| El precio
de salida de la subasta (5 millones de euros) fue fijado atendiendo a las
nuevas condiciones del mercado inmobiliario y a la deuda pendiente. Cuatro
empresas se presentaron inicialmente, ofreciendo por todo el lote importes
que oscilaban entre los cinco y los seis millones de euros, lo que suponía
que el precio de estas viviendas, de dos y tres dormitorios, situadas cerca
del centro comercial Río Shopping, se quedaran de media en unos
25.000 euros. Este importe es sensiblemente inferior al que se pactó
con los cooperativistas en 2007 (unos 120.000 euros, con garaje y trastero).
Sin embargo,
en la subasta del Juzgado de lo Mercantil las buenas perspectivas de esta
operación para quedarse con todo el edificio a «precio de
saldo» se truncaron, al presentarse Sareb y pujar por las viviendas
por un importe de algo más de 16 millones de euros.
Ninguna de
las cuatro empresas y un particular que habían formalizado sus ofertas
por escrito a esta subasta cerrada se presentó, tras conocer días
antes que Sareb pujaría por los pisos y garajes de la calle Gregorio
Marañón 16 y 18, en Arroyo. El ‘banco malo’ se los quedó
finalmente por 16.540.000 euros.
El precio de
salida de cinco millones solo fue elevado hasta los 6 por dos mercantiles,
entre ellas la empresa burgalesa Terracotta Army S L, que fue la única
que consignó, tal y como establece la ley, los 250.000 euros como
señal de compraventa. Aunque el Juzgado había fijado que
los incrementos para pujar en este procedimiento se harían en tramos
mínimos de 50.000 euros, no se produjo ninguna oferta cuyo importe
superase el ofrecido por Sareb.
De este modo,
la sociedad pública que gestiona los ‘fondos tóxicos’ de
la banca fue proclamada adjudicataria, y aunque debería depositar
los 16,5 millones de euros en el plazo de 20 días no lo hará,
por cuanto dicha cantidad se descontará del crédito de 21,7
millones que tiene pendiente de cobrar por la hipoteca suscrita en su día
a través de Bankia.
El pasado 15
de mayo, el juez de lo Mercantil dictó un auto, respecto a este
concurso de acreedores, en el que admitía a Sareb la posibilidad
de presentarse a esta subasta cerrada, pese a ser uno de los acreedores
que mantenía un crédito privilegiado especial.
El magistrado
de lo Mercantil recordó en su resolución que nada impedía
«en modo alguno que los titulares de los créditos con privilegio
especial pudieran mejorar las ofertas que se han realizado (...) Está
en consonancia con el Plan de Liquidación de la Cooperativa aprobado,
que cualquiera pueda mejorar la oferta, incluso los titulares de los créditos
con privilegio especial», señaló.
La participación
en esta subasta cerrada, la mayor que ha habido en Valladolid por medio
de un único lote inmobiliario, conllevaba para los participantes
el compromiso de asumir las deudas contraídas con la comunidad de
vecinos que residen en el bloque, y que no se pagaban en este caso por
parte de Sareb.
De este modo,
la adjudicataria abona los 120.882 euros que debe a la comunidad de propietarios
de Arroyo, unos 50 que residen hoy en el edificio, y que han tenido que
hacer frente durante más de dos años a los gastos de luz
o limpieza del inmueble. La ley establece para esta reclamación
un límite de tres años. Sareb también se ha comprometido
a pagar los impuestos locales pendientes.
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