han
detectado», aseguró. El concejal apostilló que el Ayuntamiento
quiere realizar estas actuaciones después de dos siniestros «muy
parecidos» en la ciudad aunque hayan ocurrido de manera «casual».
«La Administración local no puede permanecer al margen de
esta realidad y pondremos en marcha y lo haremos en breve un plan de revisión
sobre edificios que puedan tener deficiencias no detectadas por las inspecciones
de edificios», aseveró.
Sánchez
explicó que el edificio del número 1 de la calle Amaniel
es de finales de los 40 y que se acometió una ampliación
de altura una década después. El concejal hizo hincapié
en que la investigación está tratando de determinar las causas
concretas del derrumbe pero ha añadido que había «deficiencias
visiblemente apreciables».
Según
Vicente Pérez, responsable de Urbanismo y Vivienda de la Federación
Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAMV), « la rehabilitación
integral en Madrid está parada o casi parada por parte de la Comunidad
desde 2008, a pesar de que han existido dos planes de rehabilitación
(2008-2012 y 2013-2016) y de que este organismo tiene una deuda de 10 millones
de euros con los vecinos que ya han hecho una rehabilitación».
Esta problemática
se debe a que la financiación de la rehabilitación es un
proceso en el que participan numerosos intermediarios. Por lo general,
el Ministerio de Fomento es el encargado de repartir los fondos a las diversas
comunidades autónomas, que a su vez deben elaborar partidas para
justificar ese gasto.
Desde la FRAMV
también denuncian que los acuerdos no se firmaban porque en estos
últimos años la Comunidad de Madrid ya «ha recibido
unos fondos de 90 millones de euros que no ha justificado y Fomento le
pedía justificar ese dinero», comenta Pérez. «El
anterior consejero de Vivienda, Pablo Cavero, reconoció en la Asamblea
que el capital se había destinado a hospitales y al Metro, aunque
era para vivienda», añade.
Según
los arquitectos, «el técnico de una ITE podría llegar
a darse cuenta de que se ha quitado un pilar del edificio [que es la principal
hipótesis que manejan los Bomberos sobre el inmueble de la calle
Amalia]», explica Norberto Beirak, de la Junta de Gobierno del Colegio
de Arquitectos de Madrid (Coam), «pero las ITE se hacen visualmente
y, si el técnico no ve síntomas de ningún tipo, las
da por buenas. Sin embargo, algunos problemas se podrían detectar
con unas pruebas más profundas pero que tienen un coste añadido
que debe abonar el dueño del edificio».
A diferencia
de lo que ocurre con la ITV de los coches, las ITE no cuentan con un protocolo
de pruebas obligatorias a realizar y son los propietarios de los inmuebles
quienes deben acudir a un técnico que las realice. «El cliente
puede decir que no quiere un estudio exhaustivo y que se busca otro técnico
que evalúe el inmueble», comenta Beirak. «Normalmente
se opta por el técnico más económico y menos exigente»,
se lamenta.
“Las inspecciones
consisten en identificar síntomas que sean perceptibles con los
sentidos”, explica Norberto Bairak, miembro de la Junta de Gobierno del
COAM. “Sin embargo, que para identificar muchos de estos desperfectos,
a menudo habría que desmontar varios elementos de una vivienda.
Eso sería muy caro y hay vecinos que no están dispuestos
o no pueden afrontar los costes. Así que la labor de los técnicos
consiste en fijarse con atención también en aspectos más
secundarios”, explica.
Los cincos
puntos que tiene que comprobar el arquitecto son la seguridad estructural
del inmueble, su salubridad (que no tenga goteras o esté bien la
estanqueidad de las cubiertas), la accesibilidad, las instalaciones de
saneamiento y agua y las fachadas interiores y exteriores, lo que incluye
los elementos ornamentales. El sexto punto, la redacción del certificado
energético del inmueble, es facultativo. “Para hacer que este tipo
de inspecciones sean más eficaces habría que establecer un
protocolo claro e introducir exámenes más detallados, como
los que se hacen cuando se empieza una nueva obra”, insiste Bairak.
“Ahora mismo
lo que se está haciendo son unas inspecciones a mejor criterio del
técnico. Se orienta sobre todo a la percepción de síntomas
externos. Si no se ven estos síntomas de una patología, la
inspección será favorable aunque haya daños graves”,
critica el vocal del COAM.
Cada año,
el Ayuntamiento de Madrid publica una lista de inmuebles con más
de treinta años de vida que están obligados a pasar por una
revisión cada década. En una ciudad con un amplio e histórico
parque inmobiliario como es la capital, cada año pueden someterse
a estos trámites hasta 20.000 inmuebles.
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